El tema de la legalización de las drogas, tema multifacético que debe abordarse, de entrada, desde la perspectiva de las legítimas tareas del gobierno, para lo cual debe responderse esta pregunta: ¿qué debe hacer el gobierno?, pregunta distinta a ¿qué puede hacer el gobierno? Uno de los problemas que enfrentamos hoy es que los gobiernos hacen más de lo que deben, por lo que incurren en arbitrariedades, ocasionando más problemas de los que pretendían solucionar. Ejemplo es la prohibición de la producción, oferta, venta, demanda, compra y consumo de drogas, habiendo salido más caro el caldo que las albóndigas.

La pregunta ¿qué debe hacer el gobierno? (una de cuyas derivaciones es ¿debe el gobierno prohibir el consumo de drogas?), debe reformularse así: ¿qué virtudes deben exigirse por la fuerza, qué virtudes debe ordenar el gobierno?

¿Tiene el gobierno el derecho de exigir a los ciudadanos la práctica de la justicia, es decir, el respeto a los derechos de los demás, y por lo tanto la obligación de castigar a quien no lo haga? Sí, esa su tarea esencial, sin la cual deja de ser gobierno.

Que el gobierno tenga el derecho de exigir a los ciudadanos la práctica de la justicia quiere decir que dicha práctica no debe dejarse a la libre decisión de cada quien sino exigirse a todos por igual, justicia que es la condición necesaria para la convivencia civilizada. Uno no debe decidir si respeta o no los derechos de los demás, derechos que, precisamente por ser de los demás, uno debe respetar sin condiciones.

Además de tener el derecho de exigir la práctica de la justicia o, dicho de otra manera, de prohibir violar los derechos de los demás, ¿tiene el gobierno el derecho de prohibirle a la persona hacerse daño a sí misma, de obligarla a beneficiar a los demás, y de obligarla a hacerse el bien a sí misma o, dicho de manera distinta, de obligarla a practicar la prudencia en sentido negativo, la beneficencia, y la prudencia en sentido positivo?