Si en los gobiernos anteriores se practicaba el daño a la reputación pública de personas e instituciones cuando se les señalaba mediáticamente de posibles delitos, era seguramente por irresponsabilidad e incompetencia en el manejo mediático.

Sin embargo, en el gobierno actual esta práctica parece ser parte de una política intimidatoria y de desgaste, para inducir en la opinión pública un linchamiento mediático sustentado en la premisa de una supuesta lucha contra la corrupción. De este modo se induce en la sociedad un rechazo que se manifiesta públicamente como un clamor emocional que exige castigo para los indiciados, antes de que éstos puedan defenderse y de este modo dejarlos en posición vulnerable y de indefensión.

Con esto, las autoridades pretenden que la opinión pública legitime los atropellos que cometen contra los señalados las mismas instancias gubernamentales, incluso, por encima de la ley y la constitucionalidad. Muchas veces el único sustento de las acusaciones son las percepciones subjetivas de quien nos gobierna.

Esta estrategia intencional y planificada del actual gobierno se orienta a un objetivo, que es generar presión social, mediática, sobre el poder judicial para que dictamine en el sentido en que el presidente desea, a partir del argumento de que democracia es darle gusto al pueblo. De este modo, si el “pueblo sabio” juzga y sentencia, parece existir la expectativa de que las instituciones judiciales simplemente validen y legitimen el veredicto popular.

Esta es la nueva forma de interpretar la democracia, en este nuevo coliseo romano montado por la inquisitorial 4T.

Hoy se gobierna comunicando, con visión política más que de administración pública que busca eficiencia y eficacia.

 No hay mejor ejemplo de esta actitud intimidatoria que el circo mediático montado en contra de los 31 científicos que forman parte del Foro Científico y Tecnológico.

Se ha generado una percepción pública, o sea ciudadana, de que ellos son pillos y ladrones, que abusaron de privilegios ilegítimos e ilegales y por tanto, merecen ser castigados con todo el peso de la ley.

En esta nueva visión de la justicia la presunción de inocencia no existe, ni el derecho de los acusados de defenderse. La actitud de la FGR parece ser, no perseguir un delito conocido, sino buscar alguna acción que justifique y legitime el deseo original de ejecutar las órdenes de aprehensión para aplicar una prisión oficiosa.

Es tan descabellada la acusación de la FGR en contra de los miembros de este “Foro”, calificándolos de “delincuencia organizada”, que “operaba con recursos de procedencia ilícita”, como cualquier cártel, que seguramente este proceso terminará sin sustento y sin ejercerse acción penal, pero el daño a la reputación personal de cada uno de ellos será irreversible y por ello debe ser castigado quien lo provoca.

Tener una reputación confiable y un nombre honorable debe ser considerado un derecho humano básico y fundamental, pues de él se deriva la credibilidad y la confianza necesarias para tener aceptación social, así como buenas oportunidades laborales y empresariales, además de crédito comercial.

Hoy, en la era de las fake news y la desconfianza no hay capital más valioso que una reputación limpia y un nombre honorable.

Por tanto, el daño a la reputación personal o institucional provocado desde algún ámbito de la estructura gubernamental, debe ser considerado violación a los derechos humanos. Este derecho debe ser protegido por el Estado Mexicano.

Del mismo modo en que el Congreso logró crear la “Ley Olimpia” para proteger a las mujeres del acoso cibernético, debiera también crear una que proteja al ciudadano del acoso mediático y la difamación, provenientes de funcionarios públicos que ejercen poder.

CONTRARREFORMA ELÉCTRICA

El daño patrimonial que dejará al país el actual gobierno si continúa en su intento de aplicar contrarreformas que implican grandes inversiones en el pago de demandas e indemnizaciones, como sucederá en la eléctrica si esta se aprueba, debe abonarse a su legado y en el futuro exigirle responsabilidades.

Según Gerardo Prado, socio del despacho Sánchez Devanny, en declaraciones al periódico Reforma, el costo de las indemnizaciones a las empresas afectadas por la contrarreforma eléctrica sería de poco más de 80 mil millones de dólares, que comparados con las indemnizaciones por la cancelación del aeropuerto de Texcoco, que sumaron poco más de 5 mil millones de dólares, puede resultar en una catástrofe de alto impacto para las finanzas de nuestro país.

Si consideramos que a mediados de septiembre pasado las reservas internacionales del Banco de México se ubicaron en 198 mil 538 millones de dólares, la cifra calculada por pago de indemnizaciones podría representar la pérdida del equivalente al 40% del total de las reservas internacionales de México.

¿Quién asumirá este daño patrimonial para el país?

No hay argumento político ni ideológico que justifique tal despilfarro.

¿A usted qué le parece?

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