La suspensión definitiva otorgada por el juez Juan Pablo Gómez Fierro en contra de la reforma eléctrica rebasa por mucho el ámbito original de ésta, que es el referente al decreto que reforma y adiciona disposiciones a la ley de la industria eléctrica, ya que este acto jurídico fijará un antecedente que repercutirá en otros ámbitos. Por tanto, se convertirá en un referente jurídico para casos similares y su conclusión, será un indicador definitivo sobre la posible sobrevivencia o desmantelamiento del “Estado de Derecho”.
Si esta batalla se pierde y se vulnera el Estado de Derecho, el impacto será demoledor para nuestro país, pues afectará ámbitos sensibles en la lucha contra el crimen organizado. Un “Estado de Derecho” débil se vuelve incapaz de brindar protección a la sociedad.
El presidente no ha dimensionado aún que por defender sus proyectos personales, aún a costa de vulnerar el Estado de Derecho, se pondrá en riesgo la gobernabilidad, pues el Estado de Derecho es integral y su debilitamiento en un ámbito, impacta en la totalidad.
El lenguaje justiciero que se viene utilizando últimamente y que se ha aplicado para hablar de la reforma eléctrica es altamente rentable electoralmente, pero genera expectativas peligrosas ante el ciudadano, pues este entiende que se cancelarán contratos con las empresas extranjeras a las que ya calificó el gobierno como abusivas. Sin embargo, no se está explicando que ninguna reforma legislativa es de aplicación retroactiva, sino futura. Los contratos firmados no pueden ser cancelados unilateralmente sin incurrir en una aberración jurídica, lo cual es inconstitucional. Sería una aberración equiparable a pretender reformar la ley electoral después de una elección y exigir se cancele a un candidato ganador un triunfo ganado en las urnas.
Generar en la ciudadanía expectativas de que la ley se puede modificar para hacer justicia con aplicación retroactiva, es sumamente peligroso en México.
Tomemos en cuenta que el contexto nacional hoy es complejo, pues la idiosincrasia mexicana siente aversión instintiva en contra de la “autoridad” y por consecuencia, de la ley. Sin embargo, eso es lo que ha estado capitalizando el presidente para intentar doblegar al Poder Judicial para que se someta a sus deseos. El presidente bien sabe que puede fustigar a todos los miembros del poder judicial y recibir aplausos de la ciudadanía, pues ya se le ha perdido respeto a la autoridad.
El significado que para el mexicano tienen nuestras leyes es el de un sistema corrupto que legaliza el abuso. Sin embargo, debemos reconocer que desde siempre la autoridad en nuestro país ha sido manipulada y proclive al abuso. Por ello se ha destapado recientemente la milenaria cultura de “justicia por propia mano”, que ha derivado actualmente en linchamientos, lo cual es inaudito en este mundo globalizado.
Sin embargo, debemos reconocer que en los últimos años, como derivación de la madurez democrática, México ha evolucionado hacia la institucionalidad y la independencia de los organismos autónomos y se ha fortalecido la del Poder Judicial. Esto nos abre la oportunidad de construir de cara a la ciudadanía una visión ética de la aplicación de la justicia. Por ello, vulnerar el Estado de Derecho con la amenaza de la reforma constitucional, representa un retroceso.
La propuesta de la diputada morenista Reyna Celeste Ascencio Ortega respecto a reformar la Constitución simplemente para apoyar las iniciativas presidenciales, manda un mensaje muy peligroso para el país, de falta de respeto a nuestro marco jurídico. El ciudadano interpretará que es fácil cambiar las leyes. Por ello podríamos visualizar que bajo ese contexto surgirían grupos sociales que tomando autopistas y vialidades exigirían modificaciones a las leyes que regulan su actividad y que afectan sus intereses particulares.
“Estado de derecho” significa confianza y certidumbre y por ello debemos protegerlo.
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