Cuando dos personas intercambian ambas ganan: cada una valora más lo que recibe que lo que da a cambio, por lo cual su bienestar aumenta. Por ello lo que los gobierno deben hacer es permitir y facilitar los intercambios, no prohibirlos o dificultarlos, independientemente de la nacionalidad de las personas que comercian.
Cuando un gobierno prohíbe o dificulta el intercambio, prohibiendo o dificultando las importaciones, limita las posibilidades de que las personas, por medio del intercambio, eleven su bienestar, y reduce la competencia que enfrentan los productores nacionales, permitiéndoles cobrar un mayor precio por lo que ofrecen, lo cual vuelve a limitar las posibilidades de un mayor bienestar para las personas.
Si los resultados de prohibir las importaciones son los señalados, ¿por qué prohibirlas? Para proteger a los productores nacionales de la competencia que las mismas traen consigo, protección que les permite cobrar un mayor precio del que cobrarían si estuvieran sujetos a la mayor competencia posible, para lo cual se requiere de las importaciones. ¿A quiénes perjudica el proteccionismo? A los consumidores, quienes pagan mayores precios.
¿Qué ventajas tienen las importaciones? Primera: aumentan la cantidad, calidad y variedad de los productos ofrecidos lo cual, si los consumidores cuentan con el poder adquisitivo para comprarlos, eleva su bienestar. Segunda: sujetan a los productores nacionales a la competencia, obligándolos a volverse más productivos (capaces de hacer más con menos), para poder ser más competitivos (capaces de ofrecer a menor precio, con mayor calidad y mejor servicio). Algo de ello, ¿tiene algo de malo?
Sirvan las reflexiones anteriores para calificar la decisión de Trump de gravar con aranceles de 25 y 10 por ciento las importaciones de acero y aluminio, con el pretexto de que las importaciones baratas de esos productos representan una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos. Lo que representan es competencia para los productores estadounidenses, de la que Trump pretende protegerlos, en perjuicio de los consumidores estadounidense de esos productos, cuyos precios aumentarán.
El 9 por ciento de la importación estadounidense de acero, y el 1 por ciento de la de aluminio, proviene de México, exportaciones mexicanas que se verían afectadas si se gravan con aranceles, razón por la cual la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero ya dijo que el gobierno mexicano “no podría evitar tomar acciones inmediatas y reciprocas”, lo cual supondría gravar con algún arancel alguna importación estadounidense, lo cual sería un grave error, por las consecuencias que ello traería consigo: mayores precios para el consumidor nacional y menor competencia para el productor nacional, todo lo cual es antieconómico. Ojalá que el gobierno mexicano no caiga en la trampa.
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