Señales ominosas: Con el uso de las Fuerzas Armadas, la administración federal expropió de facto tres tramos ferroviarios a Ferrosur, compañía perteneciente a Grupo México Transportes, mediante un decreto publicado el viernes pasado en el Diario Oficial de la Federación, y como una señal más de intervencionismo, existe la intención del gobierno de “regular” (manipular) el mercado nacional del maíz.
La “ocupación temporal” de los tramos fue realizada a favor de la empresa estatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, como parte de la plataforma logística multimodal a cargo del Corredor Interoceánico que conecta a los puertos de Coatzacoalcos (en Veracruz) y Salina Cruz (Oaxaca).
Tal decreto hace referencia a diversas leyes, entre ellas la de expropiación, que permite al gobierno tomar el control de activos privados a cambio de una compensación, y establece que las indemnizaciones correspondientes por la “ocupación temporal” deberán hacerse a valor de mercado.
Las autoridades han manifestado su intención de que esa infraestructura sea una “competencia” al Canal de Panamá, en un proyecto que es considerado estratégico por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien justificó la medida argumentando que es un asunto de “seguridad nacional”.
El jefe del Ejecutivo estableció, además, que es fundamental tener el control y la administración de todas las líneas ferroviarias que conforman el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, incluyendo los tramos expropiados a Ferrosur.
Sin eufemismos: más allá de tecnicismos legales, lo hecho a esa empresa económicamente es una expropiación violenta que despojó a los socios de sus inversiones en una especie de secuestro de su infraestructura para obligarlos a aceptar lo que el gobierno les quiera dar como indemnización. Un tipo de cobro de “derecho de piso” o una amenaza al estilo del crimen organizado: “plata o plomo” o “aceptas lo que te quiera dar o no te doy nada”.
Horas después de las declaraciones del primer mandatario, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, negó que se tratara de una expropiación aclarando que se trataba de una “ocupación temporal”. No obstante, el carácter temporal puede ser permanente.
Hubo conversaciones con la empresa antes del decreto presidencial, pero no se llegó a un acuerdo, dijo el funcionario, quien no descartó que pueda haber un “arreglo” pronto y que ese tramo pase al dominio del Estado mexicano (con la empresa teniendo la “bota en el cuello”, literalmente).
Como le digo, mientras no se defina y establezca –de entrada– cuánto tiempo durará la ocupación temporal, puede ser para siempre: una expropiación de hecho.
Gustavo Uruchurtu, panelista del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y exnegociador del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), lo explica así:
“El presidente ha dicho que esto no es una expropiación, sino que es una ocupación temporal, pero hay que tomar en cuenta que en materia de inversión extranjera se manejan dos conceptos: la expropiación directa propiamente y la expropiación indirecta, que es equiparable a la expropiación porque se adoptan acciones en donde se ve afectada la inversión, la pérdida de dinero, la pérdida de la utilización de la inversión… Entonces yo creo que en este caso podríamos estar en presencia de una expropiación indirecta”. Y así es.
Intervencionismo rampante
Otra señal económica ominosa del gobierno mexicano es su intención de regular el mercado del maíz y obligar a los grandes comercializadores a comprar la producción de agricultores locales, con el objetivo de aliviar las crisis de los precios internacionales.
El diario El Economista dio cuenta de que a inicios del mes los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, y de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador para hablar al respecto.
Ahí, el sinaloense le habría pedido al presidente hacer un llamado a los compradores de maíz para que se solidaricen y adquieran el grano a “precios justos”.
El jefe del Ejecutivo habría dicho que su administración podría conseguir 30,000 millones de pesos en maíz para obligar a los comercializadores a comprarle al gobierno, aunque aclaró que no quiere tomar esa medida porque la idea no es entrar a una estatización.
Como quiera, lo que es un hecho es que López Obrador instruyó ya a la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, para cancelar la importación de maíz blanco imponiendo un arancel de 4,000 pesos, de tal manera que se termine pagando 8,000 pesos por cada tonelada que se quiera traer del exterior.
Lo peligroso y grave de este asunto es que el gobierno se está manejando mediante ocurrencias y decretos, buscando que los grandes compradores adquieran el producto a los precios que le parezcan “justos”, lo que provocará sí o sí una mayor inflación al mismo tiempo que envía una pésima señal a los inversionistas en el peor momento.
Es en verdad delicado lo que está sucediendo, con el intervencionismo a todo lo que da en la última parte del sexenio, y esa es la peor muestra que puede darse, porque nuestro motor económico – Estados Unidos- se encamina hacia una recesión y el presidente López Obrador va a dejar a nuestra economía pendiendo de alfileres.
Ya de por sí es seguro que sufriremos una grave crisis, y este tipo de decisiones la hará todavía más grave y profunda, mientras por culpa de un tipo de cambio sobrevalorado, la mayoría de la gente ni siquiera la ve venir.
