Seguramente la decisión de los directivos de Citigroup de vender la división denominada banca minorista, -o sea Banamex-, no se haya derivado de desconfianza en el futuro de México, sino a una conjunción de variables económicas y políticas. Es más, existe el antecedente de que durante el primer semestre del 2018 Citigroup vendió la cartera de consumo y Pymes de Citibank Colombia a Scotiabank Colpatria, lo cual sustenta esta percepción.

Sin embargo, los antecedentes de una política errática que no logra garantizar protección a los capitales extranjeros, -como se ha exhibido con la pretendida contrarreforma energética-, estimulan las conjeturas catastróficas en la opinión pública.

Si bien esta iniciativa legislativa no plantea una estatización de empresas, si constituye un freno a su crecimiento y lo peor, es que proyecta mensajes ambiguos que siembran la duda respecto a si ya no son bienvenidos en esta era, caracterizada por el combate al neoliberalismo.

En el extranjero no se entienden estos mensajes subliminales que significan “te digo una cosa, pero no te preocupes, porque quiero decir otra”.

En el extranjero se analizan las acciones y se interpretan objetivamente.

Este gobierno ha hecho todo para enviar mensajes encontrados, -que por una parte, con tono zalamero dan la bienvenida a los capitales globales-, pero por otra, se emprenden acciones y promueven políticas públicas que parecen decir lo contrario.

Debilitar el estado de derecho con conflictos judiciales sustentados en caprichos que confrontan, -así como hostigar a las instituciones autónomas-, son acciones que también generan mensajes que impactan negativamente la confianza y provocan incertidumbre ante los ojos de los inversionistas.

El apoyo paternalista de este gobierno hacia Venezuela, Cuba y Nicaragua, -países gobernados por regímenes autoritarios que han destrozado la economía nacional-, parece indicar que hacia allá se enfila nuestro país, lo cual genera temor. La vocación destructiva de ese gobierno respecto a las instituciones autónomas desgasta la certidumbre que antes proyectaba México.

Las descalificaciones a las empresas certificadoras internacionales cuando han dado información que no gusta a este gobierno, -así como el manejo “de otros datos”-, también impacta la confianza de los inversionistas.

Podríamos concluir diciendo que la imagen pública que proyectan la banca y los grupos financieros, -de contar con herramientas altamente confiables para evaluar riesgos-, hará suponer a los inversionistas extranjeros, -y también a los nacionales-, de que los expertos de Citigroup descubrieron “algo preocupante en el futuro de México” y por ello decidieron tomar esta decisión atropellada, -de salir a vender al mejor postor sin seguir la práctica cotidiana en estos casos-, de dar a conocer la venta cuando ya tienen cerrado el trato con un comprador.

Recordemos que las conjeturas y los rumores se nutren de información de contexto que hace posible creer en la veracidad de lo que se dice, mientras no se compruebe lo contrario.

Sin embargo, la realidad es que el antecedente de la venta de la banca minorista de Citibank en Colombia, -a Scotiabank-, hace tan sólo tres años atrás, nos hace suponer que esta decisión de desincorporar Banamex fue una simple recomposición de su portafolio de negocios en México, en busca de la optimización de su rentabilidad.

Pero la forma, -que no el fondo-, de haberse anticipado a hacerlo público cuando aún no tienen cerrado el trato con un comprador, abre la posibilidad de que haya existido, -de paso-, el interés de enviar al gobierno mexicano un mensaje de preocupación de parte del sector inversionista de Estados Unidos.

El tiempo se encargará de desmentirlo o de afirmarlo.

TORMENTA EN VERACRUZ

El anuncio de parte de la fiscalía de Veracruz de que se atrapó a los asesinos de Gina, -ultimada en su casa en un fraccionamiento de lujo en Xalapa-, pone en evidencia el problema de la justicia en México, aunque ahora agravado de modo surrealista en Veracruz.

Este asesinato parece derivarse de un intento de robo, en el cual Enrique, -el esposo de ella-, salió lastimado de gravedad

Mientras tanto, la fiscalía acusa de asesinato a una empleada que desde hace 15 años trabaja para la pareja. A esta trabajadora se le señala de haber sido auxiliada por su pareja sentimental para cometer este crimen. Sin embargo, habemos muchos a quienes nos surge la duda, -sin poder comprobarlo-, de si no se tratará de uno más de los casos de fabricación de culpables, -o chivos expiatorios-, práctica usualmente utilizada ante el escándalo mediático, cuando las víctimas tienen alto impacto social.

Puede ser que los presuntos culpables realmente sean los asesinos, pero ante las referencias de otros casos dramáticos donde se fabrican culpables, surge la duda respecto a si será un montaje judicial, tan común en nuestro país y ahora en Veracruz, y entonces, los ahora detenidos sean inocentes.

También está el caso de Ana Laura, quien desde noviembre fue apresada en Ixtaczoquitlán, Veracruz, por haber tenido la mala suerte de que su camioneta, -conducida por su esposo Edgar-, hubiese quedado atrapada detrás del auto del periodista Jacinto Romero, en el momento en que éste fue asesinado.

Tomando en cuenta que los documentos de esa unidad vehicular estaban a su nombre, -aunque ella no iba siquiera en esa unidad-, terminó convertida en cómplice del asesinato por un juez local que no acepta las pruebas de descargo a favor de la indiciada. Con ello, las autoridades de Veracruz pretenden adjudicarse un éxito mediático.

Otro más de estos casos inexplicables es el de José Manuel del Río Virgen, político de amplia trayectoria y con imagen honorable, que ahora es involucrado como parte del complot para asesinar a René Tovar, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones, de lo cual se dice que aún no se han presentado pruebas.

La práctica de prisión oficiosa, -o preventiva-, simplemente para investigar, rompe contra todos los principios básicos del derecho, que se inician a partir de la presunción de inocencia.

Si a esto añadimos los 50 encarcelados bajo la figura de “ultrajes a la autoridad”, y por el que está preso aún Rogelio Franco Castán, dirigente del PRD en el Estado de Veracruz, algo grave está sucediendo con la justicia en esta entidad federativa.

La desconfianza en la honorabilidad profesional de muchas autoridades del ámbito judicial y de la impartición de justicia, ponen un obstáculo para que la justicia en México llegue a percibirse incuestionable.

¿A usted qué le parece?

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