Ya son varios los políticos, entre ellos Marcelo Ebrard, que piden que las vacunas contra el Covid-19 sean reconocidas como bienes públicos. El único problema es que, por su propia naturaleza, no lo son, y reconocerlas y tratarlas como tales es un error, que ya se cometió.

Desde la perspectiva de la teoría económica son bienes públicos aquellos de cuyo consumo no es posible excluir a alguien, y cuyo consumo no genera rivalidad. El típico ejemplo de libro de texto son los fuegos artificiales. Una vez que alguien paga por ellos, lanzados al aire, no hay manera de evitar que todos los vean (de su consumo no es posible excluir a alguien), y el que unos los vean no impide que los demás también los vean (su consumo no genera rivalidad).

Uno de los problemas que ocasionan los bienes públicos es el del gorrón, quien, sin haber pagado por un bien público, y dado que no hay manera de excluirlo de su consumo, lo consume y se beneficia. Ejemplo: los vecinos de quien pagó los fuegos artificiales, que se benefician del espectáculo sin haber pagado por él.

Una de las legítimas tareas del gobierno es la de proveer los bienes públicos, que realmente lo sean (de cuyo consumo no sea posible excluir a alguien y cuyo consumo no genere rivalidad), y que realmente deban ser provistos por el gobierno. No es el caso, por ejemplo, de los fuegos artificiales, que sí son bienes públicos, pero que no deben ser provistos por el gobierno. Sí es el caso, por ejemplo, del alumbrado de las calles, que sí es un bien público, y que sí debe ser provisto por el gobierno. No es justo que el gobierno cobre impuestos para pagar por los fuegos artificiales, que tienen que ver con la diversión, pero sí es justo que los cobre para pagar por el alumbrado de las calles, que tiene que ver con la seguridad.

Teniendo claro cuáles son las características de los bienes públicos debemos preguntar si las vacunas, cualesquiera que sean, son bienes públicos. ¿Lo son? No, ya que de su consumo sí es posible excluir a algunos, y ya que su consumo sí genera rivalidad. Las vacunas no cumplen con las dos condiciones que hacen que un bien sea un bien público. Si lo fueran se hubiera dado un hecho imposible de darse: hubiera bastado con vacunar a una persona para que todas resultaran vacunadas. Las vacunas no son bienes públicos, pero sí son bienes necesarios, de cuyo consumo nadie debe quedar excluido. Desafortunadamente, siendo bienes necesarios, las vacunas están sujetas el fenómeno de la escasez: no alcanzan para todos, menos en las cantidades que cada uno necesita y, éste es el punto importante, mucho menos gratis. Quien pague el precio, al cual el productor está dispuesto a proveerlo, las conseguirá. Quien no, no, lo cual, por tratarse de un bien necesario, resulta cuestionable.

Las vacunas son bienes necesarios, de cuyo consumo nadie debe quedar excluido, pero no son, ni pueden serlo, bienes públicos, aquellos de cuyo consumo no es posible excluir a alguien, y cuyo consumo no genera rivalidad. El consumo de las vacunas sí genera rivalidad: la vacuna que se le aplica a Juan no puede aplicársele a Juana. Del consumo de las vacunas sí puede excluirse: si Juana o Juan no pagan por la vacuna quedan excluidos de su aplicación.

Hay ciertos bienes públicos que no deben ser provistos por el gobierno, por ejemplo, fuegos artificiales, y otros que sí deben serlo, por ejemplo, el alumbrado de las calles, financiado con impuestos.

Del alumbrado de las calles no es posible excluir a alguien: todo el que pasa por una calle alumbrada se beneficia de que está alumbrada. El consumo de alumbrado en las calles no genera rivalidad: que Juan se beneficie del alumbrado no impide que Juana también se beneficie.

El alumbrado en las calles es un bien público que sí debe ser provisto por el gobierno ya que, si fuera provisto por un particular, éste enfrentaría el problema de cobrarle a los consumidores: ¿cómo cobrarles a todos los Juanes y las Juanas que pasan por las calles alumbradas, cobro necesario para la recuperación del costo de producción y, por ello, para garantizar la continuidad de la provisión del alumbrado? Lo más probable es que, si el alumbrado de las calles fuera provisto por particulares, dada la dificultad que tendrían las empresas privadas para cobrarles a los consumidores, no habría provisión de alumbrado callejero, con los inconvenientes que ello traería consigo, comenzando por el tema de la seguridad: conviene que, por motivos de seguridad, las calles estén alumbradas.

Dado que, por motivos de seguridad, conviene que las calles estén alumbradas, y dado que no hay incentivos para que los particulares provean dicho alumbrado, es que debe ser provisto por el gobierno, financiado con impuestos. Se trata de un bien público que, por ser también un bien necesario, del cual nadie debe quedar excluido, debe ser provisto por el gobierno. No es el caso de las vacunas, que son bienes necesarios, pero no bienes públicos, razón por la cual tratarlos como si lo fueran, que es lo que se ha hecho con las vacunas contra el Covid-19, es un error.

Con relación a los bienes que no son públicos, pero sí necesarios, como es el caso de las vacunas, quien pueda pagarlos debe hacerlo de su propio bolsillo, y a quien no pueda pagarlos se le debe ayudar, ayuda que puede ser de los particulares o del gobierno, conviniendo que sea de los primeros y no del segundo, y solo del segundo cuando no haya otra alternativa.

Hay bienes necesarios, de cuyo consumo nadie debe quedar excluido, y bienes públicos, de cuyo consumo no es posible excluir a alguien, y cuyo consumo no genera rivalidad. Las vacunas son bienes necesarios: nadie debe quedarse sin la vacuna que necesita, pero no son bienes públicos: su consumo sí genera rivalidad (la vacuna que se le aplica a Juan no se le puede aplicar a Juana), y de su consumo sí puede excluirse (si Juana o Juan no pagan por la vacuna quedan excluidos de su aplicación).

Los bienes públicos, que además son necesarios, deben ser provistos por el gobierno, como es el caso del alumbrado de las calles, que se provee para todos por igual, obligando a todos, por medio del cobro de impuestos, a pagar por igual. Es lo que debe ser en el caso de los bienes públicos que, además, son bienes necesarios, no siendo el caso de las vacunas, que son bienes necesarios, pero no bienes públicos, razón por la cual no deben ser provistas por el gobierno para todos por igual. Hacerlo es un error.

Dado que las vacunas no son bienes públicos, debe permitirse que todo el que pueda las adquiera en el mercado, pagando su precio, para lo cual deben estar disponibles en el mercado, lo cual no sucede por disposiciones oficiales que prohíben su oferta y venta a particulares, lo cual es absurdo: si el gobierno aplica las vacunas se debe a que son seguras. Si el gobierno las aplica, ¿por qué los particulares no? Lo que importa es el qué no el quién.

Por ser bienes públicos las vacunas debe ofrecerse en el mercado para que, quien pueda pagarlas, lo haga. Por ser, además de bienes públicos, bienes necesarios, de los cuales nadie debe quedar excluido, debe garantizarse su provisión “gratuita”, no para todos, sino solamente para aquellos que no pueden pagarlas, garantía que puede ser privada, por medio de fundaciones particulares, o gubernamental, conviniendo que sea lo primero y no lo segundo para evitar, entre otras conductas reprobables, la politización de su aplicación por parte del gobierno.

El gobierno, proveyendo las vacunas para todos, financiadas con impuestos, las ha tratado como si fueran, además de bienes necesarios (que lo son), bienes públicos (que no lo son), por lo cual dicho tratamiento ha sido un error, cuyas consecuencias han sido, y seguirán siendo mientras no se corrija, desde una carga adicional sobre las finanzas del gobierno hasta un proceso de vacunación más lento del que habría sido si no se las hubiera tratado como bienes públicos.

Los políticos tienden a confundir, por ignorancia o conveniencia, bienes públicos con bienes necesarios, confusión que hay que aclarar.

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