El evento conmemorativo de la promulgación de la Constitución de 1917, -el cual se llevó a cabo el pasado cinco de febrero-, marcó con claridad el inicio de una nueva era para la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En este día, se definió la independencia del Poder Judicial respecto al Poder Ejecutivo. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, -Norma Piña-, reivindicó frente al presidente de la república la división de poderes y el alcance de cada uno de ellos.

No es lo mismo colaboración que sumisión. Esto a su vez es una buena noticia para la preservación de una democracia saludable, -hoy acosada desde el Poder Ejecutivo-, que pretende tomar control del INE, -sin ningún pudor-, ni siquiera cuidando las formas.

Sin embargo, esta independencia también ofrece una oportunidad de realizar, -desde adentro del mismo Poder Judicial-, las reformas urgentes que necesita este país para garantizar una justicia expedita y al alcance de todos los mexicanos, sin importar su condición económica, social y educativa.

El rezago es evidente. No se están utilizando los grandes recursos que hoy ofrece la tecnología porque no ha habido voluntad política de hacerlo; sólo se habla de justicia desde la perspectiva populista y demagógica.

Hoy sabemos que la impunidad de los delitos rebasa el 95% y que además, la mayoría de los mexicanos no confía en las autoridades, -principalmente en el ministerio público-, y por ello no denuncia.

Las injusticias nacen desde la estructura misma que persigue el delito, o sea, policías y ministerios públicos.

Además, -aparte de la falta de confianza en el sistema de procuración de justicia-, existe un resentimiento colectivo que ha llevado a nuestra sociedad a evidenciar su rechazo a la autoridad moral de las instituciones del Estado Mexicano.

Nunca antes habíamos visto que la delincuencia organizada provoque a las Fuerzas Armadas, -e incluso-, los pobladores de muchas comunidades las expulsen de su territorio de forma humillante, frente a la impasibilidad de los altos mandos, que se resisten a ejecutar las acciones punitivas que la Constitución prevé para que las instituciones gubernamentales preserven la paz social.

Desde el mismo momento en que el gobierno no ejecuta las acciones que son de su responsabilidad, para proteger a la población civil, -justificándose en argumentos demagógicos de tipo ideológico-, está burlando a nuestra Constitución.

Sin embargo, basta con echar una ojeada a la currícula de la ministra Piña para descubrir que posee, -tanto la visión académica y la formación profesional en la jurisprudencia-, como una larga trayectoria en el ámbito de la impartición de justicia, lo cual le permite conocer la operación cotidiana de los juzgados y de todo el aparato organizacional de las fiscalías estatales, así como la del ámbito federal.

Acciones tan simples como podría ser castigar con cárcel la utilización de la mentira en el ámbito judicial, policiaco y de impartición de justicia, podría tener gran impacto.

Castigar la utilización de la mentira por parte de los funcionarios públicos, los abogados y los ciudadanos-, tendría un alto impacto, pues los policías que mienten, siembran pruebas o rinden falsos testimonios ante el ministerio público, -para extorsionar a ciudadanos-, terminarían en la cárcel y además despedidos y sin posibilidades de entrar a ninguna otra corporación, así como todos los funcionarios adscritos a los ministerios públicos y a todos los juzgados.

La mayoría de los expedientes judiciales contienen no sólo inexactitudes, sino mucha ficción. Sin embargo, seguir permitiendo ésto puede privar de su libertad a gente inocente, así como liberar a delincuentes peligrosos, asesorados por un abogado eficiente.

Otra de las acciones simples para mejorar la calidad de la impartición de justicia, es restar valor determinante a las confesiones de los presuntos culpables, pues esto estimula la aplicación de la tortura. La confesión del incriminado simplemente debiese convertirse en un indicio, -o un indicador-, que debiese estar respaldado por otras pruebas.

¿Cuánta gente inocente está en prisión porque las autoridades, -para cerrar un caso-, inculpan a un inocente a quien le arrancan la confesión del delito a través de cualquier tipo de tortura o amenaza? De este modo las autoridades se evitan investigar y dan resultados inmediatos.

Otra acción a favor de la justicia debiese ser la instrumentación de un sistema informático, o digital, -de acceso público-, donde se concentren las primeras denuncias de las víctimas de un delito o sus familiares, cuando el agraviado esté ausente o incapacitado para presentarlas.

De este modo, -dejado el testimonio en un sistema central-, donde la información no pueda ser borrada o modificada por ninguna autoridad, quedará constancia de la denuncia y la fecha en que fue presentada. A su vez, como parte del proceso, la víctima tendría que ir a ratificarla ante un ministerio público, quien, -a partir de ese momento-, iría subiendo la información ampliada, -de modo tal-, que un sistema central pueda dar seguimiento al expediente y dar la alarma cuando no haya avances.

Mucho se puede hacer para erradicar los vicios tradicionales de nuestro sistema de impartición de justicia con ayuda de la tecnología de hoy, como lo es la utilización de técnicas de investigación sustentada en los avances de la psicología y las ciencias de la conducta, así como someter a pruebas de confianza a los funcionarios conforme sean promovidos a nuevos cargos.

Los grandes cambios se logran cuando hay un liderazgo fuerte, que sea capaz de remontar los intereses de quienes se benefician del modelo actual.

El carácter y la determinación de hacer lo correcto que ha estado demostrando la ministra Piña a poco más de un mes de haber asumido la presidencia de la SCJN y la titularidad del Consejo de la Judicatura Federal, nos permiten tener esperanzas de cambios radicales en el sistema de impartición de justicia, que hoy demanda urgentemente la sociedad mexicana.

INDELICADEZAS

La declaración del presidente López Obrador reivindicando haber sido él quien permitió a la ministra Norma Piña llegar a presidir la SCJN, fue una gran descortesía hacia ella, pero colinda con la ofensa para el resto de los ministros de la Suprema Corte. Fueron sus compañeros ministros los que optaron por nombrarla a ella. Sin embargo, los dichos del presidente, -expresados en tono irónico al estilo presidencial-, representan una falta de respeto a la vida interna de la institución y a su autonomía, consignada en nuestra Constitución. Debemos reconocer que este comentario aparentemente coloquial durante la “mañanera”, llevaba un mensaje claro para la ministra Piña, para hacerle sentir que ella está en deuda.

No hay duda ni otras posibles interpretaciones… Lo dicho… ¡dicho está!

PREOCUPANTE RESPUESTA

La declaración de nuestro secretario de gobernación, calificando de injerencista la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación al caso “Tzompaxtle Tecpile y otros”, y el cuestionamiento que esta institución dirige, -respecto a la figura del arraigo y la prisión preventiva-,  muestra, -o desconocimiento de las responsabilidades del Estado Mexicano frente a los organismos internacionales -, o una nueva visión de este gobierno respecto a la política exterior.

Recordemos que México forma parte, -de forma voluntaria-, de estos organismos, con los cuales ha asumido compromisos, sin que ésto represente un conflicto constitucional.

Es preocupante que quien aspira a gobernar México en el próximo sexenio haga declaraciones públicas sin sustento, respecto a nuestra política exterior.

México, -por la relevancia que tiene como país protagonista dentro de la comunidad internacional-, merece ser gobernado por un “estadista”, que tenga una visión integral, -tanto de la política interna-, como de la exterior. La improvisación en asuntos internacionales puede representar riesgos que pongan en entredicho la confiabilidad de nuestro país, -y ello-, tener repercusiones internas en el ámbito económico, frenando la inversión extranjera.

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