Empezamos el año, en enero, con una inflación anual general del 7.07 por ciento, que en agosto y septiembre alcanzó 8.70, la mayor del siglo, que bajó a 8.41 y 7.80 en octubre y noviembre, todo ello tomando como referencia el Índice Nacional de Precios al Consumidor, INPC, calculado a partir de una canasta general de bienes y servicios, integrada por 299 productos genéricos (por ejemplo: pasta para sopa), a los que corresponden 120,454 bienes y servicios específicos (por ejemplo: pasta para sopa marca La Sabrosa, en presentación tipo Coditos, con contenido de 200 gramos).
Además de calcular la inflación general a partir del INPC, el INEGI calcula la inflación subyacente, que “se obtiene eliminando del cálculo del Índice Nacional de Precios al Consumidor, los bienes y servicios cuyos precios son más volátiles, o bien, que su proceso de determinación no responde a condiciones de mercado”, tal y como es el caso de los productos agropecuarios, cuyos precios son volátiles por condiciones de mercado, es decir, de oferta y demanda, y de los energéticos y las tarifas autorizadas por el gobierno, cuya determinación no corresponde a condiciones de mercado, es decir, de demanda y oferta, sino a manejos gubernamentales.
La subyacente nos proporciona una mejor visión de lo que está sucediendo en la materia de inflación y, más importante, de lo que puede suceder en el mediano plazo: si la inflación general baja, como sucedió en octubre y noviembre, pero la inflación subyacente sube, como ha sucedido a lo largo de todo el año, de enero a noviembre, lo más probable es que la inflación general retome la tendencia al alza, con los perjuicios que ocasiona.
En enero iniciamos el año con una inflación anual subyacente del 6.21 por ciento, que en los siguientes diez meses no dejó de subir, hasta alcanzar 8.51 en noviembre.
Además de la inflación general y subyacente, a partir del Índice de Precios de la Canasta de Consumo Básico, integrado por los 176 bienes y servicios de la canasta básica alimentaria y no alimentaria que usa el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, para medir la pobreza, el INEGI calcula la que podemos llamar inflación de la canasta básica.
Comenzamos el año, en enero, con una inflación anual de la canasta básica de 7.67 por ciento, que en noviembre alcanzó 8.45, por debajo de la inflación subyacente pero por arriba de la inflación general.
En noviembre la inflación general fue 7.80 por ciento, la subyacente 8.51, la de la canasta básica 8.45. A noviembre la inflación general había subido 0.73 puntos porcentuales, equivalentes al 10.33 por ciento; la subyacente 2.30, equivalentes al 37.04; la de la canasta básica 0.78, equivalentes al 10.17. Entre enero y noviembre la inflación general promedio fue 7.90 por ciento; la subyacente promedio 7.50; la de la canasta básica promedio 8.55.
El que la inflación de la canasta básica sea mayor que la inflación general demuestra que la inflación le pega más a quienes menos ingreso generan, por lo destinan una mayor parte del mismo a la compra de la canasta básica alimentaria y no alimentaria del CONEVAL, según el cual en México sobrevive, en condiciones de pobreza, el 43.9 por ciento de la población (dato para el 2020), inflación que es, o permitida, o provocada, por el Banco de México, cuya responsabilidad es innegable.
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