Lo que sucedió en la sesión del Congreso de Estados Unidos durante la ratificación de la elección presidencial nos debe llevar a una profunda reflexión sobre los probables escenarios electorales de nuestro país.
No cabe duda de que el bastión que salvó a Estados Unidos de la barbarie perpetrada por un grupo de seguidores del presidente Trump, que pretendieron tomar por asalto el Capitolio para presionar a los legisladores e impedir la ratificación del triunfo de Biden, se compone de dos factores fundamentales: primeramente, la cultura democrática que forma parte del ADN norteamericano. Constatar la actitud de legisladores republicanos que desconocieron las pretensiones del presidente al que ellos impulsaron hace cuatro años, de impedir la transmisión de poderes al presidente electo Joe Biden, así como la convicción histórica del vicepresidente Mike Pence quien conducía le sesión y no cedió ante el acoso de su jefe y amigo Donald Trump que le exigía obstaculizar el proceso. En esas pocas horas Pence y los legisladores republicanos que se opusieron a las pretensiones del presidente y se pusieron del lado de sus propias convicciones morales y políticas, asumieron una dimensión histórica de estadistas.
Escuchar a los mismos legisladores republicanos, que hicieron campaña por su correligionario deslindarse de la provocación e incitaciones del presidente hacia sus seguidores que ya estaban en la calle manifestándose, fue una lección de democracia. Quedó claro que la madurez de la democracia norteamericana se manifiesta en un respeto absoluto hacia sus instituciones, sus procedimientos y el voto del ciudadano, incluso cuando no les favorece.
Si la cultura democrática fue uno de los dos pilares que salvaron a la democracia norteamericana, el otro fue la fortaleza de las instituciones de ese país.
En contraste, en México la calidad de la cultura democrática de los militantes morenistas que aspiran a un cargo de elección popular, que hoy son mayoría y tienen el monopolio político en el país, quedó manifiesta en la rebatinga bananera por las candidaturas. Los golpes bajos, el fuego amigo y las campañas negras contra adversarios políticos dentro de su propio partido, fue evidente.
Lo que une a los morenistas no son los ideales de un mejor país, sino las alianzas y componendas de intereses para llegar al poder y mantenerse en él, al precio que sea.
Que Félix Salgado Macedonio con una acusación de agresión sexual, como la que enfrenta por parte de una excolaboradora, no debiese ser el candidato de MORENA a la candidatura de la gubernatura del Estado de Guerrero, es una gran verdad, pues esa acusación pone en duda su calidad moral, por lo menos mientras se aclara.
Sin embargo, lo que está detrás de esta acusación no es un cuestionamiento de principios morales o éticos por parte del partido. Evidentemente el motor de esta campaña de descarrilamiento de su candidatura es la cargada de la familia Sandoval Ballesteros, que pretende inhabilitar a Salgado Macedonio para imponer a Pablo Amílcar Sandoval, quien fuera superdelegado del gobierno federal en ese estado al que pretende gobernar. La posición de la hermana de éste, Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, será determinante para deshacer este enredo morenista a favor de su hermano, aprovechando su cargo, el cual reviste importancia estratégica frente a cualquier funcionario público del presente y del pasado.
Este es sólo un ejemplo que nos advierte de la fragilidad de nuestra democracia frente a un congreso dominado por los morenistas, que además son subordinados incondicionales del presidente que está acosando y destruyendo la autonomía de los organismos públicos, a los que pretende someter y controlar.
Es de conocimiento público que el presidente de la república pretende refundir en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT. Que, al Instituto Nacional de Acceso a la Información, INAI, quiere ubicarlo en la Secretaría de la Función Pública y a la Comisión Federal de Competencia, COFECE, en la Secretaría de Economía, así como a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, en la Secretaría de Gobernación, sin importar que éstos son organismos autónomos que merecen respeto.
Como vemos, este otro pilar, representado por la solidez de las instituciones que tienen autonomía de gestión frente al poder presidencial y representan contrapesos, está sometido desde ahorita a un bombardeo agresivo con el objetivo de desaparecerlo.
Por tanto, es inevitable hacernos la pregunta: si sucediese algo similar en México después de la próxima elección en 2021 y el presidente no aceptase una derrota electoral de su partido ¿los legisladores de MORENA desoirían una instrucción presidencial?
Hasta ahora la experiencia nos muestra que los legisladores morenistas siempre están a la espera de señales enviadas desde Palacio Nacional para complacer a su líder moral. Seguramente ninguno haría lo que el vicepresidente Mike Pence realizó ante la petición de su jefe y su amigo.
La solidez de nuestras instituciones jurídicas está desgastada frente al acoso de la 4T y así lo demuestra la actitud de todas las instancias judiciales frente al tema del apagón eléctrico del 28 de diciembre pasado y la forma en que la CFE, pasando por encima de procedimiento jurídicos aprovechara este acontecimiento para seguir con la política de acoso a los generadores de energías limpias, con el consiguiente impacto negativo en los planes de inversión que los grandes capitalistas e esta industria tenían para México.
Hay un evidente e ilegítimo intento de la CFE con el apoyo presidencial, de retomar el monopolio de la generación de energía, en perjuicio de empresas como Iberdrola, que desde hace años han invertido en infraestructura para generar energías limpias amparadas por la garantía y protección de nuestro estado de derecho. Sin embargo, la Comisión Federal de Competencia, COFECE, que debiese intervenir para evitar este atropello está bajo asedio y desgastada y por ello, quienes la encabezan, están imposibilitados de enfrentar a la sobreprotegida CFE.
Incluso, hay un delito de falsificación de firma y de documento que es muy fácil descubrir. ¿Irá a la cárcel quien hizo este ilícito?… ¿Llegará la justicia hasta los altos niveles jerárquicos de la CFE?
¿Qué autoridad judicial se enfrentaría a un amigo del presidente?
Si llegase a haber un castigo, seguramente será para un funcionario de bajo nivel sobre quien caerá todo el peso de la ley, aunque solo actuase recibiendo órdenes.
No es descabellado suponer que estas próximas elecciones de junio de este año serán las más cuestionadas de la historia de México y se resolverán, en muchos casos, en tribunales, con todas las consecuencias de inestabilidad que provocan los conflictos electorales como lo ha exhibido la elección presidencial de Estados Unidos.
El mayor reto sociopolítico que tenemos en México es que además de remontar la crisis sanitaria que nos deja el COVID y su impacto en la economía, la sociedad civil debe unirse en bloque para resguardar y proteger nuestro “estado de derecho” y con ello a las instituciones autónomas que dan certeza jurídica a cada uno de los sectores prioritarios para nuestro país.
Y… ¿A usted qué le parece?
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