Por lo general las críticas a los gobernantes van acompañadas de la siguiente afirmación: “Nosotros les pagamos, por lo que el dinero que gastan es nuestro, razón por la cual deben gastarlo de manera honesta (sin robárselo) y eficaz (logrando el objetivo)”, afirmación que es falaz: ni nosotros les pagamos, ni el dinero que gastan es nuestro.

Nosotros, los ciudadanos, no les pagamos a los gobernantes. A nosotros, en nuestra calidad de contribuyentes, los gobernantes, en su calidad de recaudadores de impuestos, nos obligan a pagarles. Lo he dicho antes y lo repito ahora: yo no pago impuestos, a mí me los cobran, algo muy distinto.

Ese dinero, que los gobernantes gastan, y que fue extraído de manera coactiva del bolsillo de los contribuyentes, no es nuestro, es de ellos, por  más que una y otra vez se repita que no, que no es de ellos, de los gobernantes, y que sí es nuestro, de los ciudadanos, lo cual no pasa de ser una afirmación falaz que, de creerse, puede llevar a muchos errores, de entrada de juicio y de salida de acción.

El derecho de propiedad es el derecho a la libertad para usar, disfrutar y disponer de lo que es de uno, como a uno más le convenga, con una sola condición: que al hacerlo no se violen derechos de terceros. ¿Quién tiene ese derecho sobre los recursos obtenidos por el cobro de impuestos? ¿Los ciudadanos a quienes se les cobraron o los gobernantes que los cobraron? Ningún ciudadano, una vez que pagó impuestos, puede usar, disfrutar y disponer de esos recursos como más le convenga. Si bien le va esos recursos serán gastados, con honestidad y eficacia, según lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, propuesto por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Legislativo, actuando éste último, al menos en teoría, en nuestra representación, otra de las afirmaciones falaces que se repiten una y otra vez: los legisladores son nuestros representantes. ¿En serio? ¡Por favor!

¿Realmente los legisladores nos representan en el Congreso de la Unión? Y si lo hacen, ¿qué representa? ¿Nuestros intereses? Un legislador, cuya tarea esencial es hacer leyes, ¿debe hacerlas en función de los intereses de sus electores, intereses que bien pueden ser contrarios los de los unos y los de los otros, o en función de los derechos de todas las personas, derechos que, si realmente son tales, no pueden ser contradictorios?

¿Hasta qué punto este tipo de afirmaciones (“Nosotros les pagamos”, “Son nuestros empleados”, “Ellos nos representan”), con relación a los gobernantes, afirmaciones que muchos repiten de manera por demás acrítica, tienden un velo que nos impide ver y comprender los excesos y los defectos de la democracia, que se convierten en los defectos y los excesos del gobierno?

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