Este gobierno lleva cuatro años ejerciendo un poder absoluto como no lo ha tenido ningún otro de los tres presidentes anteriores. Por tanto, lo que sucede hoy ya no es culpa de ningún gobierno anterior. Es el momento de hablar de responsabilidades.

Este gobierno tomó control del país al día siguiente de que el INE reconoció su triunfo en las urnas, imponiéndose sobre el presidente en funciones, un presidente que se había debilitado durante las elecciones y parecía urgido de dejar el cargo. Nunca había sucedido ésto en los últimos años.

Por tanto, el nuevo gobierno empezó a tomar decisiones importantes desde julio del 2018, como el cierre de negociaciones del T-Mec, por ejemplo. De este modo podemos considerar que este será un sexenio de seis años y medio y ya cumplieron cuatro años gobernando.

Entre el legado que dejará destaca un deterioro creciente de la seguridad pública, estimulado por la inacción, -muy sospechosa-, que ha permitido a grupos delincuenciales tomar el control absoluto de varias zonas territoriales del país, sojuzgando a cientos de miles de familias mexicanas, -¿o quizá millones?-, que son dominadas como si viviesen en la época medieval, sin la protección de las instituciones del Estado Mexicano ni de sus leyes.

Es tal el abuso y la costumbre de evadir responsabilidades respecto a los graves problemas del sector salud, que López Gatell, durante su participación en la 75 asamblea de la Organización Mundial de la Salud, -organizada en mayo pasado en Ginebra Suiza-, culpó a los estilos de vida fomentados durante los gobiernos neoliberales de los riesgos del COVID.

Inaudito politizar la ineficiencia gubernamental cuando se trata de la salud y la vida de millones de mexicanos. ¡Qué desfachatez!

Politizar hasta las tragedias personales que viven los mexicanos vulnerables refleja ausencia de calidad moral.

La victimización en la narrativa gubernamental actual es cotidiana. Este gobierno culpa a los conservadores de no permitirle cumplir con sus responsabilidades y promesas de campaña, pues dice que estos luchan por conservar sus privilegios y se oponen a las reformas de la 4T.

No es lo mismo estar de espectador en el rol de oposición, -haciendo activismo social y político y prometiendo resolver los problemas complejos “en tres patadas”-, que asumir el compromiso de cumplir esas promesas desde un gobierno tan absolutista como el actual.

Si los problemas no se resuelven, o es por incapacidad, o por falta de voluntad de quien debe dirigir las acciones correctivas.

El presidente Ernesto Zedillo en tan sólo tres años revirtió una de las peores crisis económicas que ha vivido México, que fue la de diciembre de 1994, que generó una crisis financiera mundial denominada “El efecto tequila”. Sin embargo, entregó unas finanzas sanas a su sucesor… Eso es saber gobernar.

Sin embargo, lo peor que podría suceder es que aprovechando su ineficiencia este gobierno pida al pueblo nuevamente su voto para tener más tiempo para cubrir sus promesas y sus responsabilidades.

La crisis de seguridad pública es responsabilidad de los actuales funcionarios, pues fueron elegidos para resolver los problemas que en el momento de la elección existían, pues aseguraron saber cómo hacerlo.

LEYES “A MODO”  

El diputado morenista Juan Ramiro Robledo Ruíz propone reformas constitucionales para que se excluya del ámbito de este importante recurso jurídico a tres conceptos estratégicos, que son: “áreas estratégicas de la economía nacional”, “bienes del dominio directo de la nación” y “planeación nacional del desarrollo”. En pocas palabras, para impedir que los amparos obstaculicen las obras estratégicas de la 4T, o sea, las favoritas del presidente.

En pocas palabras con ésta iniciativa legislativa se pretende legalizar la opacidad, precisamente cuando el mundo evoluciona hacia la transparencia: Esto es el mundo “al revés”.

Cuando las leyes estorban, “pues cambiamos las leyes”. Esta es la visión de la justicia según la “democracia morenista”.

La figura jurídica del “amparo” es uno de los íconos de la jurisprudencia mexicana y una aportación al mundo.

Fue creada el 5 de febrero de 1857 y reformada en 1917 como una protección constitucional al ciudadano y a las instituciones de la sociedad civil, respecto de los abusos del Poder Ejecutivo.

El gobierno que como oposición exigía “libertad” es hoy el que nos la restringe.

¿NO MENTIR?

La promesa que se adjudica a Javier May, -director general de Fonatur-, respecto a que las pensiones de los adultos mayores se irán incrementando año con año gracias a las ganancias que dejará el Tren Maya es una mentira descarada, pues el presidente López Obrador ya cedió la administración y las posibles ganancias del Tren Maya al ejército.

Está circulando en redes sociales un video grabado el pasado 28 de junio en una reunión de este funcionario público con habitantes de la comunidad de nombre Pomuch, en Campeche. Estaba haciendo estas cuentas alegres seguramente para convencer a los pobladores de las comunidades cercanas al Tren Maya de las bondades de esta megaobra.

Por lo tanto, o lo desmiente el presidente en la próxima mañanera antes de que esta mentira se propague, o deberá ser incluida en “quien es quien… en las mentiras de la semana”.

Hay mala fe en esta promesa, pues es imposible que el director general de FONATUR no sepa que las ganancias del Tren Maya ya tienen dueño. Además… ¿En cuantas décadas la multimillonaria inversión económica utilizada en su construcción será amortizada con las utilidades que deje su operación?

Será posible tener utilidades si los gastos de operación y mantenimiento terminan siendo inferiores a los ingresos. Sin embargo, quienes disfrutarían de estos beneficios, -cuando los hubiere-, serían los militares.

No sobra la aclaración respecto a que si hubiese utilidades operativas… ¿estás se canalizarán a la hacienda pública para restituir el capital invertido? … ¿O si el capital se irá a fondo perdido y las utilidades operativas ya serán para los militares?

¿A usted qué le parece?

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