La vida humana en México ha perdido valor. Yo pensaba que esto sólo sucedía en contextos de guerra, como los que cotidianamente nos describen las televisoras cuando nos narran día a día la invasión rusa sobre Ucrania. La ONU consigna 3,238 fallecidos en Ucrania a inicios de este mes de mayo, mientras Karla Quintana, -titular de la Comisión Nacional de Búsqueda-, estima en 99,000 los mexicanos desaparecidos hasta mayo.

Cada una de estas víctimas connacionales representa una tragedia familiar. Sin embargo, ya nos acostumbramos a la cotidianeidad de estas noticias y hasta perdimos la capacidad de asombro.

La frialdad e indiferencia con la que todas las instituciones del Estado Mexicano enfrentan los dramas humanos, -como lo es la desaparición de 95 mil personas-, según cifra publicada por el CED de la ONU el 26 de noviembre del 2021, así como los desplazamientos de familias completas en varios municipios de Michoacán, -provocados por el crimen organizado-, o los que suceden en Oaxaca y Chiapas por conflictos comunales, es indignante.

En esta crisis humanitaria que vive México tienen responsabilidad los tres niveles de gobierno que forman parte del Poder Ejecutivo, así como el Poder Legislativo y el Judicial.

Si bien en esta crisis humanitaria el crimen organizado tiene toda la responsabilidad, la cobarde inacción gubernamental es muy vergonzosa. El alto índice de impunidad habla de un estado impotente frente al crimen organizado, o peor aún, displicente e irresponsable.

Negarse a imponer la autoridad del Estado Mexican, -por razones ideológicas y demagogia-, convierte a este gobierno en cómplice indirecto y responsable de estos dramas humanos. La impunidad estimula el delito.

Sin embargo, el presidente López Obrador está más preocupado por lograr la invitación de Cuba, Venezuela y Nicaragua a la Cumbre de las Américas, que por resolver esta crisis humanitaria que afecta a las familias mexicanas más vulnerables. El tiempo que él dedicó, -así como muchos funcionarios de su gobierno-, a promover la consulta de revocación de mandato y la reforma eléctrica, fue a costa de descuidar esta crisis humanitaria que hoy destruye familias.

Por otra parte, la CNDH ha estado ausente en estos dramas o podríamos decir, -inexistente-, mientras se violan derechos humanos.

El papá de Debanhi Escobar pone en evidencia la displicencia del médico forense que intentó desviar la investigación de la muerte de ella hacia la posibilidad de un accidente, para evitar a la fiscalía de Nuevo León tener que investigar un posible homicidio. Podría ser que los agentes que la descubrieron en la cisterna del motel le hayan colocado los tenis para que parezca un resbalón accidental. ¿Tiene que ser el padre de una víctima quien descubra la verdad?

¿Y la gente que no tiene dinero para exigir justicia?… seguramente no tienen acceso a este derecho humano básico.

La rapidez con que las autoridades judiciales meten en la cárcel a un sospechoso bajo la figura de prisión preventiva oficiosa, -donde seguramente podrán presionarlo y chantajearlo para que termine aceptando su culpabilidad, pudiendo ser inocente-, se ha vuelto cotidiana, aunque la SCJN haya declarado inconstitucional esta práctica judicial.

Los graves conflictos de la aplicación de justicia en casi todo el país nos habla de indiferencia frente a crímenes perfectos que permanecen en la impunidad.

Y qué decir de la FGR. La fiscalía que tiene la responsabilidad de investigar los delitos de impacto federal se distrae en las venganzas personales del fiscal Gertz Manero, mientras día a día desaparecen mujeres en México.

Karla Quintana, -titular de la Comisión Nacional de Búsqueda-, estima en 24,600 mujeres las ausentes, de las cuales un alto porcentaje son niñas y adolescentes que han sido reportadas como desaparecidas, generando la posibilidad de que se trate de delitos de explotación sexual.

Además, se calcula que 21,000 menores de edad son secuestrados anualmente en México para ofrecerlos en prostitución infantil.

¿Es más importante que el estado ahorre dinero, que salvaguardar la vida de los mexicanos vulnerables?

Durante estos tres últimos años en el Congreso se han privilegiado criterios presupuestales, económicos y de combate a la corrupción, a costa de restar recursos financieros al cuidado de la salud y a otros rubros prioritarios para alcanzar niveles aceptables de calidad de vida para los mexicanos.

El desabasto de medicinas, así como la reducción de enfermedades del catálogo del Sector Salud, impactan las oportunidades de preservar la vida de muchos mexicanos, que no podrán atenderse y cuidar su salud. Esto confirma el desinterés gubernamental.

El accidente de la línea 12 del Metro el tres de mayo del 2021, -que tuvo 26 víctimas fatales y seguramente cientos de heridos de diferente nivel de gravedad-, tiene un origen: el ahorro de recursos económicos por parte de los constructores, lo cual se manifestó en la utilización de materiales en menor cantidad que la requerida y quizá, de menor calidad, así como la prisa por inaugurar la obra.

La responsabilidad por la pérdida de estas 26 vidas inicia en los funcionarios públicos que restringieron los recursos económicos para construcción, así como en quienes negaron presupuesto para mantenimiento de esta obra y esta responsabilidad concluye en la de los constructores. Son 26 víctimas de este sistema inhumano de administración pública.

¿Cuándo veremos que el tema humano se convierta en prioridad nacional para las autoridades judiciales de todos los niveles y perfiles?… ¿Cuándo se privilegiará el problema humano por encima del económico en el Congreso?

Cuando las “noticias” que hablan de descuartizados, mujeres desaparecidas, asesinatos, feminicidios, comunidades rurales desplazadas por el crimen organizado y otras grandes tragedias humanas ya no son noticia, -porque no logran inquietarnos y nos acostumbramos ya a su cotidianeidad-, estamos frente a una crisis humanitaria.

 Cuando quienes debiesen protegernos de esta violencia sádica irracional están distraídos hablando de reformas legislativas, de denuncias penales por pensar diferente y cuando nos distraen con acusaciones contra los “conservadores” y enemigos imaginarios, entonces se convierten en corresponsables de esta crisis humanitaria.

Cuando quienes dirigen a la estructura operativa del combate al delito se dedican a cobrar venganzas y perseguir a sus enemigos personales, entonces estamos en un grave problema, pues esta violencia nunca se solucionará y entonces corremos el riesgo de que quizá hasta un día nos alcance.

Lo más grave es que como sociedad perdimos la capacidad de asombro y vemos como cotidiano lo que en otros países es inusual, mientras nuestros gobernantes voltean hacia otro lado para distraernos con sus nimiedades y frivolidades políticas.

No se puede resolver lo que no se reconoce como problema.

¿A dónde nos llevará esta crisis humanitaria?

EL SELLO DE LA CASA

Para este gobierno quienes no se doblegan a sus caprichos, se convierten en adversarios a quienes se les debe vencer en el ámbito jurídico.

La actitud de la jefa de gobierno de la Ciudad de México frente al dictamen de la empresa sueca DNV, -a la que alabó de forma desmedida cuando le encomendó hacer el peritaje sobre el accidente de la Línea 12 del Metro-, muestra el sello de la casa.

En lugar de asumir las conclusiones y castigar a los culpables, -aunque sean sus amigos-, ahora pretende demandarla penalmente por realizar la investigación que ella le encomendó como cliente. Incongruencia y autoritarismo es el sello de la casa. Es como ir al médico y cuando este nos da el diagnóstico solicitado, -si este es adverso-, le demandamos.

Escándalo internacional en puerta que exhibirá a quienes nos gobiernan.

¿A usted qué le parece?

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