Tenemos una clase política gandalla, que siempre antepone sus derechos políticos personales por encima de los del elector, quien a final de cuentas es quien da el voto que permite ocupar el cargo.
Ahora, en la guerra por las candidaturas se exhibe la calidad moral de nuestros políticos, pues muchos de ellos, si su partido no les da la candidatura esperada, se van con el partido de enfrente, aunque eso signifique traicionar las convicciones ideológicas que antes defendieron. Por ello hoy tenemos una vida política ideológicamente híbrida, que lo que exhibe no son valores morales ni compromiso social, sino ambiciones personales.
Un ejemplo de ello lo da el actual candidato de MORENA a la alcaldía de Monterrey, Víctor Fuentes, senador con licencia por el PAN.
Sin concluir satisfactoriamente su compromiso con el electorado que lo eligió para este cargo, él, igual que muchísimos otros funcionarios que obtuvieron responsabilidades a través del voto electoral, abandonó ese compromiso para satisfacer sus ambiciones políticas personales.
Sin embargo, que Fuentes ahora sea abanderado de MORENA significa un cambio de convicciones ideológicas y políticas, derivado de la afiliación al partido que antes era su adversario, lo cual es patético, como lo muestran los videos que circulan en referencia al uso que hizo tiempo atrás de la tribuna del Senado, donde exhibió verbalmente las contradicciones de quienes hoy son sus aliados.
Por otra parte, está el caso de la complicidad de la dirigencia de MORENA con Salgado Macedonio, lo cual pinta de cuerpo entero la calidad moral de nuestros políticos, que actúan como el “cártel del poder”. Protegen a Salgado Macedonio y pasan por encima de las víctimas. Se está protegiendo el derecho político de Salgado Macedonio a ser nominado candidato y se vulneran otros derechos.
Ahora se escudan, igual que siempre, en la verborrea que atribuye las acusaciones de las víctimas a un complot, como declaró la secretaria del partido, Citlali Hernández, quien señaló que “la derecha se monta en un tema de género para golpear políticamente”. Sin embargo, ella no se atrevió a reconocer que pudiera tratarse “de fuego amigo” que llega por parte de una importante familia guerrerense colocada hoy entre la élite de MORENA. Recordemos que uno de sus miembros contendió contra Salgado Macedonio por la candidatura y si este fuese bajado de la contienda, él sería seguramente el candidato.
A final de cuentas, si esta suposición fuese válida, esto podría considerarse un “pleito de familia” entre morenistas. Sin embargo, la secretaria general de MORENA quiere capitalizar este escándalo para culpar a sus adversarios políticos. La misma cantaleta de siempre.
Sin embargo, más allá de los intereses que pudieran estar detrás del caso Salgado Macedonio, existen denuncias judiciales que deben ser desahogadas. Además, esto, según la ley electoral, es un impedimento para que alguien señalado por algún delito se registre como candidato.
Este es el problema de siempre; a cambio de una oportunidad política algunos traicionan su compromiso con su género.
Qué pena que una mujer inteligente como Citlali Hernández hoy que tiene una posición de poder no sepa ponerse del lado de la justicia, ni de la lucha de su género en contra del abuso y la violencia.
Dejando de lado los dos ejemplos de la baja calidad moral en el modo de ejercerse hoy la política, podríamos concluir que hay muchos retos que afrontar para evitar que se sigan vulnerando los derechos del electorado frente a las ambiciones de quienes reciben un cargo de elección popular y lo capitalizan como un botín personal.
El gran riesgo es que después de las elecciones federales de junio de este año, cuando los legisladores asuman el cargo, entonces empiecen a ser cooptados por las bancadas de otros partidos diferentes al que los apoyó para llegar al Congreso y a partir de ahí se consume el fenómeno del “chapulineo”, traicionándose de este modo la confianza de los electores, quienes votaron por el candidato y de modo indisoluble por el partido que los postulaba.
También existe el préstamo de legisladores entre partidos afines para obtener algún beneficio para la bancada, lo cual representa un abuso a la confianza del electorado.
El IFE y el TRIFE deben evitar los abusos de confianza de la clase política, pues la desbandada de los chapulines en el Congreso, quienes “venderán caro su amor y lealtad”, representa corrupción. La migración de una bancada a otra significa votos comprados a fin de facilitar que una ley termine siendo aprobada.
No olvidemos que quien vota por un candidato a legislador lo hace teniendo como referencia al partido que lo postula y con la expectativa de la línea ideológica que respalda a este instituto político.
Por tanto, cambiar de partido mientras están en el periodo para el cual fueron elegidos, significa el riesgo de entregar su apoyo en contra de las expectativas de cada uno de los electores que le dieron su voto. Esto equivale a considerar que se roban el voto y se lo llevan al adversario de quien lo otorgó.
Por tanto, IFE y TRIFE deben impedir que se consume este abuso en contra de los derechos del electorado, así como también promover la cancelación de las licencias para que quien está en un cargo de elección popular y pretenda competir en otra elección, no pueda regresar a su posición anterior si es derrotado.
Los derechos de los electores deben estar por encima de los de los funcionarios públicos.
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