Una posible sanción de parte de los gobiernos estadounidense y canadiense a las violaciones del gobierno mexicano al T-MEC sería la imposición de aranceles a las importaciones de productos mexicanos hacia Estados Unidos y Canadá, con lo cual pagarían justos (los consumidores estadounidenses y canadienses, y los productores y exportadores mexicanos), por pecadores (los gobernantes mexicanos violadores del T-MEC), algo que no debería ser, pero que es cuando son los gobiernos los que negocian tratados de libre comercio que distan mucho de ser de verdadero libre comercio, como lo es el T-MEC, tema que retomaré en próximos artículos.
Hoy centro la atención en los aranceles, impuestos con los que los gobiernos gravan al comercio exterior, sobre todo a las importaciones, aranceles que elevan el precio del producto importado, en perjuicio de los consumidores nacionales de esos bienes y de sus contrapartes, los productores y exportadores extranjeros de esas mercancías, aranceles que los gobiernos pueden usar para “castigar” a los gobiernos que no cumplen con lo acordado en tratados de libre comercio, castigar escrito entre comillas porque los castigados resultan otros, no los gobiernos, mucho menos los gobernantes, lo cual es injusto.
Quien no ha respetado lo acordado en el T-MEC ha sido el gobierno, en general, y algunos gobernantes, en particular (funcionarios de la Comisión Reguladora de Energía y del Centro Nacional de Control de Energía, entre otros), y es a ellos, los pecadores, a quienes debe castigarse, no a los justos. Si los gobiernos estadounidense y canadiense impusieran aranceles a las importaciones de productos mexicanos los perjudicados serían los consumidores estadounidenses y canadienses de esos productos, cuyos precios subirían, así como sus contrapartes en México, los productores y exportadores de esos productos, que se encarecerían, perdiendo competitividad, ninguno de los cuales, ni consumidores estadounidenses y canadienses, ni productores y exportadores mexicanos, son los violadores del T-MEC, por lo que castigarlos sería injusto.
Ante la posibilidad de que los gobiernos estadounidense y canadiense impongan aranceles a las importaciones de productos mexicanos, el gobierno mexicano, inspirado en el ojo por ojo, diente por diente, arancel por arancel, según lo anunció Marcelo Ebrard, impondría aranceles a las importaciones provenientes de Canadá y Estados Unidos, perjudicando a los consumidores mexicanos de esos productos, cuyos precios subirían, así como a sus contrapartes, los productores y exportadores canadienses y estadounidenses, cuyos productos perderían competitividad encareciéndose, no siendo los violadores del T-MEC.
La imposición de aranceles como castigo a quienes violen tratados de libre comercio es una medida que, por pagar justos por pecadores, debería prohibirse, como prohibida debería estar cualquier imposición de aranceles que solo benefician, de manera tramposa, a los productores del país cuyo gobierno los impone a las importaciones que compiten con la producción nacional, restándole competitividad, vía el aumento en el precio, a los productos importados, perjudicando a los consumidores nacionales, el peor perjuicio que el gobierno puede cometer en el ámbito de la economía.
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