México es un país de contradicciones. Este es un país de víctimas y victimarios y los policías no se escapan a este fenómeno. Hay policías abusivos, gandallas y hasta torturadores. Sin embargo, seguramente la mayoría son personas responsables y comprometidas.
El asesinato de 13 policías en Coatepec Harinas, en el Edomex, el 18 de marzo pasado, nos debe recordar el grave riesgo de muerte que implica esta actividad.
Sin embargo, lo que generalmente trasciende a los medios de comunicación respecto a la actividad policial es precisamente lo que impacta la sensibilidad ciudadana, que es precisamente el abuso policiaco.
Por tanto, no podemos esperar algo diferente de un sistema social sustentado en el abuso, lo cual genera gente resentida y a partir de ello un cobro de facturas emocionales convertido en una cadena infinita que se transmite de generación en generación. Darle poder a una persona resentida genera el riesgo de que se convierta en un agresor de los vulnerables, como un modo de rescatar su autoestima.
Los policías en muchos casos son maltratados por sus mandos y por los comandantes y no sólo eso, sus condiciones laborales generadas por ayuntamientos, entidades federativas y gobierno federal, es muy injusta.
Su salario y condiciones laborales no van de acuerdo con los riesgos. Causa en Común, la organización altruista que preside María Elena Morera ha llevado un conteo año tras año y ha descubierto que tan sólo en 2020 fueron asesinados 524 policías y por Covid han muerto 702 debido a la nula protección sanitaria que se les ha dado. En 2021 ya van 109 policías asesinados.
En 2019 fueron 446 policías victimados.
En la casi totalidad de los estados y municipios, salvo excepciones, los policías no cuentan en la práctica, aunque llegue a estar contemplado en la ley, con seguro de vida ni pensiones que protejan a sus familias si ellos fallecen. La mayoría de ellos, por las condiciones de su trabajo, son gente joven con hijos que seguramente son menores de edad, los cuales quedan desprotegidos igual que la esposa.
Andrea Félix quien preside la asociación civil denominada “Familias de Policías Caídos”, de Sinaloa, enviudó de un policía asesinado en diciembre del 2004, cuando este sólo tenía 30 años de edad, habiéndose iniciado como policía a los 18 años. Ella quedó a cargo de tres pequeños y por tanto, se abocó a defender el derecho a recibir la pensión de viudez que la ley del Estado de Sinaloa le otorga a las familias de policías caídos en el cumplimiento de su deber, pero que en la realidad cotidiana en esa época no se entregaba.
Su labor al frente de su asociación tuvo frutos, pues logró en 2009 que el pago de las pensiones se activara en su estado.
Sin embargo… ¿Qué sucede en el resto del país?
No olvidemos que los policías, según los estudios realizados por “Causa en Común”, describen condiciones laborales que podríamos definir como de explotación, con jornadas de 24 horas, sin las prestaciones comunes en la iniciativa privada, con equipo de protección, como son los chalecos antibalas, tan deteriorados que ya no protegen, armas que los ponen en desventaja ante el equipo de alta tecnología que utilizan los sicarios al servicio de los cárteles y muchísimas veces ellos deben comprar con su salario su uniforme, su arma y las balas.
Además, no es raro que en algunas corporaciones los mandos pongan en subasta la asignación de patrullas y de territorios o rutas para cubrir, por lo cual los obligan a extorsionar ciudadanos para pagar la renta de patrullas y territorios.
Además del trato inhumano que da el Estado Mexicano a los policías, la sociedad no sólo nos les tiene el mínimo respeto, sino que les manifiesta aversión y desprecio.
El acoso de mandos y compañeros a las mujeres policías agrava el contexto de abuso, según ha documentado “Causa en Común”.
Ante este panorama no es ilógico que los policías municipales estén psicológicamente vulnerables frente al dilema “plata o plomo” que les presentan los cárteles locales, pues nos hemos olvidado de ellos, tanto los tres niveles de gobierno, como la sociedad.
¿Cómo pretendemos que ante su vulnerabilidad los policías de las corporaciones municipales no sean cooptados por el crimen organizado?
Además, la violencia que en muchos casos vemos que ejercen policías en contra de ciudadanos pudiera ser también la respuesta reactiva frente a las propias injusticias recibidas.
Debemos cuidar la salud emocional de los policías y darles condiciones laborales justas, que compensen el riesgo. De este modo, ellos ya no serán tan vulnerables ante el acoso del crimen organizado.
Las omisiones del Estado Mexicano frente a los policías y el maltrato que les da, así como el trato injusto que les dispensa la sociedad, en parte ha agravado el contexto de violencia que vive nuestro país, pues en lugar de acercarlos y tenerlos como aliados, los aleja y arroja al crimen organizado.
Se requiere replantear la relación con los policías para ofrecerles un trato digno y respetuoso, que les haga sentirse valorados y reconocido su esfuerzo. Sólo así podremos empezar a revertir la violencia que aqueja a México.
¿A usted qué le parece?
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