La mexicana no es una economía gubernamentalmente planificada, propia del comunismo, en la cual el gobierno ordena y los agentes económicos obedecen. Sin embargo tampoco es, en el sentido institucional del término, una economía de mercado, propia del liberalismo, en la cual los derechos de los agentes económicos a la libertad individual para producir, ofrecer y vender, y para demandar, comprar y consumir, y a la propiedad privada sobre los medios de producción necesarios para poder producir, ofrecer y vender, y sobre los ingresos necesarios para poder demandar, comprar y consumir, están plenamente reconocidos, puntualmente definidos y jurídicamente garantizados.

La mexicana no es una economía gubernamentalmente planificada, pero existe la posibilidad de que, con el pretexto de guardar y hacer guardar la Constitución, lo sea.

El problema comienza por la Constitución, en concreto por los artículos 25, 26, 27, 28, 123 y 131, que hacen posible una economía gubernamentalmente planificada, en la que se podría, desde la planeación, conducción, coordinación y orientación gubernamental de la economía (Art. 25), pasando por la planeación democrática del desarrollo nacional (Art. 26), la imposición a la propiedad privada de las modalidades que dicte el interés público (Art. 27), la expropiación y gubernamentalización de medios de producción (Art. 28), el control de precios (Art. 28), la imposición de salarios mínimos (Art. 123), hasta la práctica del proteccionismo (Art. 131), todo lo cual, de una u otra manera, en mayor o menor medida, viola el derecho a la libertad individual para producir, ofrecer y vender, para demandar, comprar y consumir, así como el derecho a la propiedad privada sobre los medios de producción y los ingresos.

La mexicana no es una economía gubernamentalmente planificada, pero existe la posibilidad de que lo sea, todo ello con plena justificación constitucional. La mexicana dista mucho de ser, en el senito institucional del término, una economía de mercado, y todo ello por la amenaza constitucional contra la libertad individual para producir, ofrecer y vender, y contra la propiedad privada sobre los medios de producción.

¿Cómo es posible que lo mexicanos permitamos que la Constitución, en lo que a la economía se refiere, esté redactada en los términos en los que lo está? ¿Cuántos conocen esa redacción? Y de los que la conocen, ¿cuántos son conscientes de lo que ello, de llevarse a la práctica por aquello de guardar y hacer guarda la Constitución, puede implicar en términos de limitar o prohibir la libertad individual y la propiedad privada?

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