Un común denominador de los políticos, de derecha, centro o izquierda, es creer que, por una u otra razón (la que consideren más importante), y de una u otra manera (la que consideren más eficaz), tienen el derecho de disponer de la propiedad de los demás como más convenga a sus intereses (o a los de sus clientelas electorales). De entrada todos están dispuestos a vivir del cobro de impuestos, por el cual obligan al contribuyente a entregar parte del producto de su trabajo, parte de su propiedad, cobro de impuestos que se justifican si el gobierno, con honestidad y eficacia, garantiza el respeto a los derechos de los ciudadanos, lo cual supone, obviamente, que no será él quien los viole, comenzando por el derecho a la propiedad, que es el derecho a la libertad para usar, disfrutar y disponer de lo que es de uno, como a uno más le convenga, con una sola condición: que al hacerlo no viole derechos de terceros.

Lo anterior viene a cuento porque el grupo de Morena, en el Congreso de la Ciudad de México, promueve un proyecto de ley con el que los legisladores morenistas pretenden, entre otras barbaridades, que los caseros puedan exigirle a los inquilinos el pago de la renta si, y solo si, el contrato de arrendamiento tiene una antigüedad mayor de tres años, lo cual impediría que el casero, dueño del inmueble rentado, ante el incumplimiento del inquilino, usufructuario del inmueble que renta, pudiera disponer de su propiedad como más le convenga, no según su capricho, sino según la justicia. Y justicia es que, si el inquilino incumple con el pago de la renta, acordado en el contrato de arrendamiento, pueda ser desalojado por el casero, sin ningún plazo de gracia, ¡mucho menos de tres años!

Si una de las obligaciones, de hecho la principal, del inquilino frente al casero es pagar la renta, entonces uno de los derechos, de hecho el principal, del casero frente al inquilino es exigirle su pago y, de no obtenerse, desalojarlo por incumplimiento de contrato. Y la ley debe estar, no a favor del casero o del inquilino, sino de la justicia, que en este caso sería estar a favor del cumplimiento del contrato de arrendamiento, a favor de los derechos de la parte afectada por incumpliendo, ya sea el casero, ya el inquilino.

Lo que pretenden los morenistas, consecuencia de creer que pueden disponer de la propiedad de los caseros como crean más conveniente, es defender los intereses de los inquilinos, no garantizar los derechos de los caseros, lo cual dará como resultado una ley injusta, como son las que se promulgan, no para garantizar los derechos de todos, sino para defender los intereses de algunos.

¡Cuidado cuando se legisla para defender intereses y no para garantizar derechos! El resultado son leyes injustas, Estado de chueco.

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