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En el anterior Pesos y Contrapesos escribí que “de las tres variables analizadas (producción, inversión directa y consumo), en las tres sigue habido retroceso, y (que) las tres están lejos de su máximo histórico, lo cual es preocupante, sobre todo en el caso de la inversión directa, por todo lo que depende de ella: producción, empleo, ingreso y bienestar, preocupación que el gobierno de la 4T no parece compartir, lo cual es preocupante”.

Muestra de la poca importancia que la 4T le da al tema de las inversiones directas es la contrarreforma eléctrica que, de darse tal y como la ha propuesto AMLO, haría de la CFE el monopsonista (único comprador), el monopolista (único vendedor), y el regulador (eliminación de los organismo reguladores independientes), de todo lo relacionado con la electricidad, de acuerdo con la idea de que los sectores estratégicos de la economía deben estar, por medio de empresas del gobierno, en las manos exclusivas del Estado.

Seis de las consecuencias más graves de la contrarreforma eléctrica, de aprobarse tal y como la pretende AMLO, serían: i) aumento en costos y por lo tanto en precios de la electricidad; ii) pérdida de competitividad, tanto del país, como de las empresas que operan en el país; iii) nuevas presiones inflacionarias, consecuencia de mayores precios; iv) cancelación de la transición hacia energías limpias; v) pérdida de bienestar para las familias, por razones que irían, desde ecológicas (electricidad más contaminante), hasta económicas (electricidad más cara); vi) presiones adicionales sobre las finanzas gubernamentales, sobre todo si el gobierno subsidia los altos precios de la electricidad, consecuencia de la contrarreforma.

Lo anterior viene a cuento porque ya se inició el Parlamento Abierto, en el cual se discutirá (¿realmente se discutirá?), la contrarreforma eléctrica, misma que no debió proponerse; misma que sí se propuso y por lo tanto debe discutirse; discusión que, por las seis consecuencias negativas que tendría, debe llevar a su rechazo.

Centro la atención en la segunda consecuencia, la pérdida de competitividad, tanto del país (su capacidad para atraer, retener y multiplicar inversiones directas), como de las empresas que operan en el país (su capacidad para, en términos de precios, calidad y servicio, hacerlo mejor que los demás), pérdida de competitividad contraria a las inversiones directas, que se encuentran al nivel de febrero de 2011, el dato más preocupante de la economía mexicana.

De aprobarse la contrarreforma eléctrica se le daría un golpe más a la confianza de los empresarios, que se sumaría a la ya larga lista de golpes que abarcan desde la cancelación del NAICM, hasta la propuesta de contrarreforma eléctrica, a la cual no le veo un solo punto positivo.