El progreso económico, definido como la capacidad para producir más (dimensión cuantitativa) y mejores (dimensión cualitativa) bienes y servicios para un mayor número de gente (dimensión social), depende de la inversiones directas, que son las que abren empresas, producen bienes y servicios, crean empleos y les permiten, a quienes obtienen esos puestos de trabajo, generar ingresos, inversiones directas que dependen de la competitividad del país, definida como la capacidad de una nación para atraer (que los empresarios decidan invertir en el país), retener (que los capitales invertidos en el país se queden invertidos en el país) y multiplicar (que las utilidades generadas se reinviertan en el país) inversiones directas, competitividad que depende, entre otras variables, del Estado de Derecho, definido como el gobierno de las leyes justas, siendo tales las que reconocen plenamente, definen puntualmente y garantizan jurídicamente los derechos de las personas, en este caso los empresarios.
A mejor Estado de Derecho mayor competitividad de un país; a mayor competitividad de un país más inversiones directas; a más inversiones directas mayor progreso económico, y a mayor progreso económico más y mejores posibilidades para que la gente eleve su nivel de bienestar. El Estado de Derecho es condición necesaria del progreso económico, mismo que supone no solamente leyes justas sino también autoridades honestas y eficaces que las hagan valer.
Las reflexiones anteriores vienen a cuento porque hace unos días nos enteremos que Coca Cola Femsa cerró indefinidamente las operaciones de su planta ubicada en Ciudad Altamirano, Guerrero, por motivos de seguridad. En el comunicado leemos lo siguiente: “La medida fue tomada anteponiendo la seguridad de más de 160 colaboradores que laboran en el Centro de Distribución. La falta de condiciones necesarias para operar de manera eficiente y segura en esta zona del estado de Guerrero (…) llevó a la empresa a tomar esta decisión”. ¿Por qué suspende de manera indefinida Coca Cola Femsa sus operaciones en Ciudad Altamirano? Por falta de Estado de Derecho, por la incapacidad de las autoridades para hacer valer los derechos de quienes trabajan en la empresa.
El caso de Coca Cola Femsa en Ciudad Altamirano es uno en el cual, por la ausencia de Estado de Derecho, se cierra una empresa: no se logró retener esa inversión directa. ¿Cuántas inversiones directas no se han realizado por la ausencia del Estado de Derecho, no solo en Guerreo, sino en otros estados del país en los cuales el Estado de Derecho no pasa de ser Estado de chueco?
La principal tarea del gobierno en la economía es hacer valer, en el ámbito de la actividad económica, el Estado de Derecho, tarea que ha dejado mucho que desear. Y así no se puede, como no se pudo en Ciudad Altamirano.
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