En México todos los años los presidentes le rinden homenaje a la Constitución, pero en la práctica la mayoría de ellos no la respeta. En lugar de gobernar con la Constitución la modifican para acaparar más poder. Traicionan su objetivo fundamental. La han convertido en un remedo, una imitación burda, de una verdadera Constitución.
La finalidad fundamental de una Constitución es marcar límites a los gobernantes y respetar las garantías individuales, ahora llamadas derechos humanos, de sus habitantes.
Lo contrario a un régimen constitucional es un régimen absolutista, donde el gobernante hace lo que se le da la gana. Un ejemplo claro de absolutismo fue el reinado de Luis XIV, quien dijo “L´État cest moi”, El Estado soy yo.
La mayoría de los cambios constitucionales en México nos acercan al absurdo y contradictorio concepto de “dictadura constitucional”, donde la Constitución, en lugar de limitar al gobernante y mantener la división de poderes, concentra el poder y las decisiones en una sola persona, el titular del poder ejecutivo. El ahora llamado Presidente Constitucional, tiene cada día un poder más cercano al de Luis XIV en Francia.
La mayoría de las reformas constitucionales en México, directa o indirectamente, les dan más autoridad a los gobernantes para decidir sobre nuestras vida, propiedades y libertades. En nombre de la “sociedad”, de “todos”, del “pueblo” o los “pobres”, y con la excusa de lograr una “igualdad de ingresos”, se atribuyen poderes propios de un gobierno absolutista.
Una de las causas del mayor progreso en Estados Unidos que en México, es que en aquel país se mantiene estable su Constitución, mientras en México cada gobernante, con algunas excepciones, la cambian para gobernar como quieren.
En Estados Unidos solo han tenido una Constitución, la que en 231 años de vigencia, 1789-2020, solo tuvo 27 enmiendas, las que fueron para incorporar las garantías individuales o Bill of Rights. En México hemos tenido 4 constituciones, la última, con 103 años de vigencia, 1917-2020, sufrió 741 cambios. Esa inestabilidad constitucional es una de las principales causas del atraso económico en México.
