El segundo piso de la 4T no iniciará a partir de cero, sino con una lista de pendientes que el presidente López Obrador está heredando a su sucesora.

Primeramente, está el tema económico del que tanto se ufana el presidente López Obrador, acreditándose para su gobierno grandes logros, -como lo son las actuales reservas del Banco de México-, que suman más de 220 mil millones de dólares.

En realidad, se están endosando al nuevo gobierno compromisos económicos que detonarán en el futuro, pues hasta hoy los datos han estado maquillados y otros han sido ocultados en una gran política de opacidad. Seguramente esta opacidad explica la aversión que el presidente López Obrador siente por el INAI.

Muestra de esto es el tema del Fondo de Pensiones para el Retiro, -que si ya era un problema financiero antes de las nuevas disposiciones y reformas-, ahora serán impagables, puesto que no está garantizado el origen de los recursos futuros para cumplir estos compromisos.

A partir del primero de mayo de este año, -en que el presidente firmó el decreto que garantiza las pensiones para el retiro al 100 por ciento-, y se publicó en el DOF, se pasó de la demagogia de las buenas intenciones y las promesas alegres, a un compromiso jurídico del gobierno federal para con los mexicanos.

Ni qué decir de un PEMEX quebrado que ya no aporta recursos al país como lo hizo en el pasado, sino que lo obliga a asumir compromisos financieros cuantiosos y con poca posibilidad de un buen futuro, en un mundo que rechaza las energías fósiles y se mueve hacia las energías limpias y renovables. Son los paradigmas ideológicos los que soportan el apoyo gubernamental a PEMEX y no los análisis de factibilidad financiera y de mercado.

Sin embargo, el pendiente urgente y más sensible para los mexicanos es el tema de la seguridad cotidiana.

El asunto relativo a los grandes capos del narcotráfico ya sabemos que el gobierno norteamericano lo tiene como prioridad y no lo soltará a pesar de lo que pueda decir el gobierno de México. La reciente captura del Mayo y el Chapito lo confirman.

Sin embargo, la violencia doméstica ejercida sobre la población por cárteles locales es lo que más lastima a la sociedad mexicana y donde la insensibilidad del actual gobierno frente a las tragedias, es vergonzosa e indigna.

Una FGR ausente, que deja un gran vacío en el combate al crimen organizado. Su ineficiencia es tal que ni siquiera puede sustentar conforme a derecho las acusaciones contra los delincuentes, y por tanto, pone a las autoridades del Poder Judicial en posición comprometida, que incluso a veces culmina con la liberación de los acusados por falta de pruebas contundentes.

Además, una Guardia Civil decorativa, que simplemente hace acto de presencia, pero no resuelve conflictos.

¿Y el Ejército?…  está ocupado en actividades que no son de su incumbencia, como la construcción de obra pública, administración de aeropuertos, ferrocarriles, complejos turísticos y otros encargos más. Ésto contraviene al Artículo 129 de nuestra Constitución, que dice “en tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.

Evidentemente este artículo constitucional, -referente al concepto “tiempos de paz”-, alude a la circunstancia de que México no esté en conflicto bélico con algún país extranjero. Sin embargo, al interior del país hoy existe un conflicto militar con grupos de la delincuencia organizada que tienen armamento bélico que rebasa en peligrosidad al utilizado por las autoridades civiles.

Hoy el “pueblo” se ha convertido en víctima constante de grupos de la delincuencia organizada que cobran “derecho de piso” y recaudan sus supuestas deudas violentamente, llegando no sólo a la agresión física, sino al homicidio, secuestros, desapariciones de personas, reclutamiento forzado de jóvenes por parte de estos grupos criminales, los desplazamientos forzados de poblaciones enteras, los ataques armados sobre poblados y muchas otras agresiones sobre la ciudadanía, que ponen en evidencia la existencia de regiones donde gobierna el crimen organizado y las autoridades legítimas son incapaces de poner orden.

Si los grupos delincuenciales han crecido durante este sexenio que finaliza, -poniendo en riesgo la “seguridad nacional”-, es por una actitud indolente, omisa e irresponsable de quienes debiesen combatir la inseguridad. 

Este es el pendiente más grande que deja a su sucesor el gobierno del presidente López Obrador.

La reunión que tuvo el presidente con el próximo secretario de seguridad pública federal, Omar García Harfuch, seguramente fue para darle recomendaciones o instrucciones, lo cual pareciera ser un indicador del reconocimiento de la peligrosidad del legado que está dejando a la presidenta Sheinbaum.  

EL INE Y VENEZUELA

Corina Machado, -quien lidera a la oposición venezolana-, solicitó al Instituto Nacional Electoral de México, revisar y calificar las actas de las elecciones presidenciales de Venezuela. Evidentemente el presidente López Obrador se niega a que México participe directamente en este conflicto con este tipo de servicios, pues de verificarse el fraude que organizó Nicolás Maduro, la presión internacional le exigirá dejar el poder al candidato ganador, Edmundo González.  Sin embargo, Maduro es un fiel amigo de la 4T.

Esta simple petición debiese representar un orgullo para México, pues es el reconocimiento de que nuestro país a lo largo de los años de neoliberalismo construyó una institución sólida y fuerte para garantizar nuestra democracia. Por ello será un reto futuro defender su independencia de los intentos de control que puedan seguir existiendo desde el Poder Ejecutivo.

SIMPLE SIMULACIÓN

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, JUFED, anunció que considera hacer un paro de labores por la simulación que resultaron ser los “Diálogos Nacionales sobre la Reforma Judicial”.

Si a esto añadimos la declaración del diputado Ignacio Mier, respecto a que la Reforma Judicial se hizo necesaria a partir de que se impidió la ratificación del ministro Arturo Zaldívar en la presidencia de la SCJN por otro periodo más, queda claro que esta pretendida reforma se fraguó como una venganza. Pone en evidencia que esta reforma no es mas que eso… una represalia contra un poder incómodo.

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