Últimamente ha habido declaraciones del presidente de la república que debiesen alertarnos.

Si bien no han sido contundentes y claras, si nos dejan entrever que vería con simpatía la instauración de la “pax narca”.

La pax narca significa la búsqueda de la disminución de la violencia a partir de que en cada región, -donde hoy se está viviendo una lucha violenta entre las bandas delictivas que pretenden el control de cada una de las plazas-, se logre la consolidación indiscutible de una de ellas como la líder y esto disminuya el alto índice de asesinatos y enfrentamientos violentos.  

La tolerancia gubernamental hacia los cárteles parece haber sido una práctica común durante los gobiernos priístas del siglo XX, hasta que el presidente Felipe Calderón iniciara la lucha frontal contra el narcotráfico.  A partir de esa época se desintegraron los liderazgos de los principales cárteles, para dejar en su lugar luchas internas por el poder y la confrontación entre gente cada vez más violenta y cruel.

Por tanto, la denominada “pax narca” permitió a los gobiernos del siglo XX mantener el control total de la actividad delictiva que estaba focalizada totalmente en el narcotráfico. Eran los tiempos en que México era simplemente un país de tránsito de la droga sudamericana, de camino hacia la frontera con Estados Unidos. Sin embargo, hoy México es un mercado consumidor, como lo muestra la violencia generada por el narcomenudeo, específicamente la disputa por el control de las zonas y su mercado.

Sin embargo, con desconocimiento total del modo en que el mundo ha evolucionado durante los últimos años, -y con ello también el crimen organizado-, parece ser que este gobierno pretende repetir el modelo de la “pax narca” y por ello se niega a enfrentar con contundencia y todo el poder del Estado Mexicano a la delincuencia. ¿Estará esperando pacientemente a que en cada región se nulifiquen los cárteles entre sí y surja uno de ellos como ganador, con el cual negociar?

La mala noticia frente a esta posible expectativa gubernamental es que esa ya no es una opción, pues las bandas del crimen organizado ya no operan únicamente en el narcotráfico, como las de antes. Las de hoy se han diversificado y se han convertido en verdugos de la sociedad.

Los cárteles de hoy lo mismo exportan droga que operan el tráfico de migrantes hacia Estados Unidos. También se han convertido en tratantes de mujeres para el comercio sexual, además de practicar el cobro de piso a pequeños comerciantes, la extorsión, secuestro y huachicoleo. Además, se han convertido en controladores de algunos mercados, como ha sucedido en Michoacán con la siembra de aguacate y limón y proveedores de obra pública y servicios con precio inflado para muchos municipios.

Pero lo más grave es que se han convertido en protagonistas de la vida política, imponiendo candidatos e impulsando alcaldes y gobernadores en algunas zonas del país, a los cuales seguramente controlan totalmente cuando asumen el cargo.

El perfil del crimen organizado en la época de los gobiernos priístas del siglo XX era de subordinación a las autoridades legítimas y respeto a las instituciones. El de hoy es un poder paralelo al Estado Mexicano, con ejército propio e intereses políticos.

Por ello, al considerar permitir la instauración de la “pax narca”, -con bandas empoderadas que imponen gobernantes-, este gobierno se percibe ingenuo e idealista… o quizá perverso.

Cada día que pasa más gente se integra al crimen organizado. Hay quienes estiman en 150 el número de bandas delictivas que operan en México. Esta cifra quizá sea un número conservador.

Las muestras, -no sólo de tolerancia-, sino de simpatía del presente gobierno por el cártel de Sinaloa, son inocultables.  Es innecesario recordar acontecimientos que describen esta simpatía, pues están plasmados en videos que circulan en la WEB.

Los mensajes mediáticos de respeto a los derechos humanos de los criminales, -que ha externado el presidente López Obrador en las mañaneras-, pareciera ser que llevan un mensaje de acercamiento que hace innecesario el formalizar un pacto directo, lo cual sería muy desafortunado y comprometedor jurídicamente para su gobierno.

No debemos olvidar que donde hubo más injerencia del crimen organizado, -durante los procesos electorales del 2021 y 2022-, el partido triunfador fue MORENA.

Casualidad o no, esta circunstancia podría dar una pista del por qué ha habido impunidad respecto a la intervención del crimen organizado en las elecciones recientes y por qué se mandan estos mensajitos afectuosos de respeto y consideración a los derechos humanos de quienes forman parte de la delincuencia organizada.

La pax narca significa concesionar el monopolio del control absoluto de una región al grupo delictivo que garantice al partido en el gobierno el triunfo electoral en las próximas elecciones. ¿Será este el objetivo real de tantos mensajitos afectuosos y de acercamiento con el crimen organizado?

¿A usted qué le parece?

VIOLENCIA POLICIACA

Cada vez se presentan con mayor frecuencia reportajes sobre violencia policiaca en contra de ciudadanos vulnerables. Esto se está volviendo cotidiano en los noticieros televisados. La indignación pública es total pero después de la difusión de las imágenes y una ambigua y tibia declaración de los ayuntamientos de hacer justicia, todo sigue igual y en la impunidad, propiciando que se repitan estas conductas delictivas policiacas por falta de acciones contundentes por parte de las autoridades.

Definitivamente hay total responsabilidad de los tres órdenes de gobierno en la violencia policiaca. Primeramente, por la falta de protocolos obligatorios en la detención de personas. Falta de capacitación policiaca. La inexistencia de estudios psicométricos para filtrar la contratación de personal y por último, ausencia de castigos ejemplares en contra de los torturadores. Por tanto, la violencia policiaca es responsabilidad total y absoluta del Estado Mexicano.

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Fotografía del perfil de R. Homs: es de David Ross