Quizá sea prematuro juzgar lo que sucedió en la sesión donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual los ministros votaron respecto a la constitucionalidad del planteamiento presidencial que pretende someter a consulta pública la conveniencia de enjuiciar a los expresidentes neoliberales, sin que siquiera se haya exhibido la presunción de un delito cometido por cada uno de ellos.
El presidente pidió el aval para una iniciativa totalmente inconstitucional, pues como menciona el ministro Javier Laynez Potisek, quien estuvo en contra de este proyecto: “La justicia no se consulta”. En la sencillez de esta frase está la contundencia del Estado Democrático de Derecho y la fortaleza de nuestra Constitución.
Sin embargo, si tomamos como alegoría la vieja canción infantil “los maderos de san Juan”, “el presidente pidió pan y los ministros le dieron queso”, pues estos le aprobaron un texto diferente, émulo de Frankenstein, deforme e inutilizable.
En sentido estricto respondieron con un “galimatías”, que según explica Wikipedia “es un término usado para describir un lenguaje complicado y casi sin sentido, embrollado, lenguaje oscuro por la impropiedad de la frase o por la confusión de las ideas” y según la Real Academia Española de la Lengua “lenguaje oscuro por la impropiedad de la frase o por la confusión de las ideas”.
Si se realiza la consulta con este texto diseñado por la SCJN, lo más probable es que sea un fracaso, pues se estará sometiendo a la opinión popular un asunto abstracto e inentendible para el pueblo. En contraste, si se retoma la idea original de enjuiciar a los expresidentes neoliberales utilizando la pregunta inicial, así como los nombres y fotografías de los ex mandatarios, el presidente se irá por la libre bajo su cuenta y riesgo y sin el aval de la SCJN.
Este escenario, si reflejase un posible intento planeado por los ministros para dar a este conflicto una salida política, diplomática y sin enfrentamiento ni con el presidente, ni con los críticos de esta consulta, seguramente les beneficiaría a ellos, pero tendrá un impacto de consecuencias insospechadas en nuestro país.
Sin embargo, aún dando como posible este escenario, al no responder contundentemente en el sentido que propuso el ministro Javier Laynez Potisek definiendo que: “La justicia no se consulta”, y por tanto es inconstitucional, o utilizando la argumentación del ministro “Luís María Aguilar”, quien definió como anticonstitucional la consulta, para México esta respuesta de la SCJN tiene un alto significado, pues marca un antes y un después para el Estado Democrático de Derecho.
Si leemos la pregunta aprobada por los ministros vemos que no dice nada relevante semánticamente en su contenido, pero el manejo político con sabor a victoria que seguramente se le dará a la respuesta por parte de la 4T, estimulará en el pueblo expectativas peligrosas.
“¿Estás de acuerdo o no, en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
La referencia que da este texto a los actores políticos no define ni quiénes son ellos, ni a criterio de quien se les otorga ese calificativo.
La referencia a las decisiones que tomaron dichos actores políticos no describe ni señala cuáles son esas, ni quien debe calificarlas. Es un documento que pareciera haber sido redactado por Kafka en pleno siglo XXI
Lo que parece que no entienden los ministros que se manifestaron a favor de la constitucionalidad, es que lo importante no es lo que realmente es, sino lo que percibe, entiende e interpreta “el pueblo”.
Vivimos la era de las percepciones y la verdad auténtica hoy es irrelevante. Lo que incide en la realidad cotidiana son las verdades virtuales, esas que el mismo pueblo construye por consensos, aunque estén viciadas de origen o incluso, partan de una premisa falsa o inducida desde las altas esferas del poder político.
Esto es lo que faltaba para que el ciudadano termine por perder ese mínimo de respeto que por ahí quedaba hasta hoy para el “Estado Democrático de Derecho” y para nuestra Constitución.
Hoy el pueblo bueno entendió que sí se une, no habrá más ley que la suya, la que imponga su voluntad, porque la ley amparada por la Constitución Mexicana se volvió decorativa.
Este tipo de pregunta, ya sea la redactada originalmente por el presidente López Obrador o la que entregó la SCJN, en sí misma ya induce una respuesta obvia.
Equivale a preguntar: ¿Estás de acuerdo en que el día inicia a partir de que el sol se deja ver en el horizonte?. O una versión más seria: ¿Estás de acuerdo en que los delincuentes sean perseguidos y encarcelados”?
Ante preguntas predictivas y manipuladoras que reflejan estereotipos “socialmente correctos”, las respuestas se alinean a los deseos de quien pregunta.
Hoy la política se volvió “cantinflesca”. Si viviera don Mario Moreno, “Cantinflas”, podría estar preparando su obra maestra, “El político”, del mismo modo que nos legó grandes personajes caricaturizados.
Hoy la política es el arte de no decir nada, o sea, planteamientos vacíos de contenido, pero que parecen decir mucho y de modo aparentemente elegante, pero que a final de cuentas dejan una cortina de humo que distrae la atención pública y así permite que quien ejerce el poder haga su voluntad escudándose en que dio respuesta a un mandato del pueblo.
También debemos considerar que detrás de esta obviedad vendrá un gasto exorbitante que tendrá que invertir el INE para que el pueblo bueno diga que sí a algo tan abstracto que la mayoría no entenderá, pero que aprobará para dar gusto al presidente.
Por una parte, se extinguen fideicomisos porque falta dinero, además de que ha sido insuficiente el presupuesto para medicinas, según denuncian padres de niños enfermos de cáncer, así como los médicos que se han quejado de no recibir los insumos necesarios para protegerse del virus del COVID, entre otras muchas carencias. Sin embargo, si habrá dinero para organizar esta consulta, cueste lo que cueste.
Todo este teatro que significará un despilfarro de valiosos recursos económicos, servirá para dar oxígeno mediáticamente a la lucha contra la corrupción, ya que el caso Lozoya por alguna razón dejó de ser relevante o quizá peligroso por la información que estuvo saliendo a flote.
Aquí hay una aparente intención perversa. ¿Por qué tiene que someterse a consulta pública lo que constitucionalmente es responsabilidad del Estado Mexicano?.
Todo parece estar orientado a sentar un precedente jurídico que le permitirá al presidente gobernar a discrecionalidad, al margen de condicionamientos jurídicos, amparado siempre en la falacia “lo que el pueblo diga”, del mismo modo que durante muchísimos siglos el poder de los reyes se sustentó en un derecho divino, hasta que la revolución francesa lo sepultó.
La nueva falacia democrática que destruirá precisamente nuestra vida democrática se denomina: lo que diga el pueblo.
¿Quién es el pueblo “bueno”… ese ente colectivo que es indefinido por ser un término tan incluyente? y debemos preguntar: ¿Cuál es el pueblo malo?, al que se debe ignorar.
Podemos resumir el impacto de este escandaloso asunto en los siguientes puntos:
- Se invertirán recursos cuantiosos para conocer una “verdad de Perogrullo”, mientras se extinguen fideicomisos, se recortó el presupuesto aprobado por el Congreso a los organismos públicos y dependencias de gobierno, entre otras acciones restrictivas.
- Se da el mensaje al pueblo de que a partir de ahora la justicia ya no se ceñirá a la ley, sino a la voluntad popular, lo cual todos sabemos que en la realidad jurídica no sucederá así, pero en el imaginario colectivo así será interpretado. Por tanto, iniciamos a partir de este asunto una era de “justicia por propia mano”, lo cual estimulará en grupos sociales conflictivos movilizaciones para defender sus demandas, que generalmente son válidas y justas, aunque el modo de reclamarlas se aleje de los cauces legales y agreda derechos colectivos de ciudadanos ajenos a estos temas.
En todo esto queda claro un mensaje definitivo de algunos miembros de la SCJN, a quienes se debe la validación de esta propuesta presidencial: Señor presidente estamos a sus órdenes y en espera de sus próximas indicaciones.
¿Usted cómo lo ve?
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