El tema de la revocación de mandato tiene graves implicaciones y consecuencias para la gobernabilidad de nuestro país, pues es mucho más que una consulta popular como fue la anterior, efectuada el primero de agosto de este año.

Si llegase a aprobarse la ley reglamentaria para la consulta sobre revocación de mandato, debe considerarse inconstitucional su aplicación para modificar las condiciones de la temporalidad del gobierno del presidente López Obrador, pues como dice Luís Carlos Ugalde, expresidente del IFE, las leyes no son retroactivas y por tanto, ésta no debe aplicar para un gobierno vigente, pues de hacerse implicaría modificar las condiciones de una decisión ciudadana que en la elección del 2018 le dio al candidato López Obrador un mandato constitucional por seis años.

Difícilmente la SCJN podría avalar la constitucionalidad de un principio jurídico tan elemental como lo es la “no retroactividad” de las leyes.

Más bien aplicaría a partir de la elección del 2024.

Es precisamente en este impacto futuro que debiésemos centrar la discusión pública.

La fuerza jurídica de la revocación de mandato, si se aprobase en el Congreso, impactaría en la práctica cotidiana a la gobernabilidad.

Si bien nuestro modelo electoral seguiría siendo de mandatos presidenciales de seis años, al introducir esta variable, para efectos prácticos se partiría el sexenio en dos trienios, pues la consulta popular tendría para el ciudadano el mismo significado que una elección que permitiría reelegir al presidente en funciones para un siguiente periodo de otros tres años. Para efectos prácticos equivaldría a una elección en que el presidente en turno competiría contra sí mismo, contra su desempeño en el trienio anterior y la percepción ciudadana de él.

Este hecho generaría condiciones difíciles para la toma de decisiones, las cuales impactarían al ejercicio de gobierno de forma determinante, pues se generaría primeramente una visión de corto plazo, mucho más acentuada que la actual, pues el gobernante en turno asumiría una actitud complaciente con la opinión pública para tener su aprobación en la consulta intermedia de revocación de mandato y así poder cumplir el periodo para el que fue elegido.

Hoy más que nunca queda claro que la política y la administración pública ya no son lo mismo, pues la política persigue como fin interpretar los deseos de la sociedad y la administración pública debe tener como objetivo la eficiencia, para generar resultados.

Al igual que los médicos para curar al paciente deben tomar decisiones correctas aún y cuando representen una incomodidad para éste, el funcionario público debe hacer lo correcto en beneficio del país, pues esa es su responsabilidad y no debe estar sometiendo sus decisiones especializadas, respaldadas en conocimientos, experiencia e información del contexto, a las opiniones superficiales de quienes no tenemos cómo sustentarlas de modo objetivo.

Por tanto, para poder lograr resultados quien gobierna al país debe tomar las decisiones correctas, sin la presión subjetiva de tener que buscar el aplauso público.

Es muy probable que la consulta de revocación de mandato, si es aprobada por el Poder Legislativo, en el futuro genere fuertes presiones psicológicas en los funcionarios durante la toma de decisiones en cada asunto importante para el país. Ningún alto funcionario querrá tomar decisiones que puedan ser cuestionadas por su impacto, por el presidente en turno.

Cada presidente y su gabinete, en este contexto tendrían que anteponer la aprobación pública por encima de lo que conviene a México y por tanto, veremos decisiones importantes y necesarias pero impopulares, que serán postergadas de un gobierno al siguiente, así como obras de relumbrón construidas antes que las de importancia estratégica. La prioridad será la popularidad antes que la eficiencia.

 Además, veríamos inestabilidad social y política, pues el contexto durante todo el sexenio será de lucha electoral adelantada, con zancadillas políticas, campañas sucias y como resultado una administración pública sin visión de largo plazo, pues su atención y esfuerzo estarán orientados a superar la prueba que representa la consulta para la revocación de mandato.

En la experiencia de los mexicanos los sexenios se componen de cuatro años dedicados a la construcción del proyecto de país, para generar resultados, y dos años perdidos, que son el primero, que tradicionalmente era el del aprendizaje del equipo y el último, el de la guerra electoral.

Ante el panorama de esta consulta, que representa ser una cuña que define dos difíciles trienios, el primero matizado por los retos de esta auscultación ciudadana y el segundo, el de la contienda electoral para la renovación de equipos. ¿Cuándo se tomarán las decisiones difíciles pero necesarias?

La aprobación legislativa de la figura jurídica de la consulta nos llevaría al fortalecimiento del populismo como una cultura dominante en la política mexicana.

POSDATA

Ser fuereño dentro de nuestro país es peligroso.

La agresión a José Eduardo Ravelo, originario de Veracruz, por cuenta de policías de Mérida simplemente “por actitud sospechosa”, muestra lo peligroso que es ser fuereño en nuestro propio país. Fue torturado y violado de tal forma, que falleció en el hospital. Esto sucedió cuando él explicara que era originario de otra entidad federativa y estaba en busca de una oportunidad laboral.

Ser fuereño y no estar en una zona turística, en todo México parece representar una invasión para los moradores locales y a su vez, una exhibición de vulnerabilidad que genera impunidad frente a una extorsión o agresión.

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