La Cámara de Diputados primero, y la de Senadores después, acaban de aprobar la propuesta de la bancada de MORENA para el retiro de 33 mil millones de pesos del presupuesto que debe ejercer en 2021 el denominado Fondo Nacional para el Bienestar, que sustituyó al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, que está ubicado dentro del Sistema de Protección Social en Salud.
El Senado evaluó el dictamen de las comisiones de Salud y Asuntos Legislativos para adicionar un párrafo al artículo 77 Bis 17 y reformar el párrafo segundo del artículo 77-Bis 29 de la Ley General de Salud.
Este fideicomiso, denominado Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, fue creado para otorgar servicios médicos de alta especialidad a los beneficiarios del Seguro Popular cuando padecieran alguna de las 66 enfermedades de altísimo costo que estaban incluidas en el catálogo de este sistema de seguridad social.
Por tanto, tenía como objetivo respaldar económicamente el tratamiento de muchas enfermedades caras, como son muchos tipos de cáncer, incluidos los que aquejan a la niñez, así como problemas cardiacos, el VIH, algunas enfermedades degenerativas, entre otros padecimientos más, que se atienden en los hospitales de alta especialidad del sector salud.
Sin embargo, el Seguro Popular fue sustituido por el INSABI y este fondo, incluido en el anterior, ha sido despojado durante los últimos días de este presupuesto, consistente en 33 mil millones de pesos, para utilizarse en otros rubros que no tienen que ver con medicina de alta especialidad, incluso aunque llegase a administrarse desde el sector salud.
Mientras no se etiqueten con claridad estos recursos hacia este tipo de enfermedades carísimas y con alto riesgo de mortandad si no se atienden oportunamente, este dinero terminará lejos de su objetivo original.
Además, el Fondo Nacional para el Bienestar sigue sin reglas claras de operación y sin un catálogo específico que defina enfermedades a atender, como el que tenía el Seguro Popular.
Sin embargo, primero se despojó a este fondo de 40 mil millones de pesos durante la definición del presupuesto que está aplicando este año.
Con toda seguridad esta es la razón por la que los niños con cáncer este año no han recibido con oportunidad las medicinas necesarias para su tratamiento. Es imperdonable que por falta de estos recursos económicos estén falleciendo infantes. ¿Quién asumirá la responsabilidad por estas muertes?
Sin embargo, en la última semana de octubre del 2020 se tomaron los otros 33 mil millones, con lo cual ya suman 73 mil millones de pesos que se le han retirado de la medicina de alta especialidad durante este sexenio que apenas va a cumplir dos años.
¿Quiénes serán afectados por esta reducción presupuestal?… Definitivamente la gente más vulnerable de México, o sea quienes no tienen un servicio médico como IMSS, ISSTE y otros similares y por ello, deben asistir a los servicios públicos de salud.
La salud debiese ser uno de los rubros prioritarios de todo gobierno, pues de ello depende la vida de los mexicanos que viven momentos críticos. No atender médicamente a un enfermo de una dolencia peligrosa, equivale a dejarlo a su suerte, poniendo en riesgo su vida.
El diputado federal del PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba define que “Se calcula que anualmente, de dos a tres millones de familias mexicanas incurren en gastos catastróficos por motivos de salud que con frecuencia provocan su empobrecimiento. Dichos hogares anualmente incurren en gastos catastróficos al destinar más de 30% de su ingreso familiar disponible a gastos en salud. Sin embargo, también impacta en aquellos hogares en donde el gasto de bolsillo, que aun sin ser catastrófico, puede ser causa directa de empobrecimiento”.
La responsabilidad del gobierno mexicano es proteger a la población vulnerable y la salud, es fundamental. Sin embargo, el gobierno de la república hoy tiene otras prioridades.
Para entender la magnitud de lo que significa poner en riesgo la vida de miles de mexicanos que se verán afectados por este recorte presupuestal, mencionaremos el presupuesto que sí ejercerán durante 2021 tres megaproyectos: el Tren Maya tiene asignado un presupuesto de 36,287 millones de pesos; la compra de acciones o inversiones diversas para PEMEX, 47,534 millones y el aeropuerto de Santa Lucía 21,314 millones.
Es incongruente que la bancada en ambas cámaras del partido que dice tener como prioridad a los pobres, sea insensible frente a un derecho tan elemental y básico como lo es la salud y la vida.
Quienes tengan contratados seguros de gastos médicos mayores, o simplemente posean los recursos económicos para pagar los gastos médicos catastróficos como es el caso de los legisladores, podrán luchar por recuperar su salud. En contraste, la gente sin capacidad económica quedará desprotegida. Esto sí es una injusticia social. Es la inequidad presente en la demagogia política.
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