Norma, dice el Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española, es la “regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas, actividades, etc.”, y las hay de dos tipos: las informales, que son los usos y costumbres; las formales, que son las normas jurídicas. Las dos forman el marco institucional de una sociedad, que debe ser justo y eficaz. Justo: que prohíba violar los derechos de las personas. Eficaz: que incentive el respeto a los derechos de las personas. Porque una cosa es lo que exige la norma y otra la conducta de las personas, que puede ser contraria a lo que la norma exige, como sucede frecuentemente.

La ventaja de las normas, sobre todo de las jurídicas, aun de las injustas e ineficaces, es que brindan seguridad: la gente sabe qué comportamiento esperar de los demás, por lo que su conducta es previsible, y que la conducta de las personas sea previsible, que sepamos qué esperar de los demás, es condición para la convivencia civilizada, en general, y, entre otras cosas, para el progreso económico, definido como la capacidad para producir más (dimensión cuantitativa) y mejores (dimensión cualitativa), bienes y servicios, para un mayor número de gente (dimensión social).

Podemos definir al Estado de Derecho como el gobierno de las leyes justas (lo propio del ser humano es estar gobernado por leyes, no por hombres, por más que sean los hombres quienes hagan las leyes), siendo tales las que reconocen plenamente, definen puntualmente y garantizar jurídicamente los derechos de las personas, comenzando por los naturales, aquellos con los que la persona es concebida, a la vida, la libertad individual y la propiedad privada, Estado de Derecho que, además de leyes justas, requiere de autoridades honestas y eficaces, capaces de hacerlas valer, eficacia de las autoridades que depende, en buen medida, de su honestidad. Si el Estado de Derecho es el gobierno de las leyes justas entonces es Estado de Justicia.

Con frecuencia en México el Estado de Derecho no pasa de ser (la expresión es de Gabriel Zaid), Estado de chueco que, si el Estado de Derecho es en realidad Estado de Justicia, entonces es Estado de injusticia, el peor de los Estados posibles. En el Estado de injusticia las leyes pueden ser justas, por lo que se tendría Estado de Derecho solo nominalmente, pero si no se respetan, ¡sobre todo de parte de las autoridades gubernamentales!, entonces realmente hay Estado de chueco, Estado de injusticia, lo que sucede frecuentemente en México.

Resulta peligrosa la facilidad con la que los gobernantes de la 4T violan las leyes, comenzando por la Constitución, y todo indica que no hay manera de pararlos y sancionarlos, siendo más grave lo segundo que lo primero.

Peligrosa la facilidad con la que los gobernantes de la 4T violan las leyes, comenzando por la Constitución, y todo indica que no hay manera de pararlos y sancionarlos, siendo más grave esto que aquello.

Muestra de lo anterior la tuvimos el fin de semana pasado con las acciones proselitistas de varios funcionarios de la 4T, destacadamente del secretario de Gobernación, a favor del ejercicio de la revocación de mandato, acciones prohibidas, no por el INE, sino por la ley.

Estoy convencido que debemos discutir si un funcionario público debe o no hacer proselitismo partidario. Pero mientras la ley lo prohíba cualquier funcionario público debe abstenerse de hacerlo y, si lo hace, debe ser sancionado. Para muchos funcionarios públicos las normas, comenzando por las jurídicas, son meras sugerencias, empezando por la Constitución, normas que observan o no según su conveniencia, pudiendo proponer cambios a las mismas, no porque sean injustas y/o ineficaces, sino para adaptarlas a sus intereses. Y normas jurídicas adaptadas a los intereses de la camarilla en el poder, y no a las exigencias de la justicia (reconocer plenamente, definir puntualmente y garantizar jurídicamente los derechos de las personas), dan como resultado, no el Estado de Derecho sino el Estado de chueco y, si el Estado de Derecho es Estado de Justicia, dan como resultado el Estado de injusticia.

El Estado de Derecho en México siempre ha sido Estado de chueco. El problema, que además es amenaza, es que en este sexenio se ha enchuecado como nunca antes, generando más inseguridad jurídica, al grado de que el marco jurídico, comenzando por la Constitución, no nos sirve a los ciudadanos para prever la conducta de los gobernantes.

Hoy, mucho más que antes, estamos gobernados por hombres (por los prejuicios y caprichos de AMLO), no por leyes, lo cual hace imprevisible sus comportamientos, lo cual, entre otras cosas, genera inseguridad en el ámbito de la economía (por ejemplo: todo lo relacionado con la contrarreforma eléctrica, inconstitucional, producto de los prejuicios y caprichos de AMLO), limitando las posibilidades de crecimiento (producción de bienes y servicios) y de bienestar (disponibilidad de bienes y servicios).

En el Índice de Estado de Derecho, del World Justice Project, México ocupa, entre 139 países, el lugar 113, más cerca de los últimos lugares que de los primeros, con una calificación, en escala de 0 a 10, de 4.3, calificación reprobatoria.

El Estado de Derecho en México es Estado de chueco, y si el Estado de Derecho es en realidad Estado de Justicia, en México tenemos Estado de injusticia, comenzando porque muchas autoridades no respetan los normas jurídicas, comenzando por la Constitución y, ¡más grave!, no hay manera de pararlos y sancionarlos.

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