Dos de los principales fines de un gobierno democrático son aplicar la justicia a pobres y ricos, a enemigos y amigos, y castigar la corrupción en el manejo de los recursos fiscales, sin favorecer a quienes militan en el mismo partido o comparten ideología y cargarles la mano a los que critican sus acciones.

Una característica de las dictaduras es darle un carácter político a la justicia y a la corrupción: todo acto que debilite a mi gobierno es injusto, ilegal y corrupto, y todo a aquel que lo fortalezca es justo y legal.

Un mismo acto, cometido por alguien calificado como enemigo por el gobierno, como dar y recibir dinero en efectivo para un candidato o partido, sin contabilizarlo, es catalogado como corrupto e ilegal; pero si el beneficiario es una persona, movimiento o partido afín al gobierno, denominan a esa misma acción como una contribución a una causa justa.

Hitler creó una policía cuya finalidad era investigar a quienes criticaban a su partido y adjudicarles algún delito a los críticos para terminar con la oposición.

Por ahora es una exageración decir que López Obrador ya tiene su Gestapo, pues no ha creado una policía para ese fin, pero sí ha ordenado a las autoridades competentes, ya existentes, investigar y tipificar como delitos acciones de críticos y de la oposición, como también hicieron en diferente grado algunos de los gobiernos priistas. Hay presiones a periodistas y a medios de comunicación que critican al gobierno. Los amenazan con reducirles sus ingresos y presionarlos fiscalmente, si no vetan en sus páginas o programas a determinados críticos.

Todavía en México tenemos una libertad de expresión que no existió en la Alemania de Hitler, la URSS de Stalin, La China de Mao, ni existe en la Cuba de la familia Castro o en la Venezuela de Chávez-Maduro, donde hay destierro y cárcel para opositores, clausuras y expropiaciones de periódicos, radiodifusoras y televisoras por criticar al gobierno.

En México todavía no llegamos a esos extremos, pero ya el actual gobierno empieza a utilizar a sus autoridades, investigadoras de delitos, con un criterio político para preservar su poder, desalentar las críticas a sus errores, y a utilizar a corruptos, como Lozoya, para desprestigiar a opositores.