El agua es un excelente ejemplo del problema económico de fondo, la escasez, el hecho de que no todo alcanza para todos, menos en las cantidades que cada uno quisiera, y mucho menos gratis. También es un buen ejemplo del error que afecta a quienes confunden necesidades con satisfactores y satisfactores con derechos.

El agua no es una necesidad, tampoco un derecho. El agua es un satisfactor que satisface la segunda necesidad más apremiante de los seres humanos, beber (la primera es respirar y el satisfactor es el aire; la tercera es comer y el satisfactor es el alimento; aire, agua y alimento, los tres satisfactores básicos, las tres A’s). La necesidad es beber y el satisfactor es el agua (que también satisface otras necesidades, menos imperiosas).

El derecho es al consumo de agua, para lo cual hay que proveerla, provisión que tiene un costo, por lo que se genera un precio, que alguien tiene pagar. Sin el pago del precio no hay recuperación del costo; sin recuperación del costo no hay provisión de agua; sin provisión de agua no hay, de entrada, satisfacción de la sed.

¿Cómo hay que entender, y por lo tanto practicar, el derecho al consumo de agua? Hay dos posibilidades.

Primera: que el derecho de A al consumo de agua implique la obligación de B de proveérsela gratuitamente, lo cual, por el costo que genera dicha provisión, es imposible. Si A no paga por el agua que le provee B alguien más, C o D o E, de alguna manera, lo hace. Segunda: que el derecho de A al consumo de agua implique el derecho a la libertad para trabajar y conseguir agua, y el derecho a la propiedad sobre el agua conseguida, derechos cuyas contrapartidas son las obligaciones de los demás de no impedir o limitar el ejercicio de dicha libertad y el uso de dicha propiedad. ¿Cómo hay que entender, y practicar, el derecho al consumo de agua? ¿Según la primera posibilidad? ¿Según la segunda?

Leemos, en el párrafo sexto, del artículo 4 constitucional, lo siguiente: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.

¿De qué manera se entiende en la Constitución el derecho al consumo de agua? Como uno que tiene como contrapartida la obligación del Estado, que para todo efecto práctico es el gobierno en turno, de proveerla, lo cual puede hacer, pero de ninguna manera de forma gratuita, porque proveerla genera un costo, que genera un precio, que alguien tiene que pagar, ya sea el consumidor, ya el contribuyente. ¿Quién debe pagarlo? El consumidor.

Los recursos escasos, que no alcanzan para todos, menos en las cantidades que cada uno quisiera, y mucho gratis, sobre todo si satisfacen necesidades apremiantes, como es el caso del agua, deben usarse de la manera más económica posible: lo mínimo necesario para satisfacer correctamente las necesidades, evitando el desperdicio, el uso de algo más que lo estrictamente necesario. ¿Cómo incentivar dicho comportamiento entre los consumidores?

Los recursos escasos, sobre todo si satisfacen necesidades básicas, como es el caso del agua, deben usarse lo más económicamente posible: lo mínimo necesario para satisfacer correctamente la necesidad, evitando el desperdicio. ¿Cómo incentivar dicho comportamiento de parte de los consumidores?
Se pueden hacer campañas para concientizar a la gente de la necesidad de consumir solamente lo indispensable, que tendrán éxito entre las personas conscientes, y por lo tanto responsable, que desafortunadamente no son todas.

Además de esas campañas, ¿qué más puede hacerse para incentivar entre los consumidores de agua, que somos todos, un uso responsable? Recurrir al sistema de precios.

Una de las condiciones que debe cumplirse para minimizar la escasez, el hecho de que no todo alcanza para todos, menos en las cantidades que cada uno quisiera, y mucho menos gratis, escasez a la cual está sujeta el agua, es que el consumidor pague directamente el precio íntegro de lo que consume, precio que no es un capricho impuesto por el oferente, cuyo afán es sacar dinero del bolsillo de los consumidores a como dé lugar, sino consecuencia del costo de producción, que se genera independientemente de que el bien o servicio lo produzca y ofrezca un monopolio gubernamental o empresas privadas compitiendo entre sí.

(Dicho sea de paso: para que el precio sea el menor posible se necesita de la mayor competencia posible entre los oferentes y no hay mayor mentira que el gobierno prometiendo que proveerá algún bien o servicio gratuitamente, lo cual, dados los costos de producción, que generan precios, es imposible).

Hay quienes creen que, por tratarse del agua, que satisface la segunda necesidad más apremiante que tenemos los seres humanos, beber, la misma es un derecho, siendo un satisfactor, algo muy distinto, y que, dado que la tarea del gobierno es garantizar derechos, lo cual es cierto, éste debe proveerla gratuitamente, lo cual es imposible.

El mal político promete agua gratis para todos. El buen economista explica porque tal promesa es una mentira y señala cuál es la condición sine qua non para incentivar, entre los consumidores de agua, el menor uso posible de la misma: que paguen directamente el precio íntegro de la misma, el que alcanza para cubrir el costo de su provisión.

Cito a @irmoralesl, ex rector de la Escuela Libre de Derecho y ex procurador general de la república: “El agua en casi todas las ciudades está subsidiada. Cada metro cúbico le debe costar al gobierno alrededor de $30 pesos y se cobra aproximadamente en $10. Ahí está uno de los primeros problemas, este modelo no es de ninguna manera sustentable financieramente”. Además, “los expertos calculan que 40% del agua que entra a la red primaria y secundaria, se desperdicia en fugas. Esto se sabe desde hace años, pero hasta el momento no se ha hecho un verdadero plan para solucionarlo, excepto en aquellas situaciones en las que terminan por abrirse enormes socavones y obligan al gobierno a tomar partido”.

Aquí tenemos unas primeras reflexione en torno al problema del agua, que no alcanza para todos, menos en las cantidades que cada uno quisiera, y mucho menos gratis, problema agravado por la creencia de que el agua es un derecho y de que, como tal, debe ser provista gratuitamente por el gobierno.

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