El actual gobierno recibió un PEMEX quebrado, saqueado y endeudado. Sin capacidad para cubrir sus pasivos, entre ellos los laborales, debido a jubilaciones abusivas que ya no son cubiertas por la empresa sino con nuestros impuestos.

La deuda externa de PEMEX casi duplicó su carga el sexenio pasado, pero no se tradujo en una mayor producción. La corrupción fue descarada: compra de empresas chatarra a sobreprecios, abusos en los gastos de sus directivos, cobros millonarios por otorgar contratos y robos de combustibles tolerados y promovidos desde adentro de la empresa.

El nuevo gobierno detectó esos males, pero su primer error fue medio perseguir a los responsables, sin consignar a ningún alto directivo involucrado en los robos. Y los directivos nombrados por el presidente López Obrador, con poca o ninguna experiencia en el sector energético, no han podido con el paquete.

Las declaraciones del Presidente contra la apertura energética frenaron la inversión en el sector petrolero, debido a que un día se anunciaba que ya no habría rondas para asignar campos petroleros y otro se invitaba a empresarios privados a invertir en el sector energético. Esa incertidumbre impidió mayores inversiones que aumentaran producción e ingresos. Solo un 3% de la producción petrolera se genera por empresas privadas. Los dogmáticos de izquierda quieren regresar al monopolio total del petróleo por el Estado, como en el siglo pasado con el PRI.

En 2019 empeoró la situación económica de PEMEX, que requirió de mayores inyecciones de recursos fiscales para mantener su operación y cubrir los intereses de su deuda externa.

Mientras empresas privadas en EUA en 2019 aumentaron la producción de petróleo en 11.9%, y le generaron ingresos de miles de millones de dólares al gobierno, en México el monopolio estatal la redujo en 7.2%. De 20 pozos prioritarios para sacar crudo solo lograron la extracción en cuatro.

Si no hay cambios estructurales en el monopolio estatal, se garantiza y promueve la inversión privada, al amparo de la apertura energética, PEMEX puede generar desequilibrios en las finanzas públicas que nos llevarán a nuevas bajas de calificaciones, ampliación del déficit presupuestal y nos acercarán a una crisis financiera en 2020.