Hoy la justicia es la aspiración de todos los mexicanos, pero este gobierno la ha contaminado y prostituido para que sirva a sus propios fines políticos.

En estos cuatro años de supuesta moralización ya hemos visto lo que es “justicia con sabor a venganza”, como la que vivió Rosario Robles. Denunciar esta injusticia no la exime a ella de que, -si tiene cuentas pendientes-, que las pague. Sin embargo, el ensañamiento sádico, -brincándose los protocolos de la jurisprudencia constitucional -, ¡no tiene nombre ¡

Sin embargo, la “justicia con sabor a extorsión” la estamos viendo ahora en contra del PRI, para doblegarlo y obligarlo a que suelte el Estado de México en la elección para gobernador del 2023.

La justicia en estos tiempos se utiliza como arma electoral. Sin embargo, también se aplica como arma de negociación política, como ha sucedido con Alejandro Moreno y su gestión al frente del PRI.

Si por el lado jurídico no se lograse gran cosa, por lo menos la embestida mediática contra lo que queda de reputación del que fue el principal partido político de México, -durante décadas-, y a quien le deben su formación política el presidente López Obrador y la camarilla fundadora de MORENA, quedará dañada y vulnerable.

También existe la utilización de la justicia como “estrategia de distracción”, que es la que se ha instrumentado como parte de la revisión del caso Ayotzinapa, con el fin de borrar de la mente pública el terror de la semana negra en Chihuahua, Guanajuato y Jalisco, sin olvidar que Michoacán es un foco rojo de alerta. Incendios, bloqueos y asesinatos marcaron esa semana a partir del 10 de agosto pasado.

Si bien el tema Ayotzinapa es un asunto muy importante por tratarse probablemente de un “crimen de estado”, por la conjunción de autoridades: omisas unas, colaboracionistas otras y las que investigaron la escena del crimen parecían estar movidas por una aberrante perversidad para ocultar la verdad y dar a conocer una muy conveniente “a modo”, llama la atención la oportunidad del momento en que se detonó la investigación, a partir de la bomba mediática que fue la detención del ex fiscal Murillo Karam.

Este suceso se convirtió en tendencia y esfumó a todas las noticias referentes al crimen organizado, que es el dolor de cabeza de este gobierno.

No se puede negar que en los casos que se convierten en justicia contaminada de política generalmente existen indicadores de delitos cometidos, -o por lo menos-, de corrupción.

Sin embargo, el “cómo se aplican hoy los procedimientos jurídicos” representa un interés ajeno a los principios básicos del derecho y de la deseable justicia.  

Tomando como referente el caso Ayotzinapa podemos cuestionar la oportunidad del momento en que la bomba mediática se detonó, -de modo conveniente-, como apagafuegos. Ya ni recordamos la “semana negra”.

Si realmente se quiere saber qué sucedió en Iguala, el camino es someter a investigación a funcionarios militares que pueden estar involucrados, -como se está haciendo por primera vez con los 20 mandos militares y elementos de la tropa, -ya indiciados-, que en estos días han sido detenidos.

Sin embargo, además habrá que pedir información a la Secretaría de la Defensa, que es quizá el organismo más confiable del país en lo relativo a servicios de “inteligencia”, tanto por su disciplina, cobertura territorial y sistemas de investigación. Hoy se sabe que, de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, -uno de nombre Julio César López-, era militar infiltrado y en activo, cuya responsabilidad, -además de estudiar-, era reportar lo que sucedía en la escuela. Él debió haber reportado, -seguramente por WhatsApp o alguna otra aplicación-, por lo menos el inicio de la agresión, así como la ubicación física de su celular. Ahí hay mucho que investigar.

La justicia como venganza y peor aún, -como extorsión-, es la peor modalidad de la corrupción.

Nos han querido manipular desde este gobierno a partir de la narrativa que define que la corrupción sólo existe con fines económicos, a favor de un funcionario público o un grupo de interés.

Sin embargo, esta añeja modalidad de corrupción sólo nos roba dinero. La peor corrupción es la que toma algo tan noble y sensible como lo es la justicia, para obtener ventajas políticas. Esa es la peor de todas las formas de corrupción pues generalmente lleva daños colaterales para gente inocente, ingenua o con responsabilidad relativa, además de que estimula la práctica de la tortura para acomodar los hechos.

Los mexicanos lo único que queremos es “justicia a secas”, sin aromas, olores, sabores, colores o simples adjetivos.

La crisis moral de la manipulación de la justicia es una bomba de tiempo.

ABIGAIL HAY

El caso de Abigail Hay, detenida en Salina Cruz, Oaxaca, -simplemente por estar discutiendo en su auto con su pareja y horas después aparecer estrangulada en la comandancia de policía-, nos refiere nuevamente a la grave crisis en los servicios policiacos.

El sistema está en crisis porque no existen protocolos para la detención de posibles infractores y delincuentes, ni procesos que garanticen la correcta actuación de las corporaciones policiacas durante la averiguación y menos aún una certificación de la idoneidad de los policías para merecer el cargo.

Se otorga poder, autoridad jurídica y hasta un arma de cargo a personas que no son entrenadas para la función que deben cumplir. No se conoce la calidad moral de las personas con tratadas. Sus antecedentes laborales y penales no son tomados en cuenta, pues es posible que los despedidos por cometer faltas graves, -incluso tortura-, luego aparezcan laborando en otra corporación.

Los protocolos para garantizar la confianza de los policías desde hace años son obligatorios, pero jamás se aplican por desidia de alcaldes, gobernadores, así como de las instituciones de seguridad pública. Ante este panorama es fácil entender que los cuerpos policiacos estén infiltrados por la delincuencia organizada o incluso sometidos a ella.

El sistema policiaco ¡es un desastre¡

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