Desde hace varios años las revisiones de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) arrojaron irregularidades por miles de millones de pesos en varios estados, sin embargo el Congreso y la Procuraduría General de la República no hicieron nada. El Poder Ejecutivo Federal priista y el Congreso, dominado por el PRI, les otorgaron impunidad absoluta a sus gobernadores sobre los cuales había presunciones de desvíos millonarios, de lavado de dinero, de cuentas e inmuebles en el extranjero y de vínculos con el crimen organizado.

La impunidad se debió a que el regreso a la Presidencia del PRI en 2012 y el control del Congreso en el 2015, fue posible gracias a las “bolsas” de miles de millones que juntaron gobernadores priistas para financiar ilegalmente las campañas del PRI. El Presidente y los legisladores priistas les deben sus triunfos en gran parte a sus ex “gobers” corruptos.

No todos los recursos ilegales para el PRI salieron directamente de las arcas de los estados, muchos de los “donativos” fueron de proveedores de los gobiernos estatales, los que se cobraron con creces mediante sobreprecios a los productos y servicios que vendían al gobierno. En algunos estados hasta el crimen organizado le entró a la “bolsa” para ayudar a las campañas del PRI a cambio de que los dejaran “trabajar”.