Gobernar consiste, en esencia, en estas cuatro tareas: (i) prohibir la violación de derechos (que realmente lo sean: hoy, arbitrariamente, se identifican necesidades y/o intereses con derechos, algo propio del Estado de chueco, no de Derecho); (ii) prevenir, hasta donde sea posible (y esa posibilidad siempre se queda muy corta con relación a lo deseable), la violación de derechos; (iii) castigar a quien viole derechos (castigo que también se queda muy corto con relación a lo deseable); (iv) obligar al violador a resarcir a la víctima (indemnización que también se queda muy corta con relación a lo deseable porque, de entrada, hay muchos delitos que, estrictamente hablando, no pueden resarcirse).
Podemos discutir si el gobierno debe ser, desde el petrolero de la nación hasta el educador de la gente, pero, salvo que seamos anarquistas (y de preferencia anarcocapitalistas), no debe discutirse si el gobierno debe realizar las cuatro tareas apuntadas en el párrafo anterior, tareas que son las que le corresponden de manera esencial por lo que, si no las realiza, podrá ser desde el educador de la gente hasta el petrolero de la nación, pero de ninguna manera gobierno.
Emprender, en el mundo de la economía, consiste en producir, ofrecer y vender bienes y servicios, para lo cual hay que invertir directamente, inversiones directas que se destinan a producir y ofrecer satisfactores, a crear empleos, puesto que para producir y ofrecer alguien debe trabajar, y a generar ingresos, puesto que a quien trabaja se le paga por hacerlo.
No debemos discutir si se deben o no producir, ofrecer y vender bienes y servicios, pero lo que sí se debe discutir es cuál es la mejor manera de hacerlo, en beneficio de los consumidores. ¿Por medio de empresas privadas, compitiendo entre sí, o a través de empresas del gobierno, que por lo general son monopolios? Los consumidores se benefician de la trilogía de la competitividad, menores precios y/o mayor calidad y/o mejor servicio, la cual se consigue, o con empresas privadas compitiendo entre sí, o con empresas privadas y empresas del gobierno compitiendo entre sí, pero no con empresas monopólicas, ya sean privadas o gubernamentales.
Gobernar consiste, esencialmente, en prohibir la violación de derechos; en prevenir su violación; en castigar al violador; en obligarlo a resarcir a la víctima. En pocas palabras: en hacer valer la justicia.
Emprender consiste, en el ámbito de la economía, en invertir directamente para producir, ofrecer y vender bienes y servicios, creando empleos y generando ingresos, condiciones necesarias para el bienestar.
La legítima tarea del gobierno, con relación al emprendimiento, es hacer valer los derechos de los empresarios (emprendedores en el ámbito de la economía), a la libertad individual para producir, ofrecer y vender satisfactores, y a la propiedad privada sobre los medios de producción necesarios para poder hacerlo.
Si aceptamos lo anterior entonces debemos estar en contra, uno, de que el gobierno rescate empresas y, dos, de que el gobierno tenga empresas, de entrada porque ambas tareas generan riegos morales, que surgen cuando alguien no se hace responsable por las consecuencia de sus actos, lo cual incentiva conductas irresponsables, como por lo general se dan en las empresas del gobierno.
El gobierno no debe rescatar empresas, ni privadas ni gubernamentales. Tampoco debe ser empresario.
Hasta hace unos días AMLO estaba en contra de lo primero, rescatar empresas privadas, y a favor de lo segundo, empresas gubernamentales, sobre todo en los sectores estratégicos de la economía, que son los que proveen de bienes y servicios al resto de las actividades económicas, desde la producción hasta el consumo, como es el caso de las industrias del petróleo y la electricidad. Estando favor de las empresas del gobierno en los sectores estratégicos de la economía (Pemex y CFE), también está a favor de su rescate gubernamental (nuevamente CFE y Pemex).
Sin embargo, ahora ha quedado claro que AMLO también está a favor del rescate gubernamental de empresas privadas. La muestra es el caso de la empresa Altán Redes, cuyo origen se encuentra en el gobierno de Calderón, una empresa gubernamental – privada (el gobierno aportó la banda de 700 MHz y el sector privado la compra de los equipos, el despliegue de la red, su operación), a la que se le concesionó la Red Compartida, y cuyo plan de negocios fracasó, razón por la cual ahora el gobierno decide, no solo rescatarla, sino quedarse con ella, pasando de gobierno a empresario, tarea que no le corresponde, porque una cosa es gobernar (prohibir la violación de derechos; prevenir su violación; castigar al violador; obligarlo a resarcir a la víctima), y otra muy distinta emprender en el ámbito de la economía (invertir directamente para producir y ofrecer bienes y servicios, creando empleos y generando ingresos, condiciones necesarias para el bienestar), algo que por lo general, porque puede haber alguna excepción que confirme la regla, hace mal, y la primera razón tiene que ver con el hecho de que las empresas del gobierno tienen administradores pero no dueños, lo cual, entre otras cosas, genera riesgos morales, que surgen cuando un actor no es cien por ciento responsable de las consecuencias de sus acciones, que es lo que sucede con los administradores de las empresas gubernamentales.
¿Quién tiene mejores incentivos para administrar bien un negocio? ¿Don Pepe, el tendero de la esquina, dueño de su tienda, o fulano de tal, el burócrata al frente de una empresa del gobierno, de la cual no es dueño? Si Don Pepe administra mal SU negocio, y lo quiebra, él SÍ sufre un quebranto patrimonial, razón más que suficiente para que SÍ lo administre lo mejor posible. Si fulano de tal administra mal EL negocio, y lo quiebra, él NO sufre un quebranto patrimonial, con la ventaja adicional de que, en última instancia, allí está el gobierno para rescatar “SU” empresa, razón más que suficiente para que NO la administre lo mejor posible.
En las empresas del gobierno surgen dos riegos morales: (i) el que los administradores, al no ser dueños, y no sufrir quebrantos patrimoniales si hay quiebra, no administren lo mejor posible; (ii) el que los administradores sepan que, de no administrar lo mejor posible, y de quebrar la empresa, allí está el gobierno para rescatarla (ejemplo, Pemex y CFE), siempre con recursos de los contribuyentes a quienes, indirectamente, se les obliga a llevar a cabo ese rescate, lo cual, será legal, pero es injusto.
¿Qué pasará con Altán Redes? El gobierno, ¿la convertirá en una empresa exitosa o la mantendrá como un pozo sin fondo?
E-mail: artuordamm@prodigy.net.mx
Twitter: @ArturoDammArnal
