Tres son los poderes del gobierno: prohibir, obligar y castigar, que puede usar, para garantizar los derechos de los ciudadanos, para satisfacer las necesidades de quienes son incapaces de satisfacerles por sí mismos, para defender los intereses de quienes logran que el gobierno defienda sus intereses, entre quienes se encuentran los empresarios.
¿Cuál es el principal interés del empresario? Maximizar sus utilidades. ¿Cómo lo consigue? Cobrando el máximo precio que el consumidor está dispuesto a pagar por lo que se le ofrece, en función de su apreciación, compuesta por lo que quiere (en función de lo que necesita) y lo que puede (en función de su poder de compra). ¿Qué se necesita para que el empresario pueda cobrar el máximo precio que el consumidor está dispuesto a pagar? Que sea el único oferente, que no tenga competencia, que sea monopolista. ¿Cómo lograrlo? Una posibilidad es que el gobierno lo mantenga al margen de la competencia, por lo menos, de la que traen consigo las importaciones, que no eliminará toda la competencia, pero sí la limitará a la de los productores nacionales, quienes podrán ponerse de acuerdo para no competir, sobre vía precios, incurriendo en prácticas monopólicas absolutas.
Si el gobierno prohíbe las importaciones no lo hace para garantizar un derecho del empresario (ningún empresario tiene derecho al monopolio), sino para defender un interés (el que todo empresario tiene de ser monopolista, para poder cobrar el máximo precio posible, lo cual le permite maximizar utilidades, que es el principal interés de cualquier empresario).
Este, el del proteccionismo (el gobierno prohibiendo las importaciones para proteger a los productores nacionales de la competencia que éstas traen consigo), es una buena muestra (la paradigmática), del capitalismo de compadres, en el cual los empresarios reciben privilegios de parte del gobierno (protección contra la competencia, subsidios a los costos de producción, concesiones monopólicas, adjudicaciones directas, exenciones de impuestos), lo cual les permite aumentar sus ganancias, siempre a costa de los consumidores, quienes, al tener que pagar un mayor precio por X, verán reducido su bienestar, al no contar con más ingreso disponible, o para comprar más de X, y/o para comprar Y, y/o para ahorrar.
La primera pregunta con relación al capitalismo de compadres es si es legítimo que el gobierno defienda intereses en vez de solamente garantizar derechos, teniendo en cuenta que los derechos, que son los mismos para todos, unifican, mientras que los intereses, que son distintos para cada uno, dividen. Los gobiernos deben garantizar los primeros, sobre todo cuando se trata de verdaderos derechos, no defender los segundos, mucho menos cuando son pecuniarios.
Hay capitalismo de compadres cuando el gobierno, esperando algo a cambio, desde dinero hasta incondicionalidad política, le otorga privilegios a los empresarios, con el fin de defender sus intereses, entre los cuales destaca el de maximizar sus ganancias, para lo cual les conviene, entre otras cosas, no tener que competir con las importaciones.
Supongamos que el gobierno promulga la Ley para la Promoción de la Producción Nacional, LPPN, que prohíbe las importaciones. Esa ley se promulgó, no para garantizar un derecho (ningún empresario tiene el derecho de que el gobierno lo proteja de la competencia, independientemente de que sea nacional o extranjera), sino para defender un interés (el que todo empresario tiene de maximizar sus ganancias, para lo cual debe cobrar el mayor precio posible, para lo cual requiere de la menor competencia posible, para lo cual hay que prohibir las importaciones).
¿Qué sucede, sobre todo en el campo de la economía, cuando se promulgan leyes, no para garantizar derechos, sino para defender intereses? Que esas leyes terminan violado derechos de terceros, en este caso el derecho a la libertad de los consumidores nacionales para comprar lo que les dé la gana (producto nacional o extranjero), a quien les dé la gana (oferente nacional o extranjero), en donde les dé la gana (en el país o en el extranjero).
Si el gobierno prohíbe las importaciones, lo que está haciendo es prohibirnos, a los consumidores nacionales, comprar productos hechos en otros países. Lo que está haciendo es violando nuestro derecho a la libertad para, va de nuevo, comprar lo que nos dé la gana (producto nacional o extranjero), a quien nos dé la gana (oferente nacional o extranjero), en donde nos dé la gana (en el país o en el extranjero), nada de lo cual tiene algo de malo.
La LPPN sería, desde el punto de vista ético, injusta, porque viola el derecho a la libertad de los consumidores para comprar lo que les dé la gana, a quien les dé la gana, en donde les dé la gana, nada de lo cual, lo repito, tiene algo de malo. Además, por reducir la cantidad, calidad y variedad de lo ofrecido es, desde el punto de vista económico, ineficaz.
La LPPN sería un buen ejemplo del capitalismo de compadres, por el cual el gobierno le otorga privilegios a los empresarios, por lo general en contra del bienestar de los consumidores, capitalismo de compadres que encuentra su justificación, ¡esto es lo preocupante!, en el artículo 25 constitucional, en cuyo párrafo noveno leemos que “la ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares…”. ¿Y de qué podría la ley proteger la actividad económica de los particulares? Una posibilidad es: de la competencia, comenzando por la que traen consigo las importaciones.
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