Nuevamente los astros se alinean a favor del presidente López Obrador.

Por una parte, la reconciliación con el sector privado, tendiendo puentes a través de un significativo intercambio de compromisos con el nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial, CCE, Carlos Salazar y por otra parte la inesperada muestra de civilidad y colaboración democrática que tuvo el Congreso Federal en ambas cámaras, la de diputados y la de senadores al aprobar el espinoso tema de la Guardia Nacional, los capitaliza a su favor el presidente.

La simple aceptación presidencial de los acuerdos legislativos, aunque no fuesen exactamente los esperados por él, distendió la presión política de los últimos días y generó esperanzas de nuevos tiempos políticos.

A final de cuentas, si le va bien a él, le irá bien al país.

Sin embargo, lo que suceda en las próximas semanas, mostrará qué podremos esperar. Si realmente cerró un ciclo viciado y caracterizado por la confrontación y polarización social y abrió uno nuevo que podría ser de mesura, apertura y tolerancia.

La reforma laboral será una dura prueba. Empezando porque este gobierno inició funciones con despidos masivos de trabajadores al servicio del estado, permitió las huelgas de las maquiladoras en Tamaulipas y no ha frenado aún las exigencias de la CNTE, que seguramente sigue esperando la oportunidad de poner otro “cuatro” al gobierno federal, como esta central obrera hizo al bloquear el acceso ferroviario en el Puerto Lázaro Cárdenas.

Sin embargo, aún está latente un tema que involucra de modo personal al réferi de esta nueva reforma laboral, la secretaria del trabajo.

La información de que el padre de la Secretaria Luisa María Alcalde es un muy exitoso abogado del ámbito laboral, asesor de sindicatos, nos remite a un conflicto de interés, que se ha soslayado.

Por menos que eso, se exhibió mediáticamente y se le amenazó con seguirle un procedimiento legal al presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer, derivado de la suposición de que dos familiares no tan cercanos trabajasen en la iniciativa privada en empresas que operan en ese sector. Afortunadamente el presidente tomó la mejor decisión, que fue cerrar el caso con un apretón de manos y darle vuelta a la hoja respecto a este diferendo, que sin embargo, sentó un precedente.

En este sentido la vinculación padre e hija, pone al abogado Arturo Alcalde Justiniani en una posición privilegiada, no sólo de influencia, sino de poder, para ofrecer sus servicios profesionales.

El tema no es de si él debe o no seguir con sus actividades profesionales, que se dice datan de 45 años de trayectoria, sino si ella debe ocupar esa cartera gubernamental tan delicada y rodeada de conflictos, pudiendo ser cuestionada por este asunto que nos remite a un tema de ética.

Bien podría estar ella en otra secretaría y no habría ningún problema, pero que esté precisamente en esa, tiene graves significados que la debilitan frente a este reto representado por esta reforma laboral.

Temas como este que involucra a la secretaria de trabajo, Luisa María Alcalde, son los que exigen una respuesta congruente. Tomar la bandera ética de combate a la corrupción y los abusos, exige al presidente ser muy cauteloso para no perder credibilidad.

Cuestionar temas éticos de anteriores administraciones y hacerlo con autoridad moral, exige cuidar todo lo que está a su rededor, principalmente en su círculo cercano y el asunto de la secretaria del trabajo, está en ese ámbito.

El reto para el presidente López Obrador es garantizar congruencia. Lo que él fustigue a terceros, no debe aparecer en su círculo cercano.

A final de cuentas nadie cuestiona su objetivo de combatir la corrupción en todas sus modalidades, inclusive las más sutiles, sino la forma de hacerlo, para que sea transparente y no se le revierta. Quien ve la paja en el ojo ajeno, debe tener muy limpio el propio.

Congruencia es el nombre de este reto.

¿Usted cómo lo ve?

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