La pregunta en torno a la cual ha girado el tema es si la iniciativa privada debería o no ayudar al gobierno en la aplicación de vacuna, lo cual nos lleva a esta otra: ¿por qué debería el gobierno monopolizar la compra, almacenamiento, distribución y aplicación de la vacuna? Por ningún motivo, mucho menos en año electoral.

Lo anterior no quiere decir que el gobierno no deba garantizar la vacunación de todo aquel que no pueda pagar la vacuna. Pero una cosa es que el gobierno garantice la vacunación de quienes no puedan pagar la vacuna, y otra muy distinta que monopolice desde su compra hasta su aplicación.

La pregunta correcta no es de qué manera puede ayudar la iniciativa privada al gobierno en la campaña de vacunación, sino de qué manera debe el gobierno ayudar a la iniciativa privada para que todos se vacunen.

En primer lugar, permitiendo que la iniciativa privada adquiera las vacunas que hayan sido aprobadas como seguras por las autoridades sanitarias, para lo cual se requiere que los laboratorios estén en la posibilidad de ofrecerlas y venderlas, para lo cual deben eliminarse las trabas artificiosas que hayan impuesto los gobiernos para su comercialización.

En segundo lugar, permitiendo que la iniciativa privada abra los módulos de vacunación que considere necesarios, en los lugares que considere apropiados, aprovechando la infraestructura de instalaciones con las que cuenta, como es el caso, uno entre muchos, de las grandes cadenas de supermercados.

En tercer lugar, permitiendo que todo aquel que pueda pagar la vacuna se vacune en el momento en el que esté dispuesto a hacerlo, sin ningún tipo de discriminación, mucho menos entre “ricos” y “pobres”.

Suponiendo que se logra lo anterior debería ponerse en marcha una campaña para convencer, no obligar, a aquellos que paguen su vacuna para que paguen una segunda a favor de quien no pueda pagarla. Mucha gente estaría dispuesta a hacerlo, tanto por solidaridad (me pongo en el lugar del otro), como por interés (me conviene que todos estén vacunados).

Supongamos que con lo donado no alcanza para vacunar a todos. Entonces, y solo entonces, el gobierno pagaría las vacunas para quienes no puedan pagarlas, para lo cual debería establecerse, con el mayor grado de certeza posible, con el fin de evitar el oportunismo de los gorrones, quiénes son esas personas.

La propuesta se basa en esta distinción: una cosa es que el gobierno garantice la vacunación de quienes no puedan pagarla, algo que nos conviene a todos, y otra que monopolice la adquisición, almacenamiento, distribución y aplicación de la vacuna, algo que no nos conviene, menos en un año electoral, menos con la 4T en poder, y mucho menos con la premura (que va desde la urgencia hasta la angustia) en la materia.

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