Los representantes de la iniciativa privada, IP, y el gobierno de AMLO firmaron hace unos días el Acuerdo para Promover la Inversión y el Desarrollo Incluyente, APIDI, por el cual las partes se comprometen a aumentar la inversión física en el país (instalaciones, maquinaria y equipo; carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles y puentes), del 20 al 25 por ciento del Producto Interno Bruto, PIB, con el fin de que la economía crezca al 4 por ciento anual, crecimiento que se mide por el comportamiento de la producción de bienes y servicios, el PIB. Del 25 por ciento del PIB que se pretende alcanzar como inversión física, veinte puntos los aportará la IP y los restantes cinco el gobierno, quien actualmente aporta 2.8 por ciento del PIB. Para darnos idea de lo que tal meta de crecimiento representa tengamos presente que de 1983 a 2018 el crecimiento promedio anual de la economía mexicana fue 2.3 por ciento.
La IP comprometió tales montos de inversión a cambio de ciertos compromisos del gobierno, considerados indispensables para que los empresarios decidan invertir más en México, compromisos entre los que destaca el de hacer valer el Estado de Derecho, que es el gobierno de las leyes justas, no el gobierno de la voluntad del Presidente, Estado de Derecho que proporciona una de las seguridades más importantes: la jurídica. La gran ventaja de las leyes, justas o no (y si son injustas hay que cambiarlas), es que brindan seguridad, sabiendo los ciudadanos a qué atenerse, seguridad jurídica que, además de leyes justas, demanda de autoridades que las respeten (honestas) y las hagan respetar (eficaces), honestidad y eficacia que en el actual gobierno han dejado mucho que desear. AMLO, ¿está dispuesto a enmendar la plana?
Llama la atención lo dicho por el presidente al respecto: “Sí hay inversión hay empleos, y si hay empleos hay bienestar, y si hay bienestar hay paz y tranquilidad social”, reconociendo la importancia de la inversión, que en este caso es la directa, que produce bienes y servicios, crea empleos y les permite, a quienes obtienen esos puestos de trabajo, generar ingresos, por lo que incide en el bienestar de las personas, razón más que suficiente para que el gobierno genere las condiciones, ¡correctas!, para incentivarla, sobre todo un gobierno que, como el actual, está convencido de que, para reducir la delincuencia, hay que aumentar el bienestar.
Además, AMLO dijo: “Voy a ayudar a que los proyectos (de inversión) se lleven a cabo, a quitar obstáculos y empujar al elefante reumático y mañoso que a veces es el gobierno con sus trámites engorroso y dilatados que impide se lleven a la práctica”, y esa, desburocratizar, es una de las maneras correctas de incentivar las inversiones directas de la IP. AMLO, ¿cumplirá?
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