Cuando escuche a un político decir que va a “controlar la inflación”, prepárese: ocurrirá lo contrario. Con un alza del Índice Nacional de Precios al Consumidor en máximos de 40 años en Estados Unidos, y de más de 20 años en México, esta vez no será la excepción.

De nuevo, la desesperación de los gobiernos por ver una mejoría de la inflación los está llevando a implementar supuestas medidas de política económica que van a empeorar el alza de precios, no a atenuarla. Las buenas intenciones plasmadas en los nombres de leyes o programas, no son más que eso: buenos deseos.

Tal es el caso de la llamada Ley de Reducción de la Inflación (IRA, por sus siglas en inglés), promulgada el mes pasado en la Unión Americana, y del llamado Paquete contra la inflación y la carestía (PACIC) que se anunció en México por el gobierno de López Obrador a principios de mayo.

Allá, la IRA plasma las ambiciosas políticas sociales y climáticas del presidente Joe Biden, así como su visión de aumentar los impuestos a los ricos. Incluye grandes inversiones para – se supone- hacer más asequible la atención sanitaria y los medicamentos con receta, luchar contra el “cambio climático” y gravar a las empresas “ricas”.

Pero el problema es que, en los hechos, no logrará el objetivo que se propone, primero que nada, porque no reduce sino que aumenta el gasto público, y vuelve menos competitivo a su país con más cargas impositivas y burocracia.

Con nuestra conclusión coinciden otros análisis especializados como el de E.J. Antoni, investigador de economía regional en el Centro de Análisis de Datos de la Fundación Heritage. Para Antoni no es una sorpresa, pues en los últimos dos años, el gobierno de Biden ha gastado, pedido prestado e impreso billones de dólares como nunca, al tiempo que ha obstaculizado la producción en la economía.

“Desgraciadamente, esta última ley de Washington no resuelve el problema. No reduce la cantidad de dinero en circulación. Peor aún, reduce la cantidad de bienes y servicios a través de medidas como el aumento de los impuestos sobre la energía y la excesiva regulación”, dice Antoni.

Por si fuera poco, advierte que más del 60 por ciento de la electricidad en Estados Unidos procede del carbón, el petróleo y el gas natural, por lo que imponer impuestos adicionales sobre estas fuentes de combustible en virtud de esta nueva ley harán subir los precios de la electricidad, y eso repercutirá en precios más altos en otros ámbitos de la economía.

“Esta legislación se comercializa como un alivio para los consumidores, una mentira descarada”, criticó el economista.

Asimismo sentenció que la IRA prevé 87 mil nuevos agentes fiscales destinados a perseguir a los “multimillonarios” que defraudan impuestos. Un gastado pero recurrente discurso populista al que se acogen gobiernos de “izquierda”. El tema es que esa persecución, en realidad, recaerá sobre todo en la clase media.

“Aunque el gobierno consiga recaudar miles de millones de dólares de las clases medias y trabajadoras, ese dinero no desaparecerá mágicamente de la economía, pues el gobierno simplemente lo gastará. La cantidad de dinero en circulación no se ha reducido, simplemente ha cambiado de manos, en otras palabras, sigue sin haber una reducción de la inflación”, lo cual es cierto.

De forma paralela, en México los pésimos resultados del llamado PACIC hablan por sí mismos: mientras que al inicio del programa en mayo la inflación anual fue de 5.89 por ciento, al cierre de agosto continuó disparándose a un récord de 8.7 por ciento. La tendencia al alza, como se puede ver en el gráfico, se mantiene.

Cabe recordar que este nuevo megaciclo inflacionario ocurre al mismo tiempo que los bancos centrales de prácticamente todo el planeta están subiendo sus tasas de interés de manera agresiva.

¿Por qué no ha sido suficiente hasta ahora el alza de tipos de interés para contener los precios?

Porque la inflación sólo puede ser contenida con un “cierre de pinza” doble: por un lado con una política monetaria restrictiva como la que ya implementa Banxico en el país, y por el otro, con una contracción del gasto público que NO se está dando. ¡Todo lo contrario! El gobierno de la República sigue gastando como si no hubiera mañana.

El Gasto neto presupuestario de enero a julio 2022 acumuló un total de 4,108.6 miles de millones de pesos, un crecimiento de 11.30 por ciento respecto al mismo período de 2021. El balance público al corte del séptimo mes del año fue de -254.2 mil millones de pesos. O sea que el gobierno de AMLO sigue en números rojos que empeoran mes a mes. ¡Así no se puede combatir la inflación!

A este ritmo, las tasas de interés en el país cerrarán este año en todos sus plazos por encima del 10 por ciento, pero seguirá siendo insuficiente para detener la espiral inflacionaria.

Ahora bien: ¿Cree usted que de cara a las elecciones locales de 2023 y las presidenciales de 2024, el gobierno mexicano se “apretará el cinturón”? Buena suerte con eso.

Lo peor es que sin el “cierre de pinza” del gasto público restringido aludido más arriba, lo único que podrá detener a los precios es una nueva crisis y recesión profunda. A eso le tira la Reserva Federal en Estados Unidos, pero otra vez, sus perniciosos efectos en el empleo, las ganancias de las empresas y los mercados financieros, se harán sentir en todo el mundo.