Van 89 candidatos asesinados en el periodo comprendido entre septiembre del 2020 y ayer, 28 de mayo, incluyendo ya en esta cifra la muerte de Cipriano Villanueva, candidato del partido Chiapas Unido, en Acapetahua, Chis, ultimado ayer.
De esta cifra, tan solo 35 candidatos han sido ejecutados en estas últimas semanas de campaña electoral, además de múltiples agresiones a otros candidatos que por fortuna no tuvieron un fatal desenlace.
Mientras tanto, el presidente López Obrador, en su mañanera de ayer viernes acusó de amarillismo a los medios de comunicación por informar de ello a la sociedad y antes, ya había minimizado estos lamentables hechos justificando que es normal en el contexto electoral.
Sin embargo, quizá la lectura no es correcta, pues reconociendo que es lamentable y muy sensible la pérdida de vidas humanas, lo que esto significa para el futuro del país es de altísimo riesgo.
La pregunta inevitable es ¿cuántos candidatos sobrevivieron en este periodo electoral a las amenazas, chantajes y hasta secuestros realizados por el crimen organizado y terminaron negociando su subordinación?
Esto significa haberse doblegado y aceptado sus condiciones, lo cual augura una alta posibilidad de municipios donde el jefe de plaza del cártel dominante en la zona dará órdenes al alcalde legítimo y sin que sepamos, la policía estará compuesta por sicarios o policías a su servicio, para actuar con total impunidad en ese territorio. Además, seguramente este sujeto tendrá acceso a las finanzas del ayuntamiento y la obra pública será desarrollada por las empresas propias del crimen organizado.
Esto significa que en total opacidad la delincuencia organizada tendrá el control de la vida cotidiana de muchos municipios, incluso el control del tránsito, el cual está garantizado por nuestra Constitución, pero que en algunas zonas del país podría ser cooptado por la delincuencia organizada, como ya sucede en algunos caminos de Michoacán, como por ejemplo Aguililla, donde la autoridad no ha logrado restablecer el orden.
A final de cuentas el dominio político territorial se ejerce desde el modelo municipal, que es donde reside el control local.
Esta simplista visión representaría llegar al tan temido escenario del “narcoestado”, del cual su simple mención enfurece a los funcionarios públicos que están en el poder y atemoriza al ciudadano que se siente indefenso.
Definitivamente el Estado Mexicano tiene los recursos económicos, tecnológicos y humanos para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y sus familias, por lo menos en lo relativo a las agresiones del crimen organizado.
Sin embargo, el desinterés y la falta de concentración en este problema están generando un riesgo para la seguridad nacional. Es evidente que el interés presidencial se focaliza en lo relativo al control político y al control de la agenda pública, sin tomar en cuenta el grave riesgo de gobernabilidad que representa la posibilidad de que un importante número de ayuntamientos estén bajo el control del crimen organizado.
Desde siempre, en los gobiernos anteriores, pero también en este, ha existido una actitud irresponsable, pues no se asignan para la resolución de este problema ni los recursos económicos, ni humanos necesarios, pues se tienen otras prioridades altamente costosas, pero de alta rentabilidad política.
Si a esto añadimos una distorsionada idea del concepto autoridad, al cual nuestro presidente confunde con represión, terminamos de crear un circulo vicioso que compromete la paz social.
Parece que nuestro presidente no tiene conciencia de que los graves problemas de inseguridad de hoy, bajo la presión del crimen organizado, más los cambios en estilo de vida derivados de las redes sociales, genera un nuevo contexto político.
Los arcaicos paradigmas ideológicos de la lucha de clases y las viejas prácticas políticas, como las que caracterizaron a los regímenes de Fidel Castro, Hugo Chávez y otros dictadores latinoamericanos, incluso de derecha como Pinochet, hoy no son viables.
Dividir a la sociedad para controlarla, como dicen los viejos manuales de capacitación política de los trasnochados ideólogos socialistas, abre la puerta, como hoy estamos viendo, a la irrupción del crimen organizado, que toma control político de territorios poco vigilados y ayuntamientos pequeños y vulnerables, que sumados podrían constituir para la federación una pérdida territorial considerable y un grave problema de seguridad nacional.
POSDATA
Qué vergüenza que Mario Delgado, presidente de MORENA, quien circulaba en Tamaulipas en una ostentosa y lujosa camioneta blanca, como la que siempre han utilizado los políticos de antes así como los de ahora, haya creado un montaje teatral para agredir al gobierno del Estado de Tamaulipas, denunciando por sus redes sociales que fue interceptado por un comando, que amenazando con armas largas, pretendía hacerlos descender.
Tan burdo fue el montaje que dos horas después era desmentido con fotografías.
Obviamente Mario Delgado, desmemoriado como es, parece olvidar que armas largas significa delincuencia organizada y este es un delito federal, responsabilidad del gobierno de la 4T y no del gobierno estatal.
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