La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, presentó su reporte anual sobre México, en el cual encontramos dos recomendaciones generales, para mantener un fuerte marco macroeconómico y encontrar recursos para un crecimiento más equitativo, y para reforzar el crecimiento incluyente, y 28 recomendaciones específicas, 14 relacionadas con lo primero, 14 con lo segundo.
El Plan Nacional de Desarrollo resume los planes sexenales del actual gobierno. Y aunque contiene algunos puntos que generan confianza, está cargado de la vieja ideología de izquierda, que culpa de todo a los “ricos” y al “neoliberalismo”, concepto que aparece en casi todas las páginas del plan. El capitalismo, al que llama “neoliberalismo”, según quienes redactaron el PND, es culpable del atraso, corrupción, pobreza y de todos los males en México. Pasan por alto que la mayoría de las políticas vigentes el siglo pasado fueron socialistas: reforma agraria, estatización del petróleo, ferrocarriles y electricidad, entre otros sectores. Gobiernos “estatizadores”, no privatizadores, como el de Cárdenas y los de Echeverría y López Portillo, sembraron pobreza, desempleo, inflaciones y devaluaciones.
El principal reto en la economía mexicana es el crecimiento, que en los últimos 35 años ha sido 2.3 por ciento en promedio anual, crecimiento mediocre que limita las posibilidades para que los mexicanos alcancemos mayores niveles de bienestar, algo que, en un país en el cual el 44 por ciento de la población sobrevive en la pobreza, es inaceptable.
En la presentación del Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2014 (PND) hay una mención a la economía bajo el título Economía para el bienestar.
Leemos que “el objetivo de la política económica no es producir cifras y estadísticas armoniosas sino generar bienestar para la población”; que “los macroindicadores son un instrumento de medición, no un fin en sí”; que “retomaremos el camino del crecimiento con austeridad y sin corrupción, disciplina fiscal, cese del endeudamiento, respeto a las decisiones autónomas del Banco de México, creación de empleos, fortalecimiento del mercado interno, impulso al agro, a la investigación, la ciencia y la educación”, todo lo cual es condición necesaria, más no suficiente, para el crecimiento de la economía, que se mide por el comportamiento de la producción de bienes y servicios para el consumo final, el Producto Interno Bruto, PIB.
Leemos, en el artículo 26 constitucional, que “el Estado (que para todo efecto práctico es el gobierno en turno), organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional”, por lo que “habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal”, Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024 (PND) que fue presentado el pasado 30 de abril.
El conflicto Venezuela es quizá el mas caso más significativo que se ha dado en Latinoamérica en los últimos tiempos, por todas las interferencias extranjeras que están confluyendo, así como el alto costo de esta crisis humanitaria.
Si bien es evidente que a Juan Guaidó lo apoyan de modo determinante, claro y abierto Estados Unidos y la mayoría de países Latinoamericanos, a Nicolás Maduro lo respaldan bajo una posición no clara Rusia y Cuba, quienes desde hace tiempo ya tienen en territorio venezolano personal operando a favor del actual gobierno.
En varias ocasiones AMLO ha dicho que el mercado no sustituye al Estado, afirmación que se recoge en la presentación del Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024, en donde leemos lo siguiente: “Durante décadas, la élite neoliberal se empeñó en reducir el Estado a un aparato administrativo al servicio de las grandes corporaciones y un instrumento coercitivo en contra de las mayorías. Su idea de que las instituciones públicas debían renunciar a su papel como rectoras e impulsoras del desarrollo, la justicia y el bienestar, y que bastaba ‘la mano invisible del mercado’ para corregir distorsiones, desequilibrios, injusticias y aberraciones, fue una costosa insensatez. El Estado recuperará su fortaleza como garante de la soberanía, la estabilidad y el estado de derecho, como árbitro de los conflictos, como generador de políticas públicas coherentes y como articulador de los propósitos nacionales”.
Una de las causas por la que muchos inversionistas no llegan a México es por el exceso de reglamentaciones que aumentan los llamados “costos de transacción”, es decir, el tiempo y dinero invertido en cumplir con todas las leyes y reglamentos para abrir y operar una empresa legalmente.
En febrero, en términos anuales, comparando febrero de 2019 con febrero de 2018, la actividad económica creció 1.1 por ciento. En términos mensuales, comparando febrero con enero, creció 0.3, todo ello según los resultados del Indicador Global de la Actividad Económica. Estos resultados, ¿son bueno o malos? Comparemos.
El objetivo del empresario es maximizar utilidades, lo cual se justifica si lo consigue a partir de aumentos en productividad (capacidad para hacer más con menos) y competitividad (capacidad para, en términos de precio, calidad y servicio, hacerlo mejor que los demás), participando en mercados lo más competidos posible, mismos que se consiguen si el gobierno permite que todo aquel que quiera participar en algún sector de la actividad económica, produciendo bienes y servicios, o en algún mercado de la economía, ofreciéndolos, pueda hacerlo. El trato del gobierno debe ser el mismo para todos.
Ya tenemos los Indicadores de Ocupación y Empleo para marzo. ¿Cómo nos fue?
Un mes antes, en febrero, la tasa de desempleo (TD) fue 3.4 por ciento de la población económicamente activa (PEA), compuesta por todos los mexicanos, hombres y mujeres, mayores de 15 años, que buscan trabajo. Si lo encuentran se vuelven población ocupada (PO). Si no lo encuentran, y siguen buscando, son población desocupada (PD). En marzo la TD fue 3.6 por ciento de la PEA. En marzo, con relación a febrero, la TD aumentó dos décimas de punto porcentual, equivalentes a 5.9 por ciento.
La Cámara de Diputados prepara ya la eliminación del Consejo de Promoción Turística, el organismo responsable de la promoción turística en los mercados internacionales. El argumento para desaparecerlo es la necesidad de bajar el gasto federal y combatir la corrupción.
El desempeño de la economía depende más de las instituciones (reglas del juego, comenzando por las normas jurídicas), que de las políticas económicas (medios utilizados por el gobierno para modificar los resultados de los mercados, consecuencia de los acuerdos entre oferentes y demandantes).
El Premio Nobel de Economía, Frederick Hayek, coordinador de un curso al que asistí hace años en la Universidad de Hartford, comentó que en Alemania en la década de los 30, antes de iniciarse la Segunda Guerra Mundial, era frecuente que miembros del partido comunista se pasaran al partido nacional socialista, pero difícil que un liberal brincara a un partido socialista, comunista o nazi. La causa es que los partidos socialistas, comunistas, y nacionalsocialistas, tienen fundamentos filosóficos y éticos parecidos, pero diferentes a los de los partidos liberales.
La legisladora Teresa Ramos Arreola, del Partido Verde en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, propone eliminar cualquier vestigio de Cristóbal Colón y Hernán Cortés en nuestra ciudad y para ello solicita una legislación que retire monumentos o denominaciones viales que hagan referencia a estos dos personajes de nuestra historia.
¿Frente a quién deben ser independientes los organismos autónomos del Estado: el Instituto Nacional Electoral, INE; el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI; la Comisión Federal de Competencia Económica, COFECE; la Comisión Nacional de Hidrocarburos, CNH; la Comisión Reguladora de Energía, CRE?
En un tweet reciente AMLO dijo: “Urge separar el poder económico del poder político”. Totalmente de acuerdo, y en sus manos está intentarlo.
En México, ¿qué supone separar al gobierno de la economía? Fundamentalmente dos cosas: eliminar el capítulo económico de la Constitución, artículos 25 al 28, y terminar con el capitalismo de compadres.
Define al Estado de Derecho como el gobierno de las leyes justas, siendo tales cuentos que reconocen plenamente, definen puntualmente y jurídicamente los derechos de las personas. Su primer ingrediente son leyes justas. Las segundas autoridades honestas y eficaces, que respetan y hacen respetar.
¿Qué tiene que ver el memorándum de AMLO, por el que les ordena a los secretarios de Gobernación, Educación y Hacienda cancelar de la reforma educativa, con la economía? Mucho.
El gran pendiente de la economía mexicana es el crecimiento elevado y sostenido, por lo menos del 4 por ciento, pendiente que arrastramos desde 1983, año en el cual, después de décadas de haberlo mantenido, perdimos el crecimiento elevado y sostenido. Entre 1934 y 1982 el crecimiento promedio anual de la economía mexicana fue 6.1 por ciento. Entre 1983 y 2018 fue 2.3. Para los próximos diez años los economistas del sector privado prevén 2.2 por ciento de crecimiento promedio anual.
El poder del gobierno es el poder para obligar, prohibir y castigar, comenzando por el poder para obligar a los ciudadanos a entregarle parte del producto de su trabajo, que en eso consiste cobrar impuestos, sin los cuales no hay gobierno que sobreviva.