Si no avanzamos en éste sentido, no podremos aspirar a tener un sistema efectivo de rendición de cuentas que nos ayude a combatir la corrupción castigando los abusos de los Partidos en todos los niveles de gobierno. Sin ese sistema, tendremos que seguir soportando los atracos de una pandilla de delincuentes a quienes les gusta ostentarse pomposamente con el eufemístico nombre de “clase política”.
“A los políticos, como a los pañales, hay que cambiarlos seguido y por las mismas razones”, decía George Bernard Shaw, Premio Nobel de Literatura en 1921. Y vaya, qué razón tenía: la falta de un sistema efectivo de rendición de cuentas que sea capaz de castigar los abusos de poder, el desvío de recursos, el enriquecimiento ilícito, facilita cualquier tipo de tropelías cometidas por la clase política. El no tener forma de castigar esos delitos es un cáncer, una de las lacras que disparan la corrupción en México.
“Desde hace varios años las revisiones de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) arrojaron irregularidades por miles de millones de pesos en varios estados, sin embargo el Congreso y la Procuraduría General de la República no hicieron nada. El Poder Ejecutivo… y el Congreso… les otorgaron impunidad absoluta a…gobernadores sobre los cuales había presunciones de desvíos millonarios, de lavado de dinero, de cuentas e inmuebles en el extranjero y de vínculos con el crimen organizado”, asegura el Centro de Investigaciones Sobre la Libre Empresa, A.C. (CISLE) en un análisis titulado “El Saqueo de los Estados”.
Y sí…sí ha sido un auténtico saqueo, literal. Un atraco en despoblado porque los ciudadanos no tenemos herramientas para defendernos; para romper la cadena de impunidad.
Mire que decirlo no es ninguna exageración amigo lector, y menos si tomamos en cuenta que con base en denuncias presentadas ante fiscalías estatales, PGR, Auditoría Superior de la Federación e información que se encuentra en algunos juzgados de los EU, el desfalco de arcas estatales atribuido a por lo menos 10 ex gobernadores que ahora están sujetos a investigación, alcanza los 109,741 millones de pesos, el equivalente a casi tres veces lo que nos va a costar reconstruir al país después de los terremotos de septiembre de 2017, costo calculado en alrededor de 38,000 millones de pesos por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
Con información recabada por el CISLE, podemos hacer un recuento: Javier Duarte, Veracruz, 35,000 mdp; Humberto Moreira, Coahuila, 32,000 mdp; Jorge Herrera, Durango, 14,995 mdp; César Duarte, Chihuahua, 7,829 mdp; Roberto Borge Quintana Roo, 4,700 mdp; Mario Anguiano Colima, 4,557 mdp; Fausto Vallejo Michoacán, 3,759 mdp; Rodrigo Medina, Nuevo León, 3,568 mdp; Andrés Granier, Tabasco, 2,600 mdp; Guillermo Padrés, 312 mdp.
“¡Que regresen los gobernadores!”, me decía un amigo muy indignado… “¡Qué regresen!”, volvió a repetir, a lo que yo le reclamé que porqué decía semejante barbaridad. “Qué regresen pero lo que se robaron”, aclaró. La indignación popular anda por las nubes.
No es para menos: ¿se imagina usted toda la porquería que habrá acumulada en esa cloaca, cañería que hoy llamamos corrupción política? ¿Cuántos miles de millones de pesos habrán desviado en los últimos años a nivel federal, estatal y municipal? Es indignante caray.
Según el “Reporte de Competitividad Global 2015” del Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés), México está considerado entre los países con mayor desvío de recursos. De 140 evaluados a nivel mundial, nuestro país quedó en el lugar número 125; es decir, solo 15 países están peor que nosotros. Quedamos por debajo de Haití (120), Sierra Leona (115), Rusia (110), Pakistán (85) o China (50). Así, de ese tamaño.
La pregunta que muchos nos hacemos es: ¿y qué se puede hacer para resolver éste problema? ¿Para acabar con la impunidad?
El primer paso y el más importante para mí, es garantizar un Fiscal General Independiente que sea capaz de aplicar la ley de manera imparcial y sin tintes partidistas. Eliminar el llamado “pase automático” para evitar que el actual titular de la PGR que está muy ligado al gobierno en turno, sea confirmado como Fiscal General para dirigir el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción porque sería “más de lo mismo”: otros nueve años de impunidad; continuidad para proteger a sus cuates, para hacer fracasar cualquier intento de castigo y para amenazar o detener sus adversarios.
Otras dos propuestas de las que hago eco porque estoy totalmente de acuerdo, son las que plantea el análisis del CISLE:
Que diputados y jueces federales tengan una completa y clara competencia para pedir cuentas a los gobiernos estatales sobre el uso y destino de las participaciones federales, que en la mayoría de los estados constituyen más del 90% de sus ingresos.
Que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) posea competencia, como la Procuraduría General de la República (PGR), para presentar directamente ante jueces federales, denuncias por delitos de funcionarios públicos. El monopolio de la PGR para consignar actos de corrupción al Poder Judicial, se ha convertido en un filtro y freno a más del 95% de las acusaciones de corrupción a funcionarios.
Si no avanzamos en éste sentido, no podremos aspirar a tener un sistema efectivo de rendición de cuentas que nos ayude a combatir la corrupción castigando los abusos de los Partidos en todos los niveles de gobierno. Sin ese sistema, tendremos que seguir soportando los atracos de una pandilla de delincuentes a quienes les gusta ostentarse pomposamente con el eufemístico nombre de “clase política”.
