Las políticas económicas públicas son un conjunto de directrices en materia económica, cuyo cumplimiento es coercitivo mediante leyes y reglamentos.

Algunos profesores las consideran lógicas y viables, otros las tachan de absurdas; pero, independientemente de lo que opinen los estudiosos sobre su bondad o inutilidad, solo si las adoptan los legisladores o gobernantes de un país para convertirlas en leyes que guíen la actividad económica, para bien o para mal, son políticas económicas.

LOS FINES DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Las políticas económicas no deben juzgarse por los buenos deseos de quienes les dan obligatoriedad y vigencia, sino por sus resultados reales.

Una política económica, basada en la buena fe de los legisladores y gobernantes, puede decretar un impuesto de un 90% a las ganancias que superen un millón de pesos mensuales, con el objetivo de redistribuir esa riqueza entre los que tengan ingresos menores a los 5,000 pesos mensuales, pero sus resultados serán diferentes o hasta contrarios a los esperados por los legisladores, que buscan redistribuir la riqueza de los que ganan mucho entre los que menos ganan.

Al quitarle a los que tienen más para dar a los que menos tienen, se reducen los incentivos a los que más ganan para producir, ahorrar e invertir.

Al final los resultados serán, no sólo basados en la experiencia, también en la lógica económica, menos producción y reinversión entre quienes más producen. No es fácil reconocer esos efectos, porque los fines deseables o teóricos de las políticas económicas, y no sus resultados reales, son frecuentemente los factores más importantes para su aceptación social y aprobación como leyes