Esta frase expresada por Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, CCE, resume la sensación que deja la actitud presidencial frente al sector productivo de nuestro país.
Es entendible que la palabra empresario en México tenga una connotación y significado negativo, porque culturalmente ha servido, principalmente durante el siglo XX, para justificar una supuesta lucha de clases entre los empleadores y sus trabajadores y así, desde las instituciones gubernamentales se pudo ejercer control sobre el sector obrero.
Sin embargo, es inconcebible que en pleno siglo XXI, en la era de la economía globalizada y de la democracia, nuestro presidente siga explotando estos estereotipos arcaicos y trasnochados que nos dividen y generan rencores.
Es evidente que él está totalmente desinformado, pues al calificar al sector empresarial como un todo, muestra total desconocimiento de lo heterogéneo que es.
En el censo ENAPROCE del INEGI, del 2015, se destaca que el 97.6 % del total de empresas de México son los denominados micronegocios, los cuales sumaban en esa fecha un total de casi cuatro millones y sin embargo, generaban el 75.4% del total de empleos de todo el país.
A su vez, las empresas pequeñas eran poco más de 79 mil y representaban un 2% del total. Sin embargo, generaban el 13.5% de los empleos. Las empresas medianas eran casi 17 mil en todo México, pero representaban sólo el 0.4% del total y sin embargo, ofrecían en esas fechas el 11% de los empleos.
Para el 2019 las micro sumaban 4 millones con 57 mil y representaban el 97.3 % y las PYMES, o sea pequeñas y medianas, casi 112 mil y representaban el 2.7 %.
Ante estos números, podemos deducir que las grandes empresas, a las que en realidad fustiga irónicamente el presidente, no deben ser más de 500 en todo México y eso no representa más del 0.01% del total de nuestra planta productiva.
Sin embargo, la actitud presidencial, al hostigar al sector empresarial en su conjunto, con encono ideológico que pretende revivir el conflicto de la lucha de clases, al hacerlo tan genérico e incluyente con sus comentarios mordaces, agrede también a este segmento de micronegocios que siempre ha sido vulnerable y que, además, es mayoritario numéricamente.
La pregunta que surge es: ¿Cuál es el perfil de los micronegocios?.
En realidad son las pequeñas fondas que ofrecen el menú del día, así como las taquerías, las peluquerías, salones de belleza, el minisúper de barrio, misceláneas, talleres automotrices, la tortillería, la verdulería, micro talleres industriales y toda la gama de minúsculas empresas.
Este es el sector social más cercano al autoempleo. Generalmente lo conforma el perfil del mexicano luchón, trabajador y esforzado, que al no encontrar acomodo en la nómina de una buena empresa, en algún momento de su vida decide autoemplearse a sí mismo montando un micronegocio mientras aparece una mejor oportunidad laboral. Sin embargo, termina quedando atrapado al frente de este, de modo indefinido. Por tanto, el grueso de los micronegocios representa un modelo que no busca utilidades, sino simplemente sobrevivencia familiar.
Es evidente que en el imaginario colectivo de nuestro país, o sea la opinión pública generalizada, el estereotipo empresarial que es denostado por el presidente incluye tanto a una gran empresa como a una micro. Todas se engloban en el mismo estereotipo no obstante que vivan realidades diametralmente opuestas.
Por ello es injusto que en México tradicionalmente se instrumenten políticas públicas aplicables a los grandes capitales, pero que terminan asfixiando a la micro y pequeña empresa. Muchas veces esos grandes capitales pueden pagar a los mejores fiscalistas y así encuentran el modo de salir bien librados en su pago de impuestos, no así los micro y pequeños, que sufren de rudeza innecesaria por parte del fisco.
Por tanto, exigir a quien vive al día que asuma compromisos que están por encima de sus posibilidades y pague salarios sin tener ingresos, es una locura.
Esta indefinición derivada del discurso presidencial estimulará demandas laborales imposibles de pagar y además, por el lado fiscal, los funcionarios del SAT saldrán a embargar y fincar responsabilidades a familias emprendedoras a quienes esta crisis ya arrojó a la pobreza.
Si del 13 de marzo al 06 de abril, en plena pandemia del Covid19, se han perdido más de 346 mil empleos, ¿Cuántos más se sumarán en tres meses más?.
La promesa del presidente de crear dos millones de empleos no tiene sustento, pues ningún gobierno crea empleos, pues no forma parte del sector productivo. El gobierno necesita una alianza con los empresarios de todo tamaño para generar inversión y con ello conservar empleos.
Por tanto, cuando el presidente fustiga al neoliberalismo, invariablemente incluye en su animadversión a todo el sector empresarial, a quien equipara con esta doctrina monetaria, sin considerar que entre el 95% y el 97.5% de este sector lo conforman personas vulnerables que representan la cultura del esfuerzo, que es lo que ha hecho de este país una de las 20 potencias económicas más grandes del mundo.
Mientras otros países definen como prioridad proteger a su planta productiva, como un modo de evitar el desempleo que arroja a familias completas hacia la pobreza y para ello destinan grandes recursos en su ayuda, el gobierno de la 4T se desentiende en plena crisis de quienes a través del pago de impuestos y de los empleos que genera, aportan a su gobierno los recursos que le permiten cumplir sus compromisos de campaña.
Países donde gobierna la izquierda, como lo es hoy España, están aplicando durante esta contingencia una figura de apoyo a los pequeños empresarios, que a su vez protege el empleo.
Se denomina “ERTE”, que significa “Expediente de Regulación Temporal del Empleo”.
Las empresas que deben suspender actividades temporalmente, como sucede en esta pandemia y por ello no tienen recursos para apoyar a su personal, se acogen a esta figura jurídica y durante dos o tres meses es precisamente el gobierno español quien se hace cargo de pagar al trabajador un 70% de su salario durante el plazo estipulado. De este modo, la empresa o negocio asume el compromiso de retomar la operación y hacerse cargo de los salarios, pasada la fase crítica del Coronavirus.
Sin embargo, hay un tope máximo en la aportación salarial del ERTE, independientemente de la percepción real del trabajador.
Estos no son tiempos para que el IMSS salga a exigir a la planta productiva el pago de cuotas, sino para solidarizarse con quienes siempre han pagado puntualmente y convertirse así en el bastión de la seguridad social, principalmente apoyando a las micro y pequeñas empresas.
Simplemente que el IMSS condonase durante los tres meses que podría durar la crisis sanitaria el pago de cuotas con tal de que se respete el pago del salario de los trabajadores en micro y PYMES, daría un mensaje de solidaridad, que si no resuelve todo, sí ayuda.
Tampoco son tiempos para exigir el pago de las obligaciones fiscales en tiempo y forma, cuando las empresas están planeando las estrategias para financiar la crisis. Simplemente prorrogar durante 30 días o más el plazo para presentar las declaraciones anuales, daría un respiro y un mensaje solidario. Sin embargo, la actitud inflexible y hasta agresiva del presidente ante este sector, nos muestra que no sólo no le tiene aprecio, sino lo considera un mal necesario al que hay que exprimir. Para él los cuatro millones y pico son ricos y por ello hay tratarlos sin miramientos y con rudeza. Nada más alejado de la realidad.
Entendemos que cobrar impuestos pendientes a las grandes corporaciones es un acto de justicia. Los instrumentos jurídicos para hacerlo los tiene el gobierno a la mano. Pero utilizar mediáticamente las deudas millonarias de 15 grandes corporaciones con el fisco para justificar la falta de apoyo a todo el sector empresarial, como lo expresó el presidente al exhibirlas como deudoras en el marco de una mañanera, deja ante el país la imagen de que toda la planta productiva nacional es corrupta y abusiva, merecedora de su desprecio.
Quince corporaciones que forman parte de un total de más de cuatro millones de empresas, no son de ninguna forma representativas, pero sí sirven para dañar la imagen de todo un sector. Esto es una gran injusticia.
También es injusta la actitud presidencial para con el sector productivo del país, que el gobierno federal no posponga o cancele sus proyectos faraónicos como el Tren Maya, Dos Boca y Santa Lucía y ese dinero lo aplique en salvar de la ruina a las micro y pequeñas empresas, instrumentando programas como el ERTE.
Ofrecer microcréditos de 25 mil pesos, como los que propone el gobierno federal, no resuelve siquiera el pago de una nómina durante una crisis estimada en tres meses, pero sí genera un pasivo o deuda que pesará mucho en la recuperación de cualquier micronegocio.
Sin embargo, conversando con algunos líderes empresariales se percibe que esta crisis está estimulando en ellos una nueva actitud de conciencia social y solidaridad ante el sector más vulnerable de nuestra economía: Micro y Pymes.
Es el sector empresarial formal quien está volteando para brindar apoyo a quienes conforman el segmento social del aparato productivo, con el fin de salvaguardar los empleos que el gobierno federal está poniendo en riesgo con su visión corta.
Esta crisis nos está enseñando que no podemos esperar nada de nuestro gobierno y tenemos que ser autosuficientes y solidarios desde la sociedad civil, para resistir. El destino de México no está en manos de ningún gobierno, sino de la sociedad civil y de los líderes que de ella surjan.
¿Usted cómo lo ve?
Facebook: @Ricardo.homs1
Twitter: @homsricardo
Linkedin: Ricardo Homs
www.ricardohoms.com
