La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el Tribunal Constitucional y “su principal función es vigilar que las leyes y actos de autoridad se apeguen a la Constitución y no vulneren los derechos humanos de las personas”. Por ser inconstitucional es que la ministra Loretta Ortiz Ahlf admitió a trámite la impugnación a la creación del Fondo de Pensiones para el Retiro (del cual, el pasado lunes, se empezó a repartir dinero).
El Fondo se integró con $24,235,500,000 que el gobierno se apropió (no fue una expropiación porque a los afectados no se les indemnizó), de las cuentas inactivas (recursos no reclamados, pero con dueños), de las Afores, de los mayores de 70 años, y con $20,658,000,000 provenientes del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. Lo que se pretende es garantizar, a quienes ganen hasta el salario base de cotización promedio de los trabajadores afiliados al IMSS ($17,802.88 mensuales a mayo), una pensión igual al 100% de su último salario. En lo que toca a los recursos provenientes de las cuentas inactivas (con más de seis bimestres sin movimientos), de las Afores de los mayores de 70 años (entre 3.5 y 4 millones), el Fondo es inconstitucional, porque viola los artículos 14 y 16 de la Constitución.
Leemos, en el artículo 14, que “nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho”, nada de lo cual se cumplió con cada uno de los mayores de 70 años, con cuentas inactivas en las Afores, de quienes el gobierno se apropió (insisto: no fue una expropiación), $24,235,500,000.
Se lee, en el artículo 16, que “nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”, nada de lo cual tuvo lugar con todos los mayores de 70 años, con cuentas inactivas en las Afores, de quienes el gobierno se apropió (va de nuevo: no fue una expropiación), $24,235,500,000.
Cierto, el gobierno se comprometió a que, si alguno de los mayores de 70, con cuenta inactiva en alguna Afore, reclama su dinero, se le devolverá (supongo, porque es lo justo, que con los intereses devengados desde el momento de la apropiación gubernamental hasta el momento del reclamo), nada de lo cual elimina el hecho de que esa apropiación fue injusta, porque violó el derecho de propiedad privada, e inconstitucional, porque violó lo establecido en los artículos 14 y 16 de la Constitución, momento de recordar que, en la ceremonia de toma de posesión, del 1 de diciembre de 2018, AMLO prometió guardar y hacer guardar la Constitución, es decir (por si no se entiende qué significa guardar y hacer guardar la Constitución), respetar y hacer respetar el texto constitucional.
Todo este asunto es una muestra más de la falta de respeto del gobierno al derecho de propiedad privada, gobierno cuya obligación es reconocerlo plenamente, definirlo puntualmente y garantizarlo jurídicamente, lo que no sucede, algo propio del Estado de chueco, antítesis del Estado de Derecho que es Estado de Justicia, de respeto a los derechos de los ciudadanos.
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