Muy extraña la rapidez con que el gobierno del Estado de Veracruz se apropió del acuario, que -desde su inauguración en 1992, hace treinta años-, fue administrado de forma impecable por un consejo de administración conformado por personas honorables y muy destacadas de la sociedad veracruzana, sin intervención directa de ningún tipo de autoridad gubernamental.

Quienes a lo largo de estos treinta años supervisaron su administración, -profesionales de gran experiencia -, jamás cobraron por participar en este consejo de tipo ciudadano. Por ello, la salud financiera del acuario siempre fue extraordinaria y transparente.

Por tanto, su rentabilidad siempre fue una tentación para los gobiernos locales, -que sin embargo-, respetaron su autonomía operativa y financiera. Los ingresos del acuario siempre se utilizaron para el mantenimiento del mismo y nadie se benefició de ese capital. Los únicos que percibían salario eran los trabajadores y ejecutivos que se dedicaban de tiempo completo a operarlo.

De este modo el acuario logró generar un importante patrimonio.

Sin embargo, ahora, a treinta años de su inauguración, -argumentando irresponsabilidad de los funcionarios a cargo del acuario en la muerte de un manatí-, el gobierno del estado publicó el decreto de desaparición del fideicomiso, el cual fue dado a conocer en el número 192 de la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, con carácter de número extraordinario. ¿Por qué la prisa?

Con toda seguridad el objetivo principal de esta expropiación gubernamental con sabor a despojo para la sociedad veracruzana es la alta rentabilidad de su operación, derivada de un manejo impecable de sus finanzas y honestidad de quienes han pasado por el Consejo de Administración durante estos treinta años.

Según dio a conocer Jaime Rivero Mantecón, presidente del patronato que administró el acuario, el capital que será entregado al gobierno del Estado de Veracruz, -correspondiente al fideicomiso-, son 120 millones de pesos.

Rivero Mantecón explicó también que el valor actual del acuario es de 800 millones de pesos.

Durante 30 años fue tan transparente la operación del acuario que tenían supervisión continua de la Comisión Nacional del Agua, de la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Procuraduría del Medio Ambiente estatal, así como la Secretaría de Finanzas y la Contraloría del Estado de Veracruz.

Ha trascendido en diversos medios de comunicación que la ONG veracruzana Earth Mission, -dedicada a la preservación ambiental-, ha informado que ese manatí falleció en enero de 2022 en el dragado del Rio Camarón, -municipio de Ignacio de la Llave-, obra realizada precisamente por la PMA, la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente y no murió en el acuario.

Es significativo que sea precisamente la PMA, -institución del gobierno del estado-, quien acusa al Comité Técnico del Acuario de Veracruz de la muerte de este ejemplar. ¿Por qué no investigar esta explicación de Earth Mission antes de extinguir el fideicomiso?  Si hubiese habido negligencia, sería justo y entendible castigarla de acuerdo con la gravedad de las responsabilidades.

Sin embargo, todo parece indicar que el tema del manatí era lo de menos. Si no hubiera sido este el argumento idóneo para señalar como irresponsable a una administración de tipo privado, habrían buscado otro.

 Definitivamente esta forma de llevar a cabo una expropiación genera un antecedente peligroso para las instituciones que opera la sociedad civil de forma exitosa. Este modelo expropiatorio pone en riesgo a escuelas privadas, así como a los centros de rehabilitación desarrollados por Teletón, -denominados CRIT-, o cualquier proyecto filantrópico de la sociedad civil.

Es urgente defender la autonomía del fideicomiso del Acuario de Veracruz, pues lo que está en juego es el Estado de Derecho.

CUBA… VENEZUELA Y NICARAGUA

Es evidente que lo que está detrás de la defensa de estas tres naciones como participantes de la Cumbre de las Américas, es un proyecto personal del presidente López Obrador: la búsqueda del liderazgo regional, para convertirse en vocero del bloque de países integrados en el Foro de Sao Paulo.

Convertirse en defensor de estas tres dictaduras latinoamericanas, -depredadoras de los derechos humanos-, no obstante que representa una incongruencia ideológica para quien se ostenta como un convencido demócrata, tiene gran rentabilidad política y electoral, pues al asumir esta postura se erige de modo natural como el defensor de los pueblos vulnerables frente a lo que los socialistas denominan el “imperio yanqui”.

Este fue el sueño del presidente Luís Echeverría durante su gestión presidencial. Promovió el concepto “tercer mundo” para denominar a los países en desarrollo y convertirse en su guía, no obstante que este término lo había acuñado veinte años antes, -en 1952-, el economista francés Alfred Sauvy para denominar a los países que no estaban alineados ni al bloque occidental, ni al comunista.

Sin embargo, lo que hay que dejar claro es que apoyar a los gobiernos autocráticos de estos tres países significa para México convertirse en cómplice de la represión en contra de los pobladores y ciudadanos de estas tres naciones, a quienes estas dictaduras les han robado las más básicas de sus libertades: la de disentir de su gobierno, la de desarrollarse en busca de mejor calidad de vida, libertad para decidir por su futuro y libertad para formar un patrimonio propio.

La solidaridad con el pueblo… -el auténtico pueblo de estos tres países-, se practica luchando en contra de sus opresores, o sea de sus gobiernos.

CUBANÓFILOS

Es fácil ostentarse como socialista disfrutando las comodidades de una sociedad democrática, que incluso permite y estimula que exista oposición. Así fue como la 4T llegó al poder, a través de las oportunidades brindadas por esta imperfecta democracia que hoy representa el INE.

Si creen tanto en las bondades del gobierno cubano ¿Por qué los cubanófilos de banqueta mexicanos no se van a vivir a esos países, a trabajar como uno más de sus pobladores?… ¿Por qué siguen aquí?

Será que los legisladores morenistas salen cada noche, -después de una ardua sesión en la Cámara de Diputados y en la de Senadores-, toman el metro en la estación Central Tapo, -o suben a sus cochecitos Tsurus- y se van a descansar con sus familias en sus casas de 55 metros cuadrados de área habitable, como las que poseen gran parte de los trabajadores que obtienen crédito de Infonavit.

Será que los líderes de MORENA y los legisladores de ese partido envían a sus cónyuges e hijos para que se atienden en el ISSTE o en el IMSS y sus hijos se educan en escuelas públicas.

Ese sería el estilo de vida de un socialista congruente con su ideología. Sin embargo, por un lado alaban los postulados de izquierda, -aplauden a los dictadores que gobiernan Cuba, Venezuela y Nicaragua- y por otra viven ellos y sus familias en la opulencia que les permite este gran país, que se ha construido con el esfuerzo de la gente productiva, que se desenvuelve en la iniciativa privada. Es tiempo de desenmascarar esta farsa que va a terminar por empobrecer a los que hoy aún viven con comodidades, sin que esto signifique mejorar la calidad de vida de los que menos tienen.

Cubanófilos váyanse a vivir a Cuba, donde los esperan con los brazos abiertos.

LA EXTORSIÓN

Sin juzgar si el veredicto del juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna es correcto o nó en su decisión de no vincular a proceso a los abogados vinculados con Julio Scherer, quien fuera asesor jurídico del presidente López Obrador y mantiene una disputa fuerte con el fiscal Gertz Manero, la respuesta de la FGR pone en riesgo la independencia del Poder Judicial.

Definitivamente la FGR tiene todo el derecho de inconformarse con el veredicto del juez e interponer los recursos legales que considere apropiados, pues ejercer el rol de parte acusadora es una de sus funciones dentro de la impartición de justicia.

Sin embargo, amenazar al juez informando que abrirá una carpeta de investigación penal en contra del juez Delgadillo, es extorsión para doblegarlo.

Echar abajo su decisión con base en argumentos jurídicos y comprobando la culpabilidad de los hasta ahora exonerados, es parte del proceso jurídico y está dentro de las atribuciones de la FGR. Sin embargo, intimidarlo para que sin estar de acuerdo cambie el veredicto, es extorsión.

Cada vez más queda en evidencia que esta administración de la FGR restira la liga de la ilegalidad, lo cual pone en duda la autoridad moral que debe tener una institución tan importante como lo es la Fiscalía General de la República.

Corresponde al Consejo de la Judicatura Federal ,-institución que tiene a su cargo la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación-, exigir respeto para el juez y ponerle un alto a la FGR y al fiscal, pues parece que mezclan sus atribuciones institucionales con rencillas personales.

¿A usted qué le parece?

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