Si con la rapidez con que investigaron a Barreiro para involucrar a Ricardo Anaya y su campaña, actuaran en todos los demás casos, en México no habría corrupción gubernamental ni saqueo del erario público.

El tema que nos preocupa en este momento no es si Ricardo es o nó culpable de lo que se le imputa, sino la discrecionalidad con que se decide a quien armarle un expediente y a quienes nó.

Este caso nos confirma una vez más que sí existe la capacidad para investigar la corrupción a partir del sistema financiero, siguiendo la ruta del dinero, pero sin embargo, no existe la voluntad de hacerlo y los supuestos esfuerzos anticorrupción de los que se ufana el gobierno son un show mediático.

Los 54 millones por los que se pretende castigar a Anaya, aunque es mucho dinero, palidecen y resultan ridículos frente al saqueo perpetrado por otros distinguidos miembros del partido en el poder.

Si Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas logró ser detenido en Italia y está en espera de ser extraditado a México o a Estados Unidos, no ha sido por el interés del gobierno mexicano de que responda a las acusaciones, sino porque a pesar de la impunidad que prevalece en México, el gobierno norteamericano lo estaba buscando. Es más probable que el gobierno italiano lo extradite a Estados Unidos que también lo reclama por delitos, que a México. Esto nos habla de la desconfianza que genera nuestro sistema de justicia cuando se trata de funcionarios públicos afines al gobierno en el poder.

¿Por qué el gobierno federal dejó pasar el saqueo a Veracruz por parte de Javier Duarte, el de Quintana Roo de Roberto Borge y el perpetrado por César Duarte a Chihuahua?.

Fueron años en que se sangró día tras día a tres importantes entidades federativas y no se dieron por aludidos quienes desarrollan la inteligencia financiera del país. ¿Todo el aparato financiero gubernamental, e incluso también debemos incluir en este reclamo a los bancos, no se dieron cuenta?.

¿Empresas fantasma, triangulaciones y robo descarado de mucho dinero fueron invisibles?… Ahora resulta que por conveniencia electoral estos funcionarios gubernamentales que acusan a Anaya hoy se vuelven altamente eficaces.

¿En el caso Anaya existe el interés de combatir la impunidad, o es que se aprovecha la infraestructura para deshacerse de un contrincante peligroso?.

A mi asistente y su familia la extorsionaron telefónicamente y les hicieron depositar dinero en bancos. Esta es una práctica cotidiana que a nadie parece interesarle cuando se trata del ciudadano común. ¿Cómo es que existen tantos controles para abrir una cuenta de cheques por parte de los bancos, pero aún teniendo las autoridades policiacas y ministerio público los números de cuenta de banco, no detienen a los extorsionadores? Simplemente no les parece relevante este tipo de asunto como para invertir esfuerzo.

Hoy la tecnología ofrece a los gobiernos la capacidad de respuesta inmediata para identificar movimientos bancarios desusuales.  Por tanto, si la delincuencia organizada utiliza la banca y los funcionarios públicos la utilizan para guardar su dinero, porque hoy no hay otra forma de hacerlo, debiesen activarse las señales de alerta que sin duda existen. Sin embargo, no existe el interés de intervenir e investigar.

Que la investigación sobre el asunto de Ricardo Anaya se lleve hasta sus últimas consecuencias debe ser una exigencia ciudadana, pero también que con la misma eficiencia se vigile a gobernadores, alcaldes y todo el aparato burocrático que administra recursos públicos o hace negocios con la delincuencia organizada.

Que la justicia sea equitativa y los instrumentos del estado para identificar la corrupción actúen con visión ética y moral es el reto de nuestro país para que el combate al enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos y a la delincuencia organizada, deje de ser simple simulación.

Facebook: @ricardo.homs1

Twitter: @homsricardo

Linkedin: Ricardo Homs