En 202 años de independencia (1821-2023), en México rigieron cinco Constituciones: 1824, 1836, 1843, 1857 y la de 1917, la que más ha durado, pero es la que ha sufrido más modificaciones: 256 decretos, con un total de 764 cambios en los artículos, hasta principios de 2024.

La mayoría de esas reformas agrandan el poder al gobierno, cuyo gasto ya representó en 2022 el 30.8 por ciento del Producto Interno Bruto, mientras al iniciar el gobierno de Morena era del 25.6 por ciento.

El gasto público por habitante fue de 2 mil 503 en el 2018, de 3 mil 373 en el 2022, un 34.7 por ciento mayor.

El aumento del gasto público en relación con el PIB y a los habitantes, nos muestra que cada día gasta más el gobierno y menos los ciudadanos.

El cambio constante de los artículos constitucionales reduce la seguridad jurídica, y el atractivo de invertir en empresas en México, entre los mexicanos y extranjeros.

La mayoría de los extranjeros que invierten en pesos en México es por los altos intereses, superiores a los de Estados Unidos, debido principalmente a un mayor riesgo país. La inversión financiera o indirecta es la más solicitada por los inversionistas especuladores extranjeros, ya que la tasa de interés es más del doble en México, 11.00 por ciento, que en EU, donde es de 5.25 por ciento (4/2024).

Quienes invierten en pesos mexicanos por sus altos intereses, inversión en cartera o indirecta, es de corto plazo, y pueden sacar sus inversiones financieras de México en minutos: lo que tardan en vender a través de una computadora, digitalmente, los fondos que tienen en pesos mexicanos.

La inversión extranjera que más le conviene a un país es la directa, que implica la apertura de fábricas que crean empleos y son planeadas para mantenerse por más tiempo en un país. Esos inversionistas analizan con mayor profundidad los tipos de gobierno, la estabilidad jurídica y la paz social a largo plazo. En la Constitución de EU se modificaron dos artículos en 247 años, en México en cinco años de Morena 62 artículos.

En 2024 el Ejecutivo sometió al Congreso la aprobación de 20 reformas más a la Constitución. Algunas buscan la desaparición del Instituto Nacional Electoral (INE) y del INAI, organismo autónomo que obliga al gobierno y a cualquier dependencia que recibe dinero del gobierno a dar información a la persona física o moral que lo solicite.