La pretensión del presidente, -de decretar que los cargos de ministro de la SCJN estén sujetos a designación electoral popular-, no tiene sustento.

Lo mismo ha manifestado respecto al INE y el INAI.

Su enojo y deseo de venganza se derivan del veredicto de la corte respecto a la primera parte del “Plan B”, promovido personalmente por él en el Senado.

Sin embargo, lo único que evidenció la SCJN fue la forma en que se llevó a cabo el procedimiento legislativo, -desaseado, inequitativo con los partidos minoritarios y generando conflicto-, y no el contenido del “Plan B”.

Por tanto, la SCJN no calificó el qué, sino el cómo actuaron los legisladores, pues se ejerció violencia innecesaria.

Esta conducta de la bancada de MORENA en el Senado llama la atención, pues teniendo este partido junto con sus aliados la mayoría legislativa simple, -suficiente para lograr su propósito-, era innecesario romper las reglas y agredir los derechos de los partidos minoritarios, que fueron los que acudieron ante la Suprema Corte.

Por tanto, esto parece ser una provocación planeada por el presidente para generar una reacción que conduzca a un conflicto, ya que la provocación le permite victimizarse argumentando un complot de los conservadores en contra de la “transformación de México”.

Esto le ofrece la oportunidad de construir una narrativa de alto impacto para hacer campaña y así convencer a la ciudadanía de que necesita tener mayoría legislativa calificada, -o sea 75% de legisladores afines a su proyecto-, para hacer cambios constitucionales drásticos. Sustentado en estos argumentos solicitará a la ciudadanía su voto en las próximas elecciones.

Es inconcebible que el presidente intente deslegitimar a la SCJN, al INAI al INE y al TEPJF, argumentando que sus miembros no provienen de una elección popular.

Esto evidentemente responde a una venganza porque sus ministros y consejeros no se dejan influir o dominar a favor de los intereses de la 4T.

Hay cargos muy técnicos como estos, que requieren conocimientos y experiencia que no se deriva del simple sentido común, sino del conocimiento preciso de las leyes. Por ello es que otro poder, -el Legislativo-, los designa después de un proceso de selección donde se evalúa su currícula.

En contraste, cualquier mexicano por nacimiento, -mayor de 35 años-, puede asumir el cargo de presidente de la república, siempre y cuando sea elegido por la mayoría simple de votantes, independientemente de sus capacidades y experiencia.

Consideremos que el peso de la operación del Gobierno Federal recae en la institución del Poder ejecutivo y en una estructura funcional y el presidente asume el rol de líder supremo, lo que no sucede en la SCJN, el INE y el INAI, donde ministros y consejeros son los responsables de sustentar los proyectos asignados.

Estas son las reglas impuestas por nuestra Constitución y por lo tanto, los unos y el otro son legítimos.

Sin embargo, cuando el sentimiento popular es azuzado para deslegitimar, se está actuando en contra del Estado de Derecho, pues se está saboteando al orden constitucional.

Esta propuesta presidencial de modificar la Constitución para que los candidatos a estos cargos sean elegidos por votación popular, responde a una visión populista.

Es urgente entender qué es el “populismo”, como corriente política. Es la manipulación del ánimo colectivo exacerbando las emociones de la ciudadanía, para controlarlas y dirigirlas hacia donde están los intereses de quien se erige como caudillo, disfrazando de democráticas las decisiones personales que pretende imponer.

DISPARATE

La amenaza de Ricardo Monreal de someter a juicio político a los ministros de la SCJN por ejercer la función y las responsabilidades y atribuciones que la Constitución les asigna es un disparate inentendible en boca de quien hasta ahora había sido una de las poquísimas mentes lúcidas de la 4T, caracterizada esta corriente política, por la ignorancia y la soberbia.

El Poder Legislativo no tiene control sobre la actuación del otro poder, que junto con el Ejecutivo y el Legislativo, conforman los Tres Poderes de la Unión. Este equilibrio entre los poderes es lo que legitima la democracia

Que constitucionalmente tenga el Senado la atribución de seleccionar a los ministros de la SCJN no significa que tenga también control sobre su actuación.

Ricardo Monreal no se está dando cuenta del impacto que una declaración incendiaria como esta tiene en su reputación, hasta hoy percibido como político instruido, mesurado y abierto a la conciliación. Hasta hoy ha sido una garantía de equilibrio político, pero con esta amenaza pone en evidencia su sometimiento a las órdenes del presidente, lo cual denigra a la independencia que debe tener el Poder Legislativo.

Su imagen personal como un interlocutor conciliador le había generado un respeto construido en toda una carrera política a lo largo de su vida. Para echar abajo ese capital político, basta una amenaza disparatada como esta.

Su trayectoria personal rebasa las veleidades de este gobierno… ojalá recapacite y defina de qué lado de la historia quiere quedar.

GRAN… GRAN… GRAN BAJÍO

Este proyecto, -denominado Gran Bajío-, representa una gran visión constructiva y de colaboración entre el sector empresarial y las autoridades de los estados que conforman la región geográfica denominada El Bajío.

Este gran proyecto de alcance global nació de la iniciativa del sector empresarial. Está siendo promovido por un líder natural, Julio Di Bella Roldán, apoyado por un gran equipo de colaboradores y socios.

Lo que nos enseña este gran proyecto es que al margen de las veleidades políticas que vivimos hoy, -cuando hay interlocución confiable y un liderazgo visionario-, empresarios y autoridades gubernamentales, -independientemente de las condicionantes ideológicas de sus partidos políticos-, se pueden unir alrededor de la construcción de un gran proyecto como este, que está teniendo repercusión global, participando en ferias internacionales.

Este gran proyecto promueve globalmente la inversión, alianzas estratégicas y sinergias de la iniciativa privada de “El Bajío”, con capitalistas y grandes empresas multinacionales y mexicanas, contando con el apoyo comprometido de autoridades estatales y municipales.

Los resultados ya se están viendo.

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