Por más que se adorne con discursos de “humanismo mexicano”, el primer año de Claudia Sheinbaum confirma una elección de rumbo: más Estado, más gasto, más control… y poco espacio para que la economía productiva respire. Lo importante no es si la presidenta “trabaja mucho” o “habla bonito”, sino si sus decisiones crean condiciones para que México produzca, invierta, genere empleos y mejore el poder de compra de las familias. A la hora de los resultados, lo que cuenta es el bolsillo, no la retórica.
Sheinbaum llegó a Palacio con un paquete de 100 compromisos: ampliar programas sociales, atraer inversión, pacificar al país y “democratizar” la justicia. Prometió construir el “segundo piso” de la 4T. ¿Qué vemos un año después? Un tablero mixto: cifras que el gobierno presume, pero sostén débil; reformas presentadas como avances democráticos, pero que politizan instituciones clave; y un Presupuesto 2026 que apuesta a subsidios y monopolios estatales, en lugar de liberar el talento y el trabajo de millones de mexicanos.
La economía: números que aplauden, fundamentos que preocupan
Se presume un récord de inversión extranjera directa en el primer trimestre de 2025 y se celebra que el crecimiento para 2025 no caiga en recesión. Bien por los titulares. Pero es un error confundir llovizna con época de lluvias. El motor de la economía no es el discurso oficial ni las transferencias públicas, sino la inversión privada sostenida, la seguridad jurídica y la competencia. Sin eso, la confianza es frágil.
La inflación luce “controlada” frente a los picos del pasado, pero sigue erosionando el poder de compra de los más pobres. Y el déficit presupuestal—ese hoyo que se tapa con deuda o más impuestos—permanece como amenaza latente. Cuando el gobierno gasta por encima de lo que ingresa, siempre termina presionando el bolsillo del contribuyente, hoy o mañana.
Programas sociales: alivio inmediato, dependencia permanente
No hay discusión sobre la nobleza de apoyar al adulto mayor o al estudiante de escasos recursos. La pregunta correcta es otra: ¿estos programas ayudan a que la persona deje de necesitar el programa? Si la respuesta es no, entonces son paliativos que alivian hoy y encadenan mañana.
El Presupuesto 2026 lo confirma: cerca de 7 de cada 10 pesos del gasto programable se van a subsidios y transferencias: Pensión para Adultos Mayores, Becas Benito Juárez, la nueva Pensión Mujeres Bienestar, y un largo etcétera. Eso da votos y simpatía, pero no genera riqueza. La riqueza nace de producir más y mejor, no de repartir lo que no crece.
Energía: rescatar monopolios, castigar a los consumidores
Pemex y CFE reciben más dinero y más permiso para endeudarse. ¿El resultado? Monopolios ineficientes subsidiados por todos. Mientras el mundo compite por energía más limpia, barata y confiable, México insiste en transferir recursos a empresas públicas con pérdidas acumuladas. Cada peso que va a rescatar ineficiencias es un peso que no llega a innovación, infraestructura productiva o seguridad.
Justicia “democratizada”: independencia en riesgo
Se vendió como gran reforma “democratizar” el Poder Judicial y elegir jueces por voto popular. En el papel suena cercano al pueblo; en la práctica, acerca a los jueces a los partidos. La justicia no debe responder a encuestas o campañas, sino a la ley. Si la independencia judicial se debilita, la inversión se retrae, el amparo se vuelve incierto y la propiedad—pública y privada—queda a merced de mayor discrecionalidad. Sin un árbitro imparcial, no hay cancha para la prosperidad.
Más impuestos, más pretextos
Los ingresos tributarios seguirán al alza: ISR, IVA y nuevos gravámenes “para cuidar la salud” sobre refrescos, tabaco, apuestas e incluso videojuegos “violentos”. El problema no es promover hábitos sanos, sino usar ese discurso para exprimir más a la población que ya enfrenta precios altos y salarios que pierden poder de compra. Subir impuestos no crea riqueza; la desplaza del sector productivo al burocrático.
Mipymes: el verdadero paciente desangrado
En dos años se han perdido decenas de miles de patrones registrados ante el IMSS. No sorprende: cada reforma laboral que aumenta el costo de contratar sin elevar la productividad, cada trámite que roba tiempo, cada inspección que se vuelve negocio, expulsa a empresas pequeñas y medianas de la formalidad. Y recordemos: las mipymes generan la mayor parte del empleo y prácticamente la totalidad de las unidades económicas del país. Si a ellas les va mal, a México le va mal.
Ética fiscal y corrupción: la herida que no cierra
La presidenta repite que “el poder no es para enriquecerse” y que “los recursos públicos son sagrados”. Ojalá. Pero los casos de desvíos y redes de complicidad—desde el huachicol hasta transferencias sospechosas vinculadas a figuras cercanas al poder—minan la confianza. El ciudadano se pregunta con razón: ¿para qué pagar más impuestos si una parte termina en corrupción o gasto inútil? Un sistema fiscal sin certeza de buen uso de los recursos erosiona la legitimidad del cobro y la moral tributaria.
¿Qué haría un gobierno amigo del trabajo y la inversión?
No basta con criticar; hay que proponer. Un gobierno que de verdad quiera bienestar duradero debería:
- Bajar el costo de producir y contratar. Menos trámites, regulación clara, inspecciones sin mordidas y reformas que premien la productividad, no la simulación.
- Reforma fiscal pro-crecimiento. Ampliar la base, simplificar el cumplimiento y eliminar impuestos “creativos” que sólo castigan consumo y actividad. Mejor pocos impuestos, claros y bajos, que muchos tributos con cien excepciones.
- Cero privilegios a monopolios estatales. Abrir el sector energético a competencia efectiva y transparentar cada peso de Pemex y CFE. Subsidio que no corrige ineficiencia, se elimina.
- Estado de derecho sin apellidos. Jueces independientes, amparo robusto, certeza de propiedad y contratos. Sin árbitro confiable, no hay inversión seria.
- Focalizar apoyos sociales a la movilidad. Becas y transferencias atadas a metas de capacitación, empleabilidad y emprendimiento. El objetivo no debe ser “dar”, sino “graduar” beneficiarios hacia la autonomía.
- Priorizar infraestructura útil. Carreteras, puertos, agua, seguridad y conectividad que bajen costos logísticos y abran mercados a las regiones más rezagadas.
El balance del año uno
El primer informe de Sheinbaum cierra con una promesa emotiva: “entregar alma, vida y lo mejor de sí misma”. La intención puede ser buena; el diagnóstico, no. Un país no progresa repartiendo cada vez más de un pastel que no crece. Progresamos cuando el panadero, el agricultor, la ingeniera, la enfermera y el emprendedor encuentran reglas claras, impuestos razonables, energía confiable y justicia independiente. Lo demás es ruido.
Hoy México necesita menos anuncios y más principios: libertad económica para crear, competencia para mejorar, y un Estado que haga bien lo que sólo él puede hacer—seguridad, justicia, infraestructura—y deje a los ciudadanos hacer lo que mejor saben hacer: trabajar, producir y salir adelante.
Si el “segundo piso” de la 4T significa más gasto, más control y más monopolios, será otra losa sobre el crecimiento. Si significa reglas claras, independencia judicial y libertad para emprender, entonces sí, tendremos un país donde los programas sociales sean escalera y no cadena, y donde el bienestar no dependa del humor del presupuesto, sino del esfuerzo libre de millones de mexicanos.
