Comienzo citando, de su libro La economía en una lección, a Henry Hazlitt: “La Economía se halla asediada por mayor número de sofismas que cualquier otra disciplina cultivada por el hombre. Esto no es simple casualidad, ya que las dificultades inherentes a la materia, que en todo cao bastarían, se ven centuplicadas a causa de un factor que resulta insignificante para la Física, las Matemáticas o la Medicina: la marcada presencia de intereses egoístas”, mismos que encontramos entre los legisladores, ese grupo de personas cuya tarea es hacer leyes, cuyo fin es, en mayor o menor grado, pero siempre en alguno, limitar la libertad de las personas, muchas veces en función de sus intereses (de los legisladores).
Los legisladores expiden leyes con la intención de lograr objetivos que consideran valiosos, como la reducción de la compra y consumo de productos dañinos para la salud. El fin, dejar de consumir esos productos, es legítimo. La pregunta es si el medio elegido para lograrlo es justo (¿respeta los derechos de las personas?) y eficaz (¿se logra el fin?), algo que no siempre sucede.
Uno de estos casos es la expedición de leyes a favor de impuestos especiales, cuyo fin no es recaudar más, aunque al cobrarlos se recaude más, sino prevenir ciertas conductas, como la compra y consumo de productos nocivos. Se cree que, si esos productos se gravan con impuestos adicionales a los que ya se cobran, al aumentar su precio la cantidad demandada bajará, lo cual dependerá, de cuánto aumente el precio y de cuánto aumento de precio estén dispuestos a soportar los consumidores ante de dejar de comprar y consumir.
Al margen de las consideraciones anteriores, si con esos impuestos especiales se pretende modificar la conducta de los consumidores, deben ser estos, los consumidores, ¡no los productores!, quienes los paguen. Si los productores absorbieran, a costa de sus ganancias, todo el impuesto especial, no habría aumento de precio, no operaría la ley de la demanda (a mayor precio menor cantidad demanda), y no se reduciría la compra y consumo de tales productos.
La explicación anterior viene a cuento porque hace unos días la senadora Dolores Padierna, refiriéndose a algunos impuestos especiales, declaró que “productos como gasolinas, cigarros, bebidas saborizadas, entre otros, son a los que se aplica ese gravamen, y tendría que ser absorbido por productores y, en su caso, por distribuidores”, lo cual, de ser el caso, que no lo es, resultaría, por lo explicado en el párrafo anterior, y si el objetivo de dichos impuestos es, como se nos ha dicho una y mil veces que es, reducir su cantidad demanda y por lo tanto su consumo, ineficaz.
¿Será mucho pedir de nuestros legisladores el mínimo de lógica necesaria para que no digan tonterías?
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